El Banco de España plantea abaratar el despido e implantar la mochila austríaca

El organismo pide una reforma fiscal "integral" y subraya que los niveles ya evelados de desigualdad en la sociedad van a aumentar

El Banco de España plantea corregir la desigualdad de los trabajadores temporales con un sistema mixto que combine la rebaja a la mitad del coste por despido con el establecimiento de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, la denominada 'mochila austriaca', pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos. Además, el organismo pide que se implementen de forma ágil las medidas de apoyo a la solvencia empresarial, aprobadas recientemente por el Ejecutivo, con el objetivo de evitar una oleada de quiebras ante los problemas de liquidez que siguen teniendo las compañías más afectadas por la pandemia. También ve conveniente una revisión "integral" del sistema tributario para conseguir que la recaudación fiscal sea "suficiente" para financiar el nivel de gasto que se pretende acometer, y en este punto aboga especialmente por la fiscalidad verde y por revisar el conjunto de beneficios fiscales de las diferentes figuras tributarias.

En su informe anual sobre la economía española publicado este jueves, el Banco de España también ha advertido que los niveles de desigualdad en la sociedad española, que eran ya "elevados" antes de la pandemia, aumentarán previsiblemente como consecuencia de ella, y ha pedido políticas de redistribución de la riqueza.

Según la autoridad monetaria, la pandemia está mostrando una "especial incidencia negativa" en algunos colectivos de trabajadores particularmente vulnerables, aquellos con contrato temporal, más jóvenes y con rentas más bajas.

De esta forma, asegura que parece "probable" que la crisis económica actual acabe elevando los niveles de desigualdad en la sociedad española, a pesar de las medidas que las autoridades han desplegado para mitigar los efectos adversos de la pandemia sobre las rentas y la liquidez de los hogares.

Por ello, la autoridad monetaria aboga por analizar las distintas políticas de transferencias sociales que están en vigor en diversos ámbitos de la Administración Pública, incluidas la sanidad y la educación, así como el funcionamiento del sistema impositivo.

"El objetivo sería valorar si, en su conjunto, estos instrumentos permiten alcanzar el grado de redistribución de recursos que la sociedad demanda y si su operativa es lo suficientemente eficiente", reitera el Banco de España, que añade que el grado de redistribución de estas políticas en España es menor que el observado en la media de la UE.

En concreto, destaca que la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020 supuso la introducción de un mecanismo de redistribución que podría contribuir "significativamente" a paliar la pobreza extrema en España hasta el 1,5% desde el 5,7% actual, según datos del INE.

Para el Banco de España, podría resultar adecuado considerar una posible extensión del IMV a algunos colectivos que, de acuerdo con el diseño inicial de este instrumento, no son elegibles, pero que también se encontrarían en situación de riesgo de pobreza extrema.

Por ejemplo, afirma que esta situación podría afectar a ciertos hogares con rentas bajas que incumplen la condición necesaria para recibir el IMV en cuanto al nivel de patrimonio, principalmente, por la posesión de activos inmobiliarios de reducido valor, y a algunos hogares con más de dos adultos.

Mitigar los efectos adversos que supone la desigualdad también exige favorecer un incremento estable de la oferta de vivienda en alquiler, según el Banco de España, que apuesta por favorecer un incremento sostenido de la oferta de vivienda de alquiler, lo que contribuiría "a evitar un aumento excesivo del precio de los alquileres".

En particular, dice que podría considerarse una combinación de estímulos fiscales a los propietarios de los inmuebles, de mejoras regulatorias que incrementen la seguridad jurídica de estos y de un mayor énfasis de las políticas públicas en la provisión de vivienda pública en alquiler.

Por último, aboga también para reducir la desigualdad por abordar las deficiencias estructurales que presenta el mercado laboral español y que afectan especialmente a los jóvenes y elevar su nivel de formación.

Ya pidió la 'mochila austriaca'

En cuanto a la implantación de la 'mochila austríaca' no es la primera vez que lo pide, ya que fue planteada en la reforma laboral socialista de 2010, pero en esta ocasión calcula el hipotético coste de implantación, superior a los 9.000 millones de euros, y propone que el Estado financie unos 8.000 millones con cargo, al menos parcial, a los fondos europeos.

En su informe, repasa los retos estructurales que afronta la economía tras la pandemia de COVID-19, entre los que sitúa la corrección de la brecha en el nivel de protección de los trabajadores con contrato temporal y aquellos con contrato fijo.

Señala que los temporales, entre los que se incluyen colectivos más vulnerables como los jóvenes o los trabajadores con menor formación, han soportado "de manera desproporcionada" la destrucción de empleo durante las últimas décadas porque su despido es más barato, patrón que también se ha observado en la crisis actual.

Para solucionarlo el Banco de España habla de distintas opciones, como el contrato único con coste por despido creciente, pero analiza en detalle el modelo austríaco porque considera que es menos desigual, incentiva la movilidad, no genera tensiones de liquidez a las empresas y traslada las decisiones del despido a cuestiones de eficiencia y no de costes.

La entidad plantea que las empresas aportarían al fondo individual de cada trabajador 6 días por año trabajado, un importe que sería deducido de la indemnización a abonar por el empleador en caso de despido.

El trabajador podría hacer uso del dinero acumulado en el fondo en caso de despido, para formación o para la jubilación.

El modelo de cálculo -que toma datos de 2013 a 2016- asume una reducción del 50 % de los costes actuales de despido y finalización del contrato, pero manteniendo los derechos de indemnización que los trabajadores hubieran acumulado antes de la reforma, lo que da lugar a un sobrecoste para su implantación en cuatro años de 9.000 millones.

