El Gobierno descarta "reformas legales" e invita a las CCAA a solicitar el estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado que se esté preparando ninguna reforma legal para restringir derechos fundamentales fuera del estado de alarma tan solo unas horas después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, planteara esta vía en una columna en 'El País', en la que aseguró que el Ejecutivo esperará el criterio del Tribunal Supremo sobre la potestad de las comunidades para adoptar restricciones para hacer cambios legales si fuera necesario. El Gobierno entiende que las CCAA cuentan con suficientes herramientas para afrontar la pandemia e insiste en que apoyará todas las solicitudes de los Gobiernos autonómicos para aprobar un estado de alarma en su territorio. En cambio, el PP cree que su ley de pandemias acabaría con este "desaguisado" en tan solo 15 días.

Desde Atenas, donde ha viajado para participar en un foro económico y reunirse con su primer ministro, Sánchez, ha descartado que se vayan a producir cambios legales para poder amparar a las comunidades autónomas ahora que ha expirado el estado de alarma, insistiendo una vez más en que éstas cuentan con "herramientas suficientes" para hacer frente a la pandemia.

Durante los seis meses del estado de alarma se ha acumulado un "acervo" y se ha dado "cobertura jurídica" a decisiones difíciles que se han tenido que "tomar entre todos", ha insistido el presidente del Gobierno, que ha aprovechado para poner en valor lo bien que está avanzando la vacunación. Así, ha reiterado que en 100 días se alcanzará el objetivo de que el 70 por ciento de la población adulta esté vacunada y que este lunes se llegará a los 6 millones de personas que habrán recibido las dos pautas. "Estamos ante un momento muy esperanzador de lograr la inmunidad de grupo", ha aseverado.

"Ese es el objetivo en el que tenemos que estar todos, comunidades autónomas y Gobierno", ha sostenido, asegurando que el Ejecutivo estará "siempre de la mano de las comunidades autónomas para dar una respuesta conjunta a una crisis común".

En cuanto a las imágenes de celebraciones y aglomeraciones que se vieron el sábado por la noche una vez que venció el estado de alarma, Sánchez ha sostenido que "no podemos bajar la guardia" pese a que la "vacunación está yendo muy bien". "El virus sigue circulando", ha prevenido, y "tenemos que preservar todas las medidas de seguridad".

La columna de Campo en 'El País'

Desde el Ejecutivo están convencidos de que no son necesarias actuaciones concretas para evitar situaciones como las vividas este fin de semana en varias ciudades españolas tras el decaimiento del estado de alarma porque, entre otras cosas, las autonomías cuentan con un arsenal de posibilidades más que suficiente para atajarlas. Lo que los gobiernos autonómicos no pueden, por el contrario, es decretar medidas como el toque de queda o el cierre perimetral sin estado de alarma, si bien les ha recordado que la ley les permite pedir al Gobierno central que aplique esta situación excepcional en su territorio para poder así implementarlas. Así lo señaló el ministro de Justicia en una columna en El País, donde afirmaba que "se estudiarán y se propondrán a las Cortes" cambios legales adicionales si se ven necesarios tras el pronunciamiento del Supremo, que en última instancia debe decidir qué restricciones de derechos fundamentales puede aprobar un gobierno autonómico.

Sin embargo, y pese a haberlo confirmado también el propio ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, Campo ha aclarado en La Sexta que no se está preparando ninguna reforma legal para restringir derechos fundamentales, insistiendo en que, aunque las comunidades no pueden adoptar este tipo de restricciones sin su paraguas, pueden pedirlo al Gobierno cuando así lo estimen conveniente.

En su columna en El País, el ministro considera que el fin del estado de alarma es "una buena noticia" porque, a su juicio, significa que lo peor de la pandemia ha pasado y que la excepcionalidad ya no es imprescindible.

El Gobierno, asegura, es consciente "del enorme coste que las restricciones han tenido para la ciudadanía", tanto en forma de crisis económica como emocional, pero considera un acierto haber decretado el estado de alarma, frente a la "irresponsabilidad y deslealtad" de la oposición.

Tras recalcar que ese "derecho de excepción" solo puede mantenerse el tiempo "absolutamente imprescindible", Campo subraya que el fin de ese estado no significa el fin de las restricciones y asegura que el ordenamiento jurídico vigente tiene "mecanismos suficientes" para aplicarlas.

"Contamos con una ley general de salud pública, una de medidas especiales sanitarias y otra de seguridad nacional. Incluso las administraciones locales cuentan con instrumentos útiles en la prevención. Y allí donde sea necesario adoptar disposiciones que restrinjan derechos fundamentales, se deberá recabar autorización judicial. Ese es el sistema vigente en nuestro país", recalca Campo.

Recuerda que es un procedimiento que se incorporó a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa en 2000, durante el Gobierno de José María Aznar, y que ha sido reformado por este Ejecutivo primero para que fueran los tribunales superiores de justicia de cada comunidad los encargados de validar las medidas y después para que la última palabra la tenga el Supremo.

El ministro defiende este sistema "flexible y garantista" en el que los jueces realizan "un juicio de proporcionalidad" si hay que tomar medidas restrictivas de derechos y en el que, si hay disparidad de criterios, es el Supremo el que marcará la pauta común para todo el país.

"Por supuesto, si de sus resoluciones se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes", afirma antes de recordar también la posibilidad de que un gobierno autonómico solicite la declaración del estado de alarma en su territorio.

