El Gobierno cambia la ley para que el Supremo tenga la última palabra sobre las restricciones de las CCAA

La sala tercera del Supremo tendrá 5 días para resolver los recursos de las comunidades sobre las medidas contra la pandemia

El Gobierno de España dejará en manos de las autonomías el grueso de las nuevas medidas para luchar contra la pandemia una vez decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo, unas restricciones sobre las que en adelante tendrá la última palabra el Tribunal Supremo en lugar de los tribunales autonómicos.

A cinco días del fin del estado de alarma, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley que permitirá a las autonomías recurrir en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo la presunta vulneración de derechos fundamentales en sus medidas de control de la pandemia, lo que a juicio del Gobierno mejorará la seguridad jurídica y dará más coherencia al sistema.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado cuenta de esta decisión que entrará en vigor el próximo 10 de mayo, con el fin del estado de alarma, y que ofrece "tranquilidad" a las autonomías en su afán de mantener restricciones para combatir al coronavirus.

El Ejecutivo, según ha explicado Calvo, ha informado previamente al alto tribunal de su intención de cederle esta última palabra y dar así un paso más en el camino que ya había iniciado en septiembre cuando se modificó la ley para que fueran los TSJ de cada comunidad, y no los juzgados ordinarios, los encargados de resolver sobre las restricciones.

En este caso, el Supremo tendrá "un tiempo récord" de cinco días para responder a un Gobierno autonómico. "Esto significa que hemos de estar tranquilos, que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes con garantía constitucional y con una nueva capacidad de protección que es la que nos ofrece el Supremo", ha incidido Calvo.

El Gobierno espera que esta nueva decisión "tranquilice" a las autonomías, cuyas demandas ha escuchado, pero que no han colaborado ni conocían previamente la normativa aprobada este martes.

Así, a partir del 9 de mayo acabarán de forma generalizada los toques de queda para todas las comunidades autónomas y también los cierres perimetrales, que han sido dos de los grandes instrumentos de lucha contra la pandemia.

Sin embargo, ha explicado Calvo, es "evidente" que las autonomías que lo necesiten pueden justificar, argumentar, proponer y decidir el toque de queda, los confinamientos o cualquier otra circunstancia, que quedará pendiente de ser avalada por los tribunales y por el Supremo en última instancia.

La vicepresidenta primera ha apuntado que la Justicia "ha acompañado" las decisiones adoptadas por los distintos gobiernos y ha operado en una dirección "garantista" en la protección de la salud.

No obstante, preguntada por los periodistas, ha aclarado que el Gobierno no "prejuzga" lo que va a decidir el poder judicial y muestra su respeto absoluto a sus decisiones.

Calvo ha defendido que el estado de alarma tenía que llegar a su fin porque se trata de una prerrogativa pensada para situaciones excepcionales, que no se pueden convertir en algo permanente, y con el peso de la vacunación España, al igual que otros países europeos, transita ahora hacia "otros escenarios" con "otras condiciones".

"El Gobierno siempre es responsable de su posición, consciente de sus obligaciones y sus competencias y ha venido trabajando para tener una respuesta a partir del día 9, que salimos del estado de alarma pero no de la pandemia", ha expuesto en su comparecencia la vicepresidenta, acompañada de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

De hecho, el decreto también extenderá algunas medidas de carácter social más allá del estado de alarma que acaba el próximo domingo, entre ellas la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables, en la línea de lo que ya avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otras de las medidas que se prolongarán serán las vinculadas a controlar a los pasajeros internacionales: el Gobierno ha vuelto a ampliar hasta el 25 de mayo las restricciones a los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica, con lo que solo podrán aterrizar en los aeropuertos españoles aeronaves procedentes de estos países ocupadas por españoles o residentes.

También se amplía más allá del estado de alarma la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID, y se extiende la posibilidad de no convocar las reuniones de las juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre de este año.

El decreto mantiene asimismo la garantía de suministro de agua y energía hasta el 9 de agosto y la aplicación del bono social, y amplía en otros tres meses la consideración de servicios esenciales los dedicados a la atención, asistencia y asesoramiento a víctimas de la violencia de género, entre otras cuestiones.

