El Congreso debate regular con sanciones a los grupos de presión política y a los diputados

PSOE y PP creen que es el momento de controlar a los 'lobbies' que se reúnen con los parlamentarios para cumplir con un código ético

El Congreso se prepara para debatir una reforma de su reglamento que permita regular con sanciones a los grupos de interés o 'lobbies' -en su terminología anglosajona- que se reúnen con los diputados. El objetivo es que cumplan con un código ético y no intenten presionar a los partidos políticos o difundan información falsa en el Parlamento.

Tras varios intentos de avanzar en la transparencia de la actividad parlamentaria con una reforma del Reglamento, los dos grupos mayoritarios de la Cámara, el PSOE y el PP, han coincidido en que es el momento de incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés.

Y es que habitualmente los grupos parlamentarios se reúnen con asociaciones, organizaciones, sectores o entidades para escuchar sus propuestas y poder desarrollar mejor sus iniciativas legislativas.

Un Registro Público obligatorio donde se inscriban las empresas, colectivos o grupos que mantienen encuentros con los diputados, así como dar conocimiento de su participación en la elaboración de las leyes son algunas de las propuestas en las que coinciden PSOE y PP, según ha conocido EFE.

Sin embargo, la propuesta del PSOE, que se debatirá esta semana en el Pleno del Congreso, va más allá al incluir infracciones y sanciones tanto a 'lobbies' como a los diputados o personal de la Cámara que no se atenga a la norma.

En su iniciativa tipifican como infracciones leves, la omisión o falsedad de la información inscrita en el Registro o difundida, mientras que son infracciones graves no declarar el interés que representan u obtener información propia de un procedimiento parlamentario no legislativo mediante falsedad de cualquier clase.

También incumplir el código de conducta que marcará el reglamento es una infracción muy grave y todas ellas conllevan sanciones que van desde la suspensión de mantener encuentros de interés en el Congreso hasta un máximo de diez años, a la prohibición indefinida.

El procedimiento sancionador lo podría solicitar un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso o el secretario general de la Cámara.

Para los diputados y grupos parlamentarios la propuesta socialista también contempla infracciones por falsedad en las declaraciones de bienes y actividades, por no presentarlas o por incumplir el código de conducta.

La denuncia se registraría en la Comisión del Estatuto del Diputado, que sería la competente para resolver el conflicto y citar a los afectados en un plazo máximo de cuatro meses.

No obstante, estas propuestas de reforma del reglamento del Congreso no son nuevas y su debate ha llegado a la Cámara Baja al menos en cuatro ocasiones; las últimas en 2014 y en 2017, cuando todas las fuerzas políticas, a excepción de Unidas Podemos, respaldaron la creación de un registro de 'lobbies' para controlar las actividades de los grupos de presión.

Entonces la iniciativa planteada por el PP no llegó a finalizar su tramitación y es ahora cuando populares y socialistas lo vuelven a intentar, toda vez que se recientemente se ha aprobado un código de conducta para los diputados en el marco de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco).

El código de conducta del Congreso incluye una Oficina de Conflicto de Intereses que supervisa, entre otras cosas, las declaraciones de intereses económicos de todos los parlamentarios.

De hecho, esta Oficina de Conflictos sería también la encargada de dar cuenta anualmente a la Mesa del Congreso de la actividad y funcionamiento del registro público de control de los grupos de interés, según proponen los socialistas.

Por otra parte, tanto la propuesta del PP como del PSOE piden que las asociaciones, organizaciones, representantes de sectores o de entidades rellenen un formulario donde dejen claro a qué clientes representan y con quién se reúnen, al tiempo que los populares inciden en su iniciativa en que "no pueden dar a entender que tienen una relación formal ni personal con los diputados para no inducir a error a terceros o a parlamentarios".

Otro punto clave es la denominada "huella legislativa" que deben dejar los partidos políticos en las iniciativas en las que han participado grupos de interés.

"Los servicios de la Cámara elaborarán un informe en el que reflejarán las modificaciones que hayan tenido lugar a lo largo del procedimiento y los diputados y grupos parlamentarios deberán comunicar las propuestas que hayan recibido de los grupos de interés entregando los documentos relacionados con ellas y que hayan sido utilizados para la elaboración o enmienda de las iniciativas", apunta el PSOE en este caso.