Jordi Turull registra en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo su recurso a la sentencia del 1-O

El recurso de Turull se produce un día después del presentado por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que lo presentó en catalán y acompañado de unos 60 informes que ocupan 2.009 páginas

Los abogados Jordi Pina y Francesc Homs han presentado este jueves en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) el recurso del exconseller Jordi Turull contra la sentencia del 1-O, por considerar que vulnera derechos fundamentales.

En declaraciones a TV3, han argumentado que el recurso se basa en que el juicio se tendría que haber celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no en el Tribunal Supremo (TS), consideran que los "jueces han sido parciales, que ha habido ingerencias por parte del Estado español", y que se ha vulnerado el derecho a manifestación y a la expresión.

El recurso de Turull se produce un día después del presentado por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que lo presentó en catalán y acompañado de unos 60 informes que ocupan 2.009 páginas, entre ellos los pronunciamientos de organismos internacionales que han pedido la liberación de Cuixart y resoluciones de otros tribunales europeos sobre el caso.

Junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Pina, que también es el abogado de la defensa de Jordi Sànchez y de Josep Rull, ha confiado en que en Europa encuentren "los éxitos" que no han tenido en los tribunales españoles.

En el recurso, según Pina, se han centrado en los agravios que, a su juicio, han sufrido por parte de la justicia española durante los últimos cuatro años, empezando por considerar que el juicio del 1-O "nunca se debería haber celebrado ante el Tribunal Supremo" sino en el TSJC.

"Así como el Supremo se saca las pulgas de encima y dice no ser competente para judicializar determinados asuntos, en el caso del proceso ha querido ser, capitaneado por Manuel Marchena, el que dirija un procedimiento con la voluntad de hacer, más que de jueces, de salvadores de la patria española", ha lamentado.

Para Pina, se hace una errónea interpretación del artículo 57.2 del Estatut, y cree que está "cogido con pinzas que se quiera llevar la competencia al TS, no por el delito de sedición o rebelión, sino por una interpretación muy alejada de los principios básicos del derecho penal sobre el delito de malversación de caudales públicos".

El segundo de los puntos en los que inciden en el recurso es que el procedimiento ha sido dirigido por "jueces parciales", y para argumentarlo recuerdan que en el auto de procesamiento el juez instructor Pablo Llarena habló del 'acoso que sufrimos', situándose como víctima en primera persona de lo ocurrido, añade Pina.

También exponen que el magistrado del Supremo hasta 2019, Francisco Monterde, que era el encargado de los recursos que se hacían vía penal, era el vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, "que se reía y hacía chiste en las redes sobre la situación procesal y la prisión de los presos políticos".

Otro de los puntos que incluyen es el Whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, en el que presumía de un supuesto control futuro "desde detrás" de la sala penal del Supremo, así como las injerencias que, según la defensa de Turull, llevó a cabo el Gobierno a través de la secretaría de España Global, que encabezó Irene Lozano.

Con relación al principio de legalidad, y vinculado con el derecho de reunión y el de libertad de expresión, el recurso recoge el voto particular de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) al resolver el recurso de amparo de Turull contra la sentencia del 1-O.