Tribunales

El Constitucional anula la disposición que blindó a Iglesias en la comisión del CNI

La sentencia, que declara la inconstitucionalidad de la disposición, responde a un recurso de Vox

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado y declarado inconstitucional el decreto que permitió al exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias formar parte de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia, que supervisa y regula los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El tribunal de garantías ha adelantado el fallo de la sentencia, cuyo contenido se conocerá en los próximos días, que estima por mayoría el recurso de Vox contra el decreto del Gobierno y que cuenta con el voto particular del magistrado Cándido Conde-Pumpido.

En concreto, los magistrados declaran la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición segunda que figura en el decreto del primer estado de alarma en la que se incluyó a Iglesias en la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley. Y ello, continúa, "obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento".

En concreto, el art. 86.1 del texto constitucional señala que solo en "caso de extraordinaria y urgente necesidad" podrá el Gobierno dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes.

Acudiendo a una jurisprudencia consolidada en esta materia, la sentencia, de la que este jueves sólo se ha avanzado una nota de prensa, pone de manifiesto que el Gobierno no justificó la extraordinaria urgencia de esta medida en el procedimiento de elaboración de la norma; ni la misma guarda coherencia con los motivos generales que determinaron la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, y que no se discuten.

El real decreto-ley contempla una serie de medidas de carácter económico, social y sanitario dirigidas a atender de forma inmediata las consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19, y no resulta posible determinar la conexión de sentido que pudiera existir entre las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia, y la modificación de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que propició la integración en la misma del entonces vicepresidente Segundo del Gobierno, siendo éstas las razones esenciales que determinan la infracción del mencionado precepto constitucional.

"Normalidad democrática"

El recurso fue presentado por el PP y el partido liderado por Santiago Abascal, que calificó de "truco" al método empleado para incluir al ya ex líder de Podemos en este órgano parlamentario.

El Consejo de Ministros ya aprobó en febrero de 2020 un decreto que regulaba los miembros de la comisión delegada del CNI para dar la oportunidad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incluir a los cargos de la Administración que considerase convenientes.

Ese decreto fue recurrido por Vox y posteriormente, según el recurso presentado ante el TC, el Gobierno trató de sortear ese recurso incluyendo la modificación de la composición de la comisión delegada del CNI en el decreto ley que recoge todas las medidas aprobadas la pasada semana por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias del coronavirus.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó entonces que la presencia de Iglesias "tiene poco misterio" y se le incluyó para que el gobierno de coalición funcione "lo mejor posible". El propio Iglesias enmarcó su presencia en la "normalidad democrática".

La comisión está presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del CNI.

Se reúne cada año para elaborar la Directiva de Inteligencia, un documento en el que se establecen los objetivos del CNI para esa anualidad, y tiene también entre sus funciones hacer un seguimiento de su desarrollo. Este documento es secreto y solo tienen acceso a él los miembros de la comisión y el magistrado del Supremo que controla al CNI.