Intensifican la búsqueda por las cartas con balas a Ayuso e Iglesias tras localizar los buzones en Barcelona y Madrid

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intensificado la búsqueda del autor o autores de las cartas con amenazas y balas dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tras localizar en Barcelona y Madrid los buzones desde los que se enviaron los sobres.

Según informan fuentes policiales, los buzones se han localizado en Barcelona, en el caso de Díaz Ayuso, y en Madrid, en el de Pablo Iglesias. Se trata de la segunda carta con amenazas que recibe el líder de Unidas Podemos, la primera enviada al Ministerio del Interior y esta última a la Dirección General de la Guardia Civil.

Los especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando en varias líneas, entre ellas el análisis de balística y el posible rastro de huellas y otros elementos que puedan revelar la autoría de estas cartas con proyectiles. Uno de estos elementos que pueden ser clave son las cámaras cercanas a los buzones.

Fuentes cercanas a la dirección de Unidas Podemos informaron este miércoles que la última carta amenazante dirigida a la Guardia Civil intervenida por los servicios de seguridad de Correos contenía en su interior amenazas directas hacia Pablo Iglesias, que es uno de los candidatos de las elecciones a la Comunidad de Madrid.

El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llamó el miércoles a Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, para comunicarle estas novedades, que se suman a la otra carta también con balas en su interior enviada a la sede del Ministerio del Interior. También hizo lo propio con Isabel Díaz Ayuso.

Las cartas llegaron a Vallecas (Madrid) y Sant Cugat (Barcelona). La que contenía cuatro proyectiles y la amenaza a Pablo Iglesias fue detectada el martes por los sistemas de seguridad de Correos en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Vallecas. En las instalaciones de Sant Cugat se intervino otra con dos proyectiles, en esta ocasión dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

Los sistemas de seguridad de Correos intervinieron este miércoles una nueva carta amenazante dirigida al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que contenía en su interior dos posibles cartuchos de arma de fuego.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encuentran investigando todas estas cartas, como hicieron la semana pasada con los primeros sobres, los tres interceptados en el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil con balas, y que tenían por destinatarios a Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias y María Gámez, la directora del Instituto Armado.

Estas cartas propiciaron que Correos abriera una investigación, solicitando la "retirada inmediata" del servicio del vigilante de seguridad del centro de tratamiento de Vallecas que no detectó en el escáner los tres sobres con municiones en su interior.

Posteriormente, la ministra de Industria, Reyes Maroto, recibió en la sede de este ministerio otro sobre con una navaja en su interior, por el que se ha identificado a su remitente, un vecino de El Escorial (Madrid) con un problema de salud mental que ha enviado otra serie de cartas a, entre otros, la Embajada de Turquía.

En este contexto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recibido órdenes de reforzar las medidas de seguridad de todos los candidatos que aspiran a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo, poniendo servicio de escolta a aquellos que no la tenían ya.

Cinco años de prisión por amenazas

Amenazar a miembros de la clase política puede costar cinco años de prisión al remitente de estas cartas, que podrían tipificarse como delito de amenazas agravado, previsto en los artículos 169 y 170 del Código Penal.

En este último se afirma que "si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior".

A la pertenencia a un grupo profesional de los amenazados, ser cargos públicos, habría que sumar el cuarto agravante recogido en el artículo 22, referido a cometer el delito "por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.

En este caso, el del perfil político, la base de la denuncia podría ser dicha discriminación por motivos ideológicos. No obstante, la proximidad de las elecciones no sería "a priori" un motivo agravante a la hora de dictar sentencia.