Sobre las imágenes de multitudes de este fin de semana, su compañero de gabinete, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera "preocupantes" esos comportamientos, pero ha pedido "no descontextualizar" porque se trató de una circunstancia muy concreta ocurrida nada más finalizar la situación excepcional la medianoche del domingo.

Imágenes que eran previsibles para el titular de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, quien ha considerado que era "esperable una explosión de júbilo y alegría al acabar el estado de alarma, lo que no es esperable es que eso sea una nueva norma de conducta". No obstante, ha hecho hincapié en que "para prohibir el botellón en la calle no hace falta un estado de alarma". "Las medidas de restricción de derechos fundamentales han de ser excepcionales y acotadas en el tiempo. Un estado de alarma no puede ser la norma permanente", ha zanjado.

Casado insta a Sánchez a negociar

Ante el caos autonómico generado, el líder del PP, Pablo Casado, ha exigido "desesperadamente" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se siente a negociar para aprobar una ley de pandemias cuanto antes y ha avisado de que su "absoluta irresponsabilidad cuesta vidas". A su entender, España "no merece este caos". Casado ha afirmado que le "produce mucha pena ver las escenas de aglomeraciones en las calles" tras el fin del estado de alarma el 9 de mayo.

El presidente del PP ha recalcado que el "único responsable es Sánchez porque no ha querido aprobar una ley de pandemias" como, según ha dicho, su formación le lleva planteando desde hace un año. El Grupo Popular registró de nuevo hace un mes una proposición de ley en el Congreso para impulsar ese marco jurídico alternativo al estado de alarma. "Lo digo con pena y con la hemeroteca de nuestro lado porque llevamos desde abril del 2020 diciendo que hay que tener un plan alternativo al estado de alarma y que no se puede gobernar en la excepcionalidad constitucionalidad eternamente, que ningún país lo ha hecho", ha insistido.

En este sentido, ha señalado que si no hay "un plan B" para afrontar la pandemia y han pasado "al plan C, del caos" en el que ha "sumido Sánchez" al país, "único responsable es el Gobierno de España" porque las comunidades autónomas "han hecho lo que han podido" y los tribunales superiores de Justicia han hecho "más de lo que debían hacer". "Y el Tribunal Supremo me imagino que hará más de lo que a él le compete", ha enfatizado.

"Volvemos a pedir desesperadamente que volvamos a una negociación para cambiar la legislación en materia de pandemias. En 15 días se pueden añadir dos líneas al artículo 3 de la Ley Orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública para dar un marco en la limitación de movimientos y en el seguimiento de los contactos de contagiados", ha declarado.

El presidente de los 'populares ha contrapuesto la gestión del Gobierno de Sánchez con la de otros líderes europeos en sus países como Angela Merkel, Enmanuel Macron o Mario Draghi. "No podemos seguir así", ha proclamado.

"Si hay más contagios y hay una cuarta o quinta oleada, Sánchez es responsable porque le he ofrecido los escaños del PP para modificar la ley. No entiendo esa cerrazón a hacerlo cuando Alemania lo ha hecho el mes pasado", ha apostillado, para añadir que "no hay tiempo que perder". Por todo ello, ha hecho un llamamiento "casi a la desesperada" para que el Gobierno cambie la ley porque "si no Sánchez será responsable y lo puede ser incluso a nivel legal porque las asociaciones de médicos y enfermeras ya han presentado decenas de querellas". Según ha añadido, son querellas que la Fiscalía "va rechazando" pero "llegará un día en que la señora Delgado, no podrá evitarlo", en alusión a la fiscal general del Estado.

La reacción de las CCAA

De momento, ha sido el Gobierno canario el primero en anunciar un recurso al Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad no autorizara ni el toque de queda ni el cierre perimetral que quería imponer.

En Madrid, la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha pedido al Ejecutivo regional que tome medidas "valientes", como el toque de queda, pero el consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha descartado de plano "encerrar a siete millones" de personas por culpa de "unos centenares de jóvenes".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su preocupación por estas concentraciones nocturnas y ha denunciado la "alarmante improvisación e irresponsabilidad" del Gobierno central: "Sabíamos que esto iba a llegar". Andalucía no descarta "ninguna de las posibilidades" que tenga a su alcance con autorización judicial si se produce un rebrote importante y la incidencia repunta a gran nivel, incluido imponer de nuevo un toque de queda en la comunidad.

Y el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que la solución para que las medidas que adopten las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia es aprobar nueva legislación sanitaria, ya que "el Tribunal Supremo no puede ser un juzgado de guardia".

Por su parte, desde la Comunitat Valenciana, que sí mantiene el toque de queda desde el domingo, su presidente, Ximo Puig, ha asegurado que las imágenes de las fiestas callejeras celebradas en Madrid o Barcelona tras el fin del estado de alarma son "lamentables", generan "mala imagen" y "dañan la convivencia".

El presidente de Aragón, Javier Lambán, no prevé ni introducir el toque de queda ni otros instrumentos dado que la ley autonómica 3/2020 permite afrontar "buena parte de las eventualidades" porque esta norma ha sido "un acierto" que "envidian la mayor parte de las comunidades autónomas".

Cantabria no va a plantear de momento restricciones sanitarias al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, sino que ha optado por esperar que el Tribunal Supremo fije una doctrina.