Para cubrir esa brecha propone que el Estado financie de forma decreciente durante cinco años las contribuciones empresariales: 5 días por año trabajado el primer año, 4 días el segundo año, 3 días el tercer año, 2 días el cuarto año y 1 día el quinto año, con un coste total de 8.660 millones.

El Banco de España reconoce que su planteamiento tiene "algunas limitaciones", ya que los datos utilizados son de un periodo de recuperación económica y porque las empresas con más despidos podrían verse relativamente favorecidas.

Además, señala que con este sistema las empresas podrían ser más propensas a despedir al reducirse el coste, frente a lo que plantea un sistema de bonificaciones y penalizaciones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social (bonus-malus) según sea menor o mayor la rotación laboral en cada empresa.

Deuda insostenible de empresas

El informe analiza también el impacto de la crisis de COVID-19 sobre los sectores productivos, que ha provocado un aumento moderado de la proporción de empresas en riesgo de ser inviables y de aquellas con problemas de sobreendeudamiento pero viables.

Las empresas en esta última situación acumularían una deuda no sostenible que oscila entre los 9.000 millones del escenario más favorable y los 19.000 millones del menos favorable, de acuerdo con las simulaciones realizadas por el Banco de España.

Los cálculos de la entidad apuntan a un aumento de empresas en riesgo de ser inviables como consecuencia de la crisis de entre 2 y 3 puntos porcentuales, según cómo evolucione la actividad económica.

El incremento es mayor, entre 3 y 4,7 puntos porcentuales, para las empresas que aun siendo viables estarían en una situación de sobreendeudamiento.

En el caso extremo de que en 2021 desaparecieran todas las empresas sobreendeudadas por la crisis, la pérdida de PIB sería de entre el 0,8 y el 1,3 % en 2022 (el impacto máximo se alcanzaría un año después de la perturbación).

Si se añade la liquidación de las empresas con riesgo de ser inviables, el impacto total sobre el PIB ascendería a un rango de entre el 1,4 % y el 2,1 %.

Este efecto sobre el PIB se triplicaría en el caso de la inversión y se cuadruplicaría para el empleo.

La entidad aboga por una revisión del sistema concursal y preconcursal que incluya una revisión del papel de los acreedores públicos.

Al respecto señala que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social no son exonerables, lo que constituye la principal razón para que microempresas y autónomos apenas recurran al concurso.

Ajustes tributarios

Por otro lado, la autoridad monetaria afirma que los "ajustes" que el sistema tributario español requiere para incrementar su capacidad recaudatoria pueden llevarse a cabo a través de modificaciones de algunos impuestos ya existentes o mediante la introducción de nuevas figuras tributarias, pero siempre en el marco de un "proceso integral" de dicho sistema.

A su juicio, solo de esta manera es posible "maximizar" la eficiencia en la captación de los ingresos impositivos y "minimizar las distorsiones" que ello genera en la actividad económica, y recuerda que el Ministerio de Hacienda ha creado recientemente un comité de expertos para analizar en profundidad el sistema fiscal español.

De cara a esta eventual reforma del sistema impositivo, el Banco de España recomienda analizar también las razones de la menor recaudación impositiva en España en relación con otros países del entorno. De acuerdo con los datos de Eurostat, en 2019 la recaudación impositiva en España alcanzó el 34,8% del PIB, 2 puntos porcentuales menos que en el promedio de los países de la zona euro.

La mayor parte de esta menor recaudación (1,8 puntos), añade, se debió a la inferior presión fiscal ejercida por la imposición indirecta en España. En particular, destaca la menor recaudación por IVA, que se situó 1 punto por debajo de la media aritmética de los países de la zona euro.

En cuanto a la imposición directa, apunta que la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades también resultó más reducida en España que en la UEM (0,9 puntos menos), mientras que, en cambio, la recaudación a través del IRPF y de las cotizaciones sociales fue mayor en España que en el promedio del área del euro.

Adicionalmente, para el Banco de España es "fundamental" revisar con detalle los "múltiples beneficios fiscales" que contempla el sistema tributario, y afirma que como ha señalado recientemente la AIReF, en este ámbito existe "un amplio margen de mejora".

Merma recaudatoria

"Estos beneficios no solo suponen una merma muy significativa de los ingresos públicos (en el promedio del período 2016-2019 representaron un gasto fiscal anual cercano al 5% del PIB), sino que, en algunos casos, ni siquiera están cumpliendo adecuadamente con los objetivos para los que fueron diseñados", apunta el Banco de España.

A este respecto, recuerda que la AIReF recomienda, entre otras medidas, la revisión de los tipos reducidos del IVA, la reformulación de la reducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF y la reconsideración de los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel.

El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos también apuesta por la fiscalidad medioambiental, cuya capacidad recaudatoria en España es en la actualidad menor que en otras economías del entorno, por lo que, en su opinión, debe desempeñar un papel "preeminente" en los próximos años, tanto para disuadir las actividades menos sostenibles medioambientalmente como para incentivar las iniciativas verdes.

Tasa Google

En cuanto a algunos de los impuestos ya aprobados por el Ejecutivo, como las conocidas como tasa 'Google' y 'Tobin', el Banco de España aboga por que tributos de este tipo alcancen un "alto grado de coordinación internacional".

"Sería deseable que el diseño y la calibración de estas figuras (tasas 'Tobin' y 'Google') se establecieran de forma coordinada internacionalmente, para maximizar su efecto recaudatorio y evitar distorsiones competitivas o la deslocalización de las bases impositivas", subraya el Banco de España.

Por último, ve "crucial" analizar la importancia del fraude fiscal en estas diferencias, y estudiar sus causas y las medidas para paliar sus efectos negativos sobre la recaudación y la necesaria equidad impositiva.