Anticorrupción acusa al juez de la Púnica de fraude de ley por abrir un nueva pieza

La Fiscalía cree que el juez, al abrir una nueva pieza, manifiesta su convicción de que la PS 9 está terminada

La Fiscalía Anticorrupción quiere que la documentación recientemente aportada por el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega en el caso Púnica se incorpore a la pieza en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y no que se destine a la apertura de una nueva pieza como ha decidido el juez.

Con esa intención la Fiscalía ha recurrido en apelación el auto por el que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó abrir la pieza número 13 para examinar las facturas que ha proporcionado Ortega, condenado por Gürtel, al entender que con esta decisión el magistrado ha incurrido en un "fraude de ley procesal".

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, Anticorrupción considera que esa documentación que ha servido para constituir la pieza 13 debería formar parte de la 9, en la que se investiga la financiación irregular del PP madrileño y en la que está imputada la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, entre otros.

Para el juez los hechos denunciados por el exalcalde "suponen un salto considerable respecto a aquellos que son objeto de la pieza separada nº 9 (...), pues consistiría en una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado Puerta de Toledo" y por eso decidió abrir una nueva pieza.

Sin embargo, Anticorrupción entiende que "carece de lógica la formación de una pieza separada, pues ello no es que no sea conexo, es que forma parte del mismo objeto de investigación", que el de la pieza 9.

Recuerda que Ortega, según él mismo declaró, fue nombrado presidente del Mercado Puerta de Toledo, que dependía de IMADE (Instituto Madrileño de Desarrollo), y aportó indicios de la existencia de un plan a través del cual, "altos cargos de la Administración Autonómica Madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los Consejeros y altos directivos de los entes públicos".

La Fiscalía tampoco comparte "la aseveración, por otra parte, no explicada ni fundamentada, de que (las diligencias de Ortega) suponen un salto cualitativo que desborda considerablemente el objeto" de la pieza 9, en la que se investiga "la financiación irregular y la captación y desvío de fondos, en un periodo y a través de unos procedimientos exactamente idénticos a los expuestos por Guillermo Ortega"

"Parece desprenderse, del texto del auto de formación de la pieza, en relación a los plazos de instrucción, que la cuestión no está tanto en si los hechos son conexos, o no, como en que el Instructor ha manifestado su íntima convicción de que la PS 9 esta terminada", continúa el recurso.

A este respecto, recuerda que el Ministerio Fiscal "ya ha expresado en diversos escritos que, a su juicio, restan diligencias por practicar, y entre las mismas se encuentra la relativa al escrito que Guillermo Ortega se comprometió a facilitar si se le entregaba la documentación".

Por eso a la Fiscalía le resulta "incomprensible" que habiendo acordado eso el juez, "ahora se abra una pieza separada rompiendo el objeto de la investigación", por lo que cree que está incurriendo "en un fraude de ley procesal, pues lo que Guillermo Ortega declaró y a lo que se comprometió a aportar prueba documental es exactamente lo mismo por lo que se está investigando en la PS 9".

El 9 de julio de 2020, Ortega relató ante el juez que, tras ser "invitado" a dimitir como alcalde de Majadahonda, Aguirre le ofreció a cambio en una llamada telefónica ser nombrado responsable de dos entes, entre los que se encontraba el Mercado Puerta de Toledo, "siendo éste por el que se decantó, dada la proximidad a su domicilio".

Tras ello, según su versión, recibió instrucciones, a través de Álvaro Arenzana (exyerno del cantante Raphael), para realizar campañas de publicidad sobrevalorando los costes como medio para lograr obtener un "fondo" para gastos del partido.

Así denunció la existencia de más de un millón de euros de sobrefacturación en la contratación de publicidad y que fueron desviados a través de la sociedad Mercado Puerta de Toledo.

Igualmente declaró, indica el recurso, que responsables políticos como la propia Aguirre o el exconsejero Francisco Granados, "le felicitaron en ocasiones por llevar a cabo tales prácticas".