El Tribunal Supremo da la razón al PP y tumba Madrid Central

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la anulación de Madrid Central, llenando de dudas el futuro jurídico de las casi 1,4 millones de sanciones interpuestas desde su puesta en marcha, pues el Ayuntamiento entiende que por ahora la zona de bajas emisiones sigue en vigor y que no tendrá que devolver el importe de las multas. El TS ha dado así la puntilla al otrora proyecto estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, que acaba tumbado por la vía judicial tras un procedimiento de dos años y medio abierto a partir de sendos recursos de la Comunidad de Madrid y el grupo del PP en el Ayuntamiento, encabezado entonces por el ahora alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que acuerda la inadmisión a trámite del recurso interpuesto por Ecologistas en Acción Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de 27 de julio de 2020, que estimó parcialmente el recurso del PP.

El TSJM anuló parte de la ordenanza de Madrid Central por "defectos formales" dado que "no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza".

Según fuentes del Supremo, al haberse desestimado el recurso, la sentencia dictada por el TSJM adquiere firmeza, por lo que todas las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo. Pero el Ayuntamiento, según fuentes municipales, interpreta que las multas ya cobradas o en su defecto comunicadas al sancionado -un total de 1.393.000- son "actos firmes", y que por tanto no deben reintegrarse.

Y sostiene, por otro lado, que, una vez reciba el auto del Supremo, el TSJM puede darle un plazo de hasta dos meses para ejecutar la sentencia, por lo que cuenta con ese margen para elaborar una respuesta. Por ello, mientras no se haga efectiva la anulación de Madrid Central, sus cámaras seguirán encendidas y se seguirán tramitando las sanciones, por lo que deberán cobrarse todas las multas que sean comunicadas.

Pese a la previsible avalancha de reclamaciones, desde el Ayuntamiento confían en no tener que reintegrar el importe de ninguna sanción, apelando a la "muchísima jurisprudencia" existente al respecto.

El 'plan A' del Gobierno de Almeida pasa por acelerar la tramitación de su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, uno de los puntos clave del programa del alcalde para el presente mandato, y una norma en la que en principio, y al contrario de lo que prometió el regidor en la campaña electoral de 2019, Madrid Central se mantendrá vigente, aunque con modificaciones.

De este modo se esquivaría el vacío legal que se producirá si el Ayuntamiento se ve obligado a suprimir Madrid Central antes de que se haya aprobado la nueva norma, en cuyo caso se estudiará la manera de limitar el acceso a la zona provisionalmente, aunque no sea de una manera "masiva", sino mediante el cierre al tráfico de calles puntuales.

En cualquier caso, el Ayuntamiento advierte de que sus servicios jurídicos continúan analizando el auto del Supremo, por lo que este criterio podría ser matizado en los próximos días, especialmente si se da el caso de que el TSJM pida ejecutar su sentencia en un plazo inferior al máximo legal.

El objetivo del Ejecutivo municipal es tener la nueva ordenanza lista para que pase por Junta de Gobierno a finales de julio y elevarla al pleno de ese mes para su aprobación, o en su defecto convocar a principios de agosto un pleno extraordinario a tal efecto.

El final de Madrid Central

Aunque quedan muchas dudas por resolver, lo que está claro es que la decisión del Supremo acerca el fin de Madrid Central, una medida nacida no sin polémica y que desde el primer momento estuvo sometida a distintos vaivenes judiciales y políticos.

De hecho el PP y la Comunidad de Madrid pidieron a la Justicia, sin éxito, paralizar cautelarmente Madrid Central cuando entró en vigor. Más tarde, cuando el PP llegó a la Alcaldía, decretó una moratoria en las multas, que fue tumbada por los tribunales.

Almeida ha afirmado que el anterior Gobierno de la capital debería “pedir disculpas a los madrileños” después de que su proyecto de Madrid Central, “el más importante” que impulsaron, haya sido suspendido por el Supremo porque "no se ha consultado con los ciudadanos" y alberga defectos formales "groseros". “Se tienen que culpar a sí mismos por haber fracasado en el principal proyecto que tenían, y por haberlo hecho despreciando la opinión de los madrileños”, ha apostillado el primer edil.