El Tribunal Constitucional podría anular las multas impuestas durante el primer estado de alarma

Todas las sanciones, incluso las interpuestas por sentencia firme, quedarían anuladas automáticamente por efecto de la retroactividad si prospera el proyecto de sentencia que se debatirá el próximo 22 de junio

El Tribunal Constitucional podría anular todas las multas interpuestas durante el primer estado de alarma a causa del coronavirus, declarado entre marzo y junio del pasado 2020, si el proyecto de sentencia de Pedro Trevijano saliese adelante. El magistrado del sector conservador ha redactado un proyecto de sentencia que se estudiará el día 22 de junio que plantea la inconstitucionalidad de tres apartados del artículo 7 sobre la libre circulación. El ponente considera que la decisión del Gobierno de declarar un confinamiento domiciliario sobrepasó las limitaciones contempladas por el estado de alarma y que se produjo una suspensión de derechos fundamentales, y no una mera limitación, para ello hubiese sido necesario haber declarado el estado de excepción.

Trevijano argumenta que el artículo 7 del decreto sobre el estado de alarma, que prohibía la libre circulación, es inconstitucional porque tuvo que acordarlo el Congreso de los Diputados y no el Gobierno. La ponencia señala que todas las sanciones, incluso las interpuestas por sentencia firme, quedan anuladas automáticamente por efecto de la retroactividad.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que hay que dejar debatir y trabajar al Tribunal Constitucional sobre la ponencia, antes de pronunciarse y, por ello, ha rechazado hacer "interpretaciones y "especulaciones" en este momento.

Eso sí, Calvo ha querido también salir en defensa de las decisiones que tomó el Gobierno tras estallar la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, cuando impuso ese estado de alarma con un confinamiento estricto, para frenar los contagios.

"Somos un Gobierno que en horas tuvo que salir, como todos los gobiernos del mundo, a resolver una situación tremenda de manera rigurosa con un objetivo, que era el más importante: proteger del contagio y la muerte a cuantos más compatriotas, mejor", ha reivindicado.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres, al ser preguntada sobre la mencionada ponencia, que está siendo debatida por el TC y sobre la que el alto tribunal se pronunciará el 22 de junio.

"Esperemos a que se produzca una sentencia", ha reclamado Calvo, tras recalcar que el de Pedro Sánchez es "un gobierno que respeta siempre a otros órganos constitucionales en sus competencias. Nos mantenemos siempre en el silencio prudente y nunca nos extralimitamos", ha asegurado.

En este sentido, ha insistido en que el Constitucional "está ahora mismo en un debate", y en que todos están "por debajo de la ley". "El Gobierno no tiene nada más que decir hasta que nuestro alto tribunal se pronuncie", ha apostillado.

"No hacemos interpretaciones y especulaciones. Esperemos a que se produzca esa sentencia, es obvio que los tribunales constitucionales están en esos debates y pronunciamientos. Ya hemos visto sentencias que se han pronunciado en Europa y estamos en una normalidad", ha argumentado, restando peso al debate.

Voces discrepantes dentro del TC

El magistrado sostiene la inconstitucionalidad de los apartados 1,3 y 5 del artículo 7 del decreto, estimando parcialmente de esta forma un recurso presentado por Vox. Pese a la opinión del ponente, dentro del Constitucional hay voces discrepantes. Un grupo de jueces cree que las medidas se excedían, pero que sin embargo había que avalarlas dada la situación de la pandemia en España.

El caso es que el año pasado ya fueron muchos los juristas que advirtieron de que las medidas eran más propias del estado de excepción y que el estado de alarma no era la mejor opción. De hecho, es la argumentación que dio Vox para sostener el recurso.

El alto tribunal analizará la ponencia, de unos 80 páginas, el próximo 22 de junio, con lo que el fallo podría llegar justo un año después de que finalizara la situación excepcional justo al inicio del verano, el 21 de junio de 2020.

El retraso ha venido generado por circunstancias ajenas al sentido del fallo. Según explican fuentes jurídicas, el asunto correspondió en inicio al magistrado Fernando Valdés, que abandonó el TC a consecuencia de la causa judicial que tiene abierta en el Tribunal Supremo por un delito de malos tratos en el ámbito familiar contra su mujer.

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