El presidente de lo Contencioso del Supremo: "Los jueces no estamos para gobernar"

Los gobiernos autonómicos tendrán que justificar muy bien ante los tribunales "el sacrificio de derechos en pos de objetivos sanitarios"

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, alerta en una entrevista con Efe del "déficit importante" que existe en la legislación sanitaria de urgencia y opina que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas "no es el mejor sistema". "Los jueces -dice- no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos".

Tolosa, que preside la Sala de lo Contencioso del TS desde hace siete meses, advierte de que tras el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, se abre "un panorama desde el punto de vista legislativo sumamente complejo". Los gobiernos autonómicos tendrán que justificar muy bien ante los tribunales "el sacrificio de derechos en pos de objetivos sanitarios" y los jueces deberán ponderar intereses, señala.

"Lo deseable", agrega, sería que la situación jurídica fuera de "certidumbre y de normas claras" para poder afrontar el problema sanitario con "una respuesta unívoca desde el punto de vista judicial".

Precisamente para evitar disparidad de criterios jurídicos entre territorios y lograr esa respuesta unívoca a la que apela Tolosa, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para que el Supremo se pronuncie sobre los recursos judiciales en torno a las restricciones de movilidad que se puedan interponer cuando expire el estado de alarma.

El presidente de la Sala de lo Contencioso, sin haber examinado en profundidad ese acuerdo del Consejo de Ministros, puntualiza que la legislación vigente no permite recurrir ante el Supremo las resoluciones de los tribunales superiores de justicia sobre esas restricciones de movilidad.

Para posibilitar ese recurso de casación habría que cambiar la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. "Si se modifica la ley, eso es otra cosa", apunta.

Tolosa insiste en que la legislación sanitaria de urgencia, "escasa" y "poco concreta", ha dado pie a que se hayan producido las resoluciones dispares entre los distintos tribunales superiores de Justicia que quiere evitar el Gobierno.

"Sigo pensando que hemos contado con tiempo más que suficiente como para habernos dotado de una legislación sanitaria de emergencia que, dentro del respeto de los derechos fundamentales de la Constitución, no hiciera falta acudir a un instrumento tan excepcional como el estado de alarma, que está pensado para una duración temporal que no se prolongue excesivamente, pero que ahora se nos antoja como falta de instrumentos jurídicos", subraya Tolosa.

A partir del 9 de mayo, en su opinión, las comunidades autónomas van a contar con instrumentos "de mucha menor intensidad" que lo que faculta el estado de alarma.

Y además, el que las restricciones acordadas por los gobiernos autonómicos tengan que ser autorizadas por los tribunales superiores de justicia va a implicar "una burocratización" que, en la práctica, supondrá impedir que se puedan aplicar de forma "automática" o con la rapidez que exige una situación de urgencia sanitaria.

Este magistrado añade que no se puede pensar que desde que decaiga el estado de alarma los que gobiernan son los jueces. "Yo creo que los jueces no estamos para gobernar ni para adoptar decisiones administrativas, sino que corresponde asumirlas a los poderes públicos sin perjuicio de que, posteriormente, el control se produzca por la vía de la posible impugnación", razona.

Las asociaciones de jueces, en contra también

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en representación en la carrera, ha acusado al legislativo de "dejación de funciones" y al Gobierno de "eludir responsabilidades" al no aprobar una legislación eficaz para luchar contra la pandemia, dejando las medidas en manos de la justicia.

En un comunicado, esta asociación critica con dureza el decreto que abre la puerta a que los gobiernos autonómicos acudan al Supremo si el tribunal superior de justicia de su comunidad rechaza alguna de las restricciones diseñadas para hacer frente al coronavirus tras finalizar el estado de alarma, el próximo 9. "Nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional, grave, como es la pandemia, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional", denuncia.

Desde hace años, alerta esta asociación, las Cortes Generales, ante la incapacidad de los grupos parlamentarios de llegar a acuerdos, apenas aprueban leyes orgánicas y ordinarias y la mayoría de las decisiones legislativas se acuerdan por real decreto. A su juicio, se ha convertido así la excepcionalidad en norma y, en el caso del decreto publicado hoy en el BOE, "la urgencia y necesidad alegadas son ficticias", ya que el estado de alarma tenía fecha prevista de finalización y las dudas sobre la suficiencia del marco legislativo ante la pandemia no son nuevas.

Para la AJFV, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) demuestra también "la subordinación servil del legislativo al Ejecutivo" y, además, no se controla la acción del Gobierno.

A esto se añade, apunta, que "el Tribunal Constitucional está desaparecido de manera consciente", evitando resolver recursos contra leyes que afectan a derechos fundamentales; una inacción que "contribuye a la liquidación del sistema al actuar de forma opaca en cuanto a los tiempos que maneja".

Para esta asociación, "el único poder que se mantiene en el lugar que constitucionalmente le corresponde" es el judicial, "sometido a asedio constante por parte de los otros poderes del Estado, mediante la desacreditación de sus resoluciones y la falta de respeto institucional a la labor jurisdiccional."

"La pasividad del legislativo, la falta de impulso del ejecutivo y un Tribunal Constitucional incumplidor han obligado a los órganos judiciales a decidir sobre limitaciones de derechos fundamentales a partir de interpretaciones extensivas de normas pensadas para otros supuestos, con el riesgo que eso implica para los derechos fundamentales de la ciudadanía", denuncia la AJFV.

Pide por ello que se reconduzca esta situación para regresar al marco de convivencia que marca la Constitución y que considera "amenazado".