Así es la subida de impuestos prometida por el Gobierno a Bruselas: diésel, patrimonio, cotizaciones...

El Plan de Recuperación remitido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas contiene un amplio listado de ideas fiscales para subir impuestos, eliminar beneficios tributarios y aumentar la recaudación. Además de la idea de extender los peajes a todas las carreteras españolas en 2024, el Gobierno plantea armonizar el Impuesto de Patrimonio, elevar el gravamen del diésel para igualarlo con la gasolina,  tributos a plásticos y residuos, fijar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, eliminar beneficios fiscales y "revisar" los impuestos de matriculación y circulación, entre otros.

El detalle del componente de fiscalidad publicado el miércoles incluye un apartado dedicado a las medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica, entre las que figuran reformas en materia de movilidad sostenible. Estas reformas consistirían en el pago por uso carreteras, revisar la tributación de la matriculación y uso de vehículos o de las bonificaciones de los carburantes con el objetivo de avanzar hacia la equiparación en función de su poder contaminante.

Otras medidas ambientales son la puesta en marcha de un impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración que penalice las opciones menos sostenibles, otro sobre los envases de plástico no reutilizables, de 0,45 euros por kilo, que se incluirán en la Ley de Residuos que el Gobierno prevé enviar a las Cortes este trimestre para que esté en vigor en el tercer trimestre.

Por lo que respecta al resto de tributos, el plan señala que se analizarán las propuestas del comité de expertos para la reforma fiscal en el primer trimestre de 2022 y, en esas mismas fechas, se revisarán los impuestos de matriculación y circulación.

Posteriormente, en el segundo trimestre de 2022 se reformará el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero y, en el cuarto trimestre de ese año, se revisará la imposición de los hidrocarburos.

La ficha señala que el impuesto de hidrocarburos es más elevado para la gasolina para el gasóleo, pese a que es menos contaminante, por lo que ve necesario revisar las "bonificaciones" de "algunos carburantes" de automoción.

Aunque el plan no nombra una subida de la fiscalidad del diésel, esta posibilidad ya se incluyó en el proyecto presupuestario de 2021, aunque finalmente fue retirada durante la negociación de las cuentas en el Congreso de los Diputados.

En el cuarto trimestre de 2023 se revisarán otras figuras que inciden sobre la movilidad sostenible y que no se detallan.

La ficha fiscal prevé también una evaluación de los beneficios fiscales que llevarán a cabo el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y la dirección general de Tributos, en línea con la ya realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Cada año se evaluarán cinco beneficios fiscales cuyos resultados se presentarán en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024 para después adoptar las posibles reformas "si la situación económica lo permite".

Otras medidas son la creación de un comité de expertos para la reforma fiscal, ya en marcha, así como los impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales, ya en vigor.

Según consta en el apartado sobre pensiones remitido a Bruselas, la aprobación del incremento de las bases de cotización máximas del sistema se acompañará de un periodo transitorio de tres décadas e irá acompasado de una adaptación de la pensión máxima. De este modo, también se incrementará la presión fiscal del trabajo (cuña fiscal) sobre aquellos salarios más elevados.

"La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema", señala el propio documento, reincidiendo en las palabras pronunciadas por el ministro.

En el texto se justifica que la subida una de las bases máximas con "una senda muy gradual y conocida de antemano" permitirá a las empresas adaptarse "adecuadamente" a las nuevas exigencias de cotización a la Seguridad Social.