Ghali abandona España y vuelve a Argelia tras dejarle el juez Pedraz en libertad sin medidas cautelares

El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha abandonado España de madrugada, sobre las 01.30 horas, en un avión oficial argelino desde el aeropuerto de Pamplona. El líder saharaui salió sobre las 21.30 horas el Hospital San Pedro en Logroño, donde estaba ingresado desde el 18 de abril por COVID-19. Ghali decidió regresar a Argelia tras haber declarado por la mañana de manera telemática por las dos querellas interpuestas contra él ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien rechazó una vez más enviarle a prisión provisional o retirarle el pasaporte. La presencia del líder del Frente Polisario en España por motivos humanitarios ha tensado las relaciones con Marruecos en las últimas semanas provocando una crisis migratoria y diplomática sin precedentes.

El secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha abandonado España a las 01.30 horas de este miércoles en un avión que ha despegado del aeropuerto de Pamplona con rumbo a la capital de Argelia, Argel. El abandono del territorio español se ha producido sin incidentes. Según el portal de noticias marroquí 'Le desk', el Gobierno argelino había fletado un avión medicalizado francés.

Ghali había abandonado el Hospital San Pedro de Logroño donde ha permanecido ingresado un mes y medio para ser tratado de COVID-19 sobre las 21.30 horas de forma discreta, después de pedir el alta de forma voluntaria y apenas unas horas después de declarar de forma telemática ante la Audiencia Nacional. Sobre él no pesa medida cautelar alguna, por lo que puede salir de España sin trabas.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, aseguró que la "atención humanitaria" al secretario general del Polisario había concluido y aclaró que saldría en las próximas horas. "No tiene más sentido que permanezca en España. La atención humanitaria ha concluido", ha asegurado este martes en una entrevista en TVE.

La marcha de Ghali se produce después de que el juez Pedraz no viese "riesgo de fuga alguno" porque "no consta" ningún dato "para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración".

Señala además que la acusación "no ha suministrado elementos siquiera indiciarios" que avalen "la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno", dado que las declaraciones de testigos prestadas hace años "no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado".

Explica por un lado que el activista Breica, que denuncia presuntas torturas de militares del Polisario en los campamentos de Tinduf (Argelia) en 2019, "simplemente señaló que se trataba de delitos muy graves, que había indicios sin señalar alguno (un informe de la ONU, según dijo), y que (Ghali) puede fugarse porque ingresó en el hospital de forma 'extravagante' por la documentación aportada que afirma ser falsa (lo cual no consta)".

Pedraz usa un argumento muy similar respecto a Asadeh, asociación que impulsó una causa en 2008 contra varios miembros del Polisario, reabierta hace unas semanas, en la que pide investigar el trato sufrido en Tinduf "por los prisioneros de guerra" y por ciudadanos saharauis, "especialmente por los de origen español".

El juez cree que las declaraciones de testigos prestadas hace años en el marco de esta querella "no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos" de Ghali, y que no basta con decir que "entró en España ilícitamente".

El abogado de Ghali señala a Marruecos

La defensa del líder del Frente Polisario había asegurado tras la declaración ante Pedraz que su cliente "ha terminado diciendo ante el juez que el motivo de esta querella es absolutamente político para tratar de minar la credibilidad del pueblo saharaui", en un claro mensaje a Marruecos, lo que acrecienta más si cabe el conflicto diplomático con España. Y es que, Marruecos admitió este lunes que la crisis actual entre los dos países era principalmente por el Sáhara. Hay que recordar que Ghali lleva ingresado más de un mes en el Hospital San Pedro de Logroño tras entrar a España para ser tratado de COVID-19.

A la pregunta de si cree que Marruecos está detrás de todo esto, el letrado Manuel Ollé ha dicho que "soy abogado, no soy político, pero desde luego, si me pongo a pensar diría lo que usted acaba de decir".

"Las acusaciones han solicitado medidas cautelares con una falta de solidez absoluta. Se ha solicitado la prisión provisional por una de ellas y por otra la retirada de pasaporte. La Fiscalía no ha solicitado ninguna medida y ha hecho hincapié en el esfuerzo del señor Ghali para declarar y estar a disposición de la justicia española", ha dicho el abogado, por lo que ha subrayado que "pedirán inmediatamente el sobreseimiento de la causa".

"Se ha usado el derecho penal para algo que no se debe usar, que son fines políticos. Él no vino escondido. Él entró con su pasaporte. Entró más cerca de la muerte que de la vida cuando entró", ha aseverado.

En ese sentido, ha afirmado que Ghali ha hecho "un tremendo esfuerzo" por comparecer "voluntariamente" ante la justicia española, recalcando que sigue "muy débil".

Interrogado sobre cuánto tiempo permanecería su cliente en España, indicó que habría que esperar a que Pedraz resolviese. "Y, a partir de ese momento, (Ghali) decidirá lo que tenga por conveniente. Él está débil de salud y, en cuanto esté fuerte, él decidirá lo que tenga que hacer", zanjó.

La declaración de Ghali se ha producido en un contexto en el que España y Marruecos se han cruzado este lunes acusaciones de romper la confianza y el respeto mutuo con un duro comunicado en el que Rabat justifica la crisis entre ambos a la indefinición de Madrid en relación al Sahara, explicación que ha sido calificada de "inadmisible" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para Sánchez, el que Marruecos diga "que se atacan las fronteras, que se abren para que entren 10.000 personas en un país vecino por desavenencias y discrepancias en política exterior" es "absolutamente inadmisible".