El nuevo decreto, coordinado por Calvo y en cuya elaboración han participado nueve ministerios, se estructura en seis capítulos, quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales que entrarán en vigor en cuanto acabe el estado de alarma, es decir, el próximo diez de mayo.

La decisión del Gobierno de poner fin al estado de alarma no tiene marcha atrás y ahora serán las comunidades las que apliquen unas medidas u otras en función de sus necesidades bajo el paraguas y el amparo de los tribunales.

Las CCAA se preparan para el final de la alarma

Por su parte, los servicios jurídicos de las comunidades autónomas apuran los últimos días antes del fin del estado de alarma trabajando a destajo para concretar las medidas que aplicarán a partir del domingo para contener la transmisión del coronavirus sin tropezar de nuevo con los tribunales.

La mayoría las detallará a lo largo de esta semana, aunque algunas ya han avanzado que relajarán las restricciones impuestas para la hostelería y que levantarán cierres perimetrales y toques de queda; otras estudian precisamente cómo mantenerlas sin chocar con los tribunales superiores de justicia, como ha venido ocurriendo cuando el estado de alarma no estaba vigente. No obstante, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, en virtud del decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, con el que el Gobierno busca dar seguridad jurídica, evitar disparidades entre territorios y tranquilizar a los ejecutivos autonómicos que han venido lamentando la indefensión en la que quedaban a partir del 9 de mayo.

ANDALUCÍA:

Si el Gobierno no plantea con urgencia un marco normativo, modificando la Ley de Salud Pública o normas más acordes que faciliten un respaldo jurídico a las restricciones de movilidad, Andalucía podría actuar dentro de su ámbito competencial limitando horarios o decretando cierres perimetrales con el apoyo y respaldo judicial.

De momento, sus servicios jurídicos están analizando posibles cambios en sus leyes sanitarias que permitan aislamientos domiciliarios y de áreas sanitarias con una determinada incidencia.

ARAGÓN:

Podrá seguir decretando confinamientos perimetrales de localidades, comarcas y provincias y limitaciones de aforos y horarios siempre y cuando lo haga por decreto ley y sea ratificado por el Parlamento autonómico, de acuerdo con lo establecido en la ley autonómica 3/2020 de diciembre.

Lo único que no podrá regular será el toque de queda y el confinamiento autonómico.

ASTURIAS:

El Principado ya ha avanzado algunas de sus restricciones después del domingo: este mismo martes ha acordado la ampliación del horario de la hostelería, tanto en el interior como en el exterior, hasta la una de la madrugada, si bien se mantendrá el cierre de las barras.

También ha aprobado, desde este jueves, una ampliación del límite máximo de personas en las mesas del interior de los locales de hostelería de cuatro a seis, aunque por ahora el ocio nocturno deberá seguir cerrado.

BALEARES:

Aún no ha desvelado las medidas que anunciará el próximo viernes; a lo largo de esta semana tratará con los agentes económicos y sociales las nuevas restricciones, si bien los servicios jurídicos del Govern trabajan para disponer del marco legal necesario para que sean aplicables.

Una de las que analizan es el toque de queda que, para la consellera de Salud, Patricia Gómez, es "una buena medida" para el control de la pandemia; su voluntad es mantener también el control de los pasajeros nacionales en los puertos y aeropuertos, ahora condicionado por el decreto de estado de alarma que decae el domingo.

CANARIAS:

De la misma forma, Canarias aspira a poder controlar, con la exigencia de una PCR negativa, las entradas al archipiélago por puertos y aeropuertos y tener margen para fijar aforos máximos y límites a la movilidad.

CANTABRIA:

La región quedará "desconfinada" al decaer el estado de alarma, en palabras de su presidente, Miguel Ángel Revilla, que confía en que estos días las comunidades cuenten con mecanismos jurídicos para actuar.

CATALUÑA:

El vicepresidente del Govern en funciones de president sustituto, Pere Aragonès, ha anunciado que el 9 de mayo se levantará el toque de queda y el confinamiento perimetral.

Los restaurantes aguardan ya volver a servir cenas hasta las once de la noche a partir de ese día, aunque no se descarta aplicar alguna medida si los datos empeorasen en un futuro, ha señalado Aragonès, que ha asegurado que la Generalitat dispone de las herramientas jurídicas necesarias para gestionar la situación.

