Una de cada seis personas mayores en el mundo sufren alguna forma de maltrato asociada a su edad

Cruz Roja Española atendió en 2020 a más de 4.000 personas mayores que sufrieron o estuvieron en riesgo de maltrato

Cruz Roja Española atendió en 2020 a más de 4.000 personas mayores que sufrieron o estuvieron en especial riesgo de maltrato, según ha informado la organización con motivo de la celebración este martes 15 de junio del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Tal y como recuerda la ONG, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en torno a 1 de cada 6 personas mayores en el mundo sufren algún tipo de maltrato provocado o directamente asociado a su edad.

Además, Cruz Roja advierte de que la crisis sanitaria, social y económica desembocada a raíz del COVID-19, ha "agravado" muchas situaciones de maltrato y "en este momento hay más personas mayores en situación de riesgo para sufrir una situación de abuso, negligencia o maltrato que antes".

Según Cruz Roja, los malos tratos a una persona mayor se pueden definir como "cualquier acción voluntariamente realizada (es decir, no accidental), que pueda causar o cause daño a una persona mayor; o cualquier omisión que prive a un anciano de la atención necesaria para su bienestar, así como cualquier violación de sus derechos".

Por tanto, no es solo una agresión física ni un incidente 'doméstico' aislado, según precisa la ONG, sino un fenómeno social que va desde las agresiones más lesivas llevadas a cabo por familiares en el domicilio, a las negligencias y omisiones que las personas mayores pueden sufrir por parte de profesionales, el abandono o la imagen peyorativa que socialmente se ofrece en ocasiones de las personas mayores.

Cruz Roja también apunta que algunos de los ejemplos más comunes de trato inadecuado que se cometen hacia los mayores son: la infantilización, la restricción de derechos o la falta de respeto a su autonomía, libertad o capacidades.

Por todo ello, Cruz Roja puso en marcha hace cuatro años el proyecto 'Buen Trato a las Personas Mayores: Promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato', a través del cual en 2020 pudo atender a más de 4.000 personas en todo el país que sufrieron o estaban en especial riesgo de sufrir algún tipo de maltrato. Esta labor se realiza gracias a la implicación de las más de 1.300 personas voluntarias que participan en el proyecto.

Además, la organización cuenta con la campaña 'Aunque no lo sepas, también es maltrato', con el objetivo de promover un marco positivo de convivencia con las personas mayores.

Por otra parte, Cruz Roja, en 2018, firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía del Estado que se suma a los firmados anteriormente con la Secretaría de Estado de Seguridad, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza con la finalidad de mejorar la coordinación y cooperación en la protección y defensa de los derechos y libertades de las personas mayores.

Contra la soledad de los mayores

Para promover un buen trato a las personas mayores y que no se encuentren solas o abandonadas, Cruz Roja Española también desarrolla diferentes programas de ayuda y acompañamiento. En concreto, en 2020, atendieron a casi 260.000 personas mayores y a sus cuidadoras.

"Para nosotros, los mayores son un colectivo muy importante, es importante que les demos a oportunidad de no sacarles de su entorno habitual, porque eso les desconcierta y desorienta, que la persona esté en su vivienda pero protegida", ha explicado el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, en declaraciones a Europa Press.

Para ello, en Cruz Roja cuentan con un programa de teleasistencia domiciliaria y con un importante número de voluntarios que ayudan y visitan periódicamente a las personas mayores pues, según Senent, "uno de los problemas más grandes que existe en el país es la soledad".

 "Que no sean abandonados a su suerte nunca más"

Amnistía Internacional (AI) ha urgido a incluir cambios legislativos que protejan los derechos humanos de las personas mayores en residencias para que "no sean abandonadas a su suerte nunca más", con motivo de la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Así lo sugiere en una guía con siete recomendaciones básicas que pide que se traduzcan en cambios legales para que las autoridades estatales y autonómicas protejan los derechos humanos de las personas mayores que viven en residencias, que han sido las víctimas más vulnerables de la Covid-19.

"Las residencias se han convertido en el triste ejemplo de lo que es una mala gestión y falta de respuesta de las autoridades, cuyas consecuencias las han sufrido miles de personas mayores, que han sido tratadas como ciudadanas de segunda. Muchas han fallecido y otras han visto gravemente vulnerados sus derechos humanos", denuncia el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

En este sentido, añade que "los recortes presupuestarios y la escasez de personal en la sanidad pública no han hecho sino agravar el olvido sufrido por este colectivo".

Por otro lado, considera necesario que tanto a nivel estatal como autonómico se pongan en marcha "investigaciones independientes" que evalúen el grado en que las CCAA y el Estado cumplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de la atención en las residencias y los derechos de las personas mayores durante la pandemia, y pongan en marcha mecanismos de mejora con evaluaciones periódicas para evitar que esto pueda repetirse en el futuro.

"No puede ser que una persona mayor que reside en una residencia de Madrid o Barcelona no tenga los mismos derechos que una que viva en Soria, Zaragoza, Cáceres, Bilbao, Sevilla o A Coruña. Es momento de pensar en las personas mayores y de legislar teniendo en cuenta sus circunstancias sin olvidar que tienen los mismos derechos que todas las personas", asegura Beltrán.

Entre las siete carencias detectadas por AI en la gestión de las residencias destacan: la negación de la atención individualizada y de las derivaciones hospitalarias; un régimen de inspecciones insuficiente; un régimen de visitas incumplido; ausencia de datos desagregados de las personas mayores en residencias; ratios insuficientes de trabajadores en residencias y para cuidados en casa; falta de inversión pública en residencias --0,8% del PIB frente al 1,1% de la UE-27-- y falta de participación de los mayores.