España rechaza un avión argelino

La declaración de Ghali por la mañana ha coincidido con el intento de un avión oficial argelino de aterrizar en España sin los permisos requeridos tras lo que ha tenido que dar la vuelta y regresar a su lugar de origen. El Gobierno, no obstante, ha asegurado que no tiene constancia de que un avión oficial del Gobierno argelino haya despegado desde ese país para recoger en España a Ghali y que haya dado la vuelta cuando sobrevolaba Baleares, tal y como había avanzado El Confidencial. Así lo ha manifestado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que ha admitido que el Ejecutivo entiende que cuando el líder del Frente Polisario se recupere, se marchará a su país de origen, al lugar de donde vino.

Según la información de la traza radar, comprobada por Efe en varias webs de navegación aérea, un avión modelo Gulfstream G-IV despegó sobre las 09.30 horas de un aeródromo militar argelino al sur de Argel, pero al alcanzar las costas de Ibiza dio media vuelta y regresó a su origen.

Fuentes de Enaire han explicado a Efe que se trataba de un "un jet de Estado", un avión diplomático.

Según estas fuentes, los controladores de Baleares recibieron instrucciones de controladores militares para pedir a un avión que venía de Argelia que se retirara del espacio aéreo español porque no tenía permiso para sobrevolarlo, tras lo que el avión se dio media vuelta.

Fuentes militares consultadas por Efe han añadido que se ordenó al avión abandonar el espacio aéreo español siguiendo las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que carecía de la preceptiva autorización de este departamento que, como avión de Estado, tenía que tener para entrar en España.

La ruta que seguía el avión hasta que dio la vuelta era compatible con un aterrizaje en el aeropuerto de Agoncillo-Logroño.

Sin embargo, ya por la noche, otro avión, esta vez con autorización, puedo trasladar a Ghali hasta Argelia. 

Las dos causas contra Ghali

Las dos causas contra el líder del Frente Polisario han prosperado pese a la reforma que limitó la justicia universal en 2014, en un caso porque el juez consideró que el Sahara Occidental era español cuando se cometieron los hechos y en el otro porque el querellado está en España.

Ghali declaró este martes ante el juez Pedraz por sendas causas, una abierta en 2012 a raíz de una querella por genocidio y torturas de una asociación referida a hechos de los años 70 y 80 del siglo pasado y la otra en 2020 por la denuncia de un activista que fue arrestado por el Frente Polisario en 2019 tras una manifestación.

La primera se dirigió contra 28 miembros del Frente Polisario por el trato que dieron en los campamentos de Tindouf (Argelia) a prisioneros de guerra y ciudadanos saharauis, especialmente a los de origen español.

Esta fue una de las pocas causas que sobrevivieron en 2014 al recorte de la justicia universal, al aplicar el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el principio de territorialidad y afirmar que el Sahara era en ese momento territorio español, siguiendo el criterio de la Fiscalía.

El fiscal consideraba que legalmente el Sahara sigue siendo español, ya que en 1965 España, con su ingreso en la ONU, asumió que era su potencia administradora, una condición que reiteró en la ley de descolonización del Sahara de 1975. "En definitiva España 'de iure', aunque no 'de facto', sigue siendo la potencia administradora", decía el fiscal, y hasta que finalice el periodo de la descolonización, añadía, debe actuar como tal de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas.

Ruz siguió así con el caso y lo salvó del archivo tras la reforma, aprobada a iniciativa del PP, de la ley que permite a los jueces investigar causas que ocurren fuera de su territorio, conocida como justicia universal.

La reforma de 2014, que endureció una previa de 2009 del PSOE, limitó enormemente los casos en que eso es posible, después de la profusión de procedimientos en la Audiencia Nacional que se acogían a este principio de que, en ciertos delitos como el genocidio o las torturas, la competencia de los jueces no entiende de fronteras.

Los defensores de la justicia universal la achacaron a presiones recibidas desde países como China o Estados Unidos, que veían en España una figura incómoda por causas abiertas como una de genocidio en el Tibet y otra sobre Guantánamo y tras los procesos contra el dictador chileno Augusto Pinochet o el exmilitar argentino Adolfo Scilingo.

Tras la reforma, solo quedaron vivas en la Audiencia Nacional siete causas, dos de ellas del Sahara Occidental (la otra contra militares marroquíes).

Así, mientras que Ruz consideró que los hechos denunciados en 2012 se pueden juzgar en España porque se cometieron en territorio español, evitando así tener que recurrir a la justicia universal, el juez Pedraz afirmó en 2020 que puede investigar los de 2019 porque cumplen con lo estipulado con la ley reformada por el PP.

Según la reforma, se pueden investigar delitos de tortura cometidos fuera del país si la víctima es española y el autor se encuentra en España, cosa que se cumple en este caso.

La querella la interpuso un activista español de origen saharaui, Fadel Mihdi Breica, que se querelló contra Ghali y otros miembros del Polisario por presuntas torturas sufridas en los campamentos polisarios de Tinduf en 2019 por parte de militares. Pide investigar delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad.

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