CASTILLA-LA MANCHA:

También Castilla-La Mancha levantará el cierre perimetral el próximo domingo, pero es partidaria de mantener otras medidas como el uso de la mascarilla y el toque de queda que aún debe concretar en un decreto que se firmará esta semana.

CASTILLA Y LEÓN:

El jueves el Consejo de Gobierno concretará las medidas que adoptará tras el estado de alarma, aunque aplicará las recomendaciones del semáforo de Sanidad, como el cierre del interior de la hostelería a partir de una incidencia de 150 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

Sus servicios jurídicos estudian las medidas que pueden adoptar dentro de sus competencias, como establecer horarios de cierre para la hostelería y el comercio, si bien el Ejecutivo regional clama por una nueva ley de salud pública que impida llevar cada restricción al tribunal superior de justicia correspondiente.

COMUNIDAD VALENCIANA:

Las medidas que relajen las restricciones se tomarán a finales de esta semana, pero ayer, el president de la Generalitat, Ximo Puig, avanzó que no ve "viable" que decaiga por completo el toque de queda en la Comunitat Valenciana.

No obstante, se buscará "un equilibro" en las nuevas medidas para que sean avaladas por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

EXTREMADURA:

La Junta tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Gobierno un documento que recoja todas las medidas que piensa implementar a partir del domingo y ha recordado que aunque no se podrá cerrar perimetralmente una comunidad, sí que se podrán decretar confinamientos de municipios.

GALICIA:

El comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia se reunirá el jueves, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del miércoles, para adoptar "medidas concretas" que entrarán en vigor en toda la comunidad este mismo fin de semana.

MADRID:

Madrid ha pasado el puente sin cierre perimetral, con la incidencia de coronavirus muy elevada y con la incógnita de qué medidas seguirán en vigor; mantiene su estrategia de restringir la movilidad en zonas básicas de salud y localidades con una alta incidencia, unas medidas que aplica a nuevas áreas desde ayer y hasta el día 17, más allá del fin del estado de alarma.

Esta semana presentará "toda la documentación técnica correspondiente" para conseguir el aval del TSJM; sobre otras medidas habrá que esperar a ver cómo funciona la situación, si bien el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha asegurado que si hace falta mantener el toque de queda para controlar la pandemia, se hará si un juez lo admite.

MURCIA:

Los servicios jurídicos y de epidemiología estudian los efectos que tendrá el fin del estado de alarma y el mantenimiento de las medidas restrictivas que exceden del ámbito autonómico; no ha concretado qué restricciones pondrá en marcha, pero sí ha pedido un "plan B" al Ministerio de Sanidad porque la incidencia sigue siendo elevada.

NAVARRA:

El Gobierno foral anunciará esta semana las nuevas medidas que entrarán en vigor cuando finalicen las actuales, acordadas hasta el 8 de mayo, víspera del cese del estado de alarma.

La presidenta, María Chivite, ha indicado que seguirán tomando decisiones en el sentido al que lo han venido haciendo hasta ahora en la Comunidad Foral, donde los jueces "han ido autorizando prácticamente la totalidad de las medidas".

PAÍS VASCO:

El Gobierno Vasco está trabajando en un decreto con medidas para hacer frente al COVID-19, según ha indicado el lehendakari, Iñigo Urkullu, uno de los representantes autonómicos que más firmemente ha defendido la prórroga del estado de alarma.

Una vez firmado este viernes, el decreto tendría que estar en vigor a partir del próximo lunes, día 10, "contando con esas medidas y buscando la efectividad de las mismas en un plazo de cuatro, cinco o seis semanas próximas". Serán normas, dijo, como las que ya se vienen aplicando desde principios de marzo y las que legalmente le compete imponer.

LA RIOJA:

La Rioja levantará el próximo domingo el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda e implantará un nuevo "semáforo" de tres niveles en función de varios indicadores para imponer diferentes restricciones.

Solo el "extra" permitirá restringir derechos fundamentales, como la movilidad o el de reunión, y deberá ser refrendado por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.