El Consejo Fiscal avala la Ley de Memoria Democrática con el voto de desempate de Delgado

El Consejo Fiscal ha informado este jueves a favor del anteproyecto de ley de Memoria Democrática que le remitió el Consejo de Ministros, aunque lo ha hecho dividido porque casi la mitad de sus miembros se oponía al mismo, han informado a Efe fuentes fiscales.

20/04/2021 El presentador del acto, Antoni Benito y la fiscal general, Dolores Delgado durante la ponencia 'La Fiscalía en la Sociedad Democrática' en el Ateneo de Madrid, a 20 de abril de 2021, en Madrid (España).
POLITICA
Jesús Hellín - Europa Press

El informe ha salido adelante con los cuatro votos de los vocales representantes de la Unión Progresista de Fiscales, del fiscal inspector y el de la fiscal general, Dolores Delgado, y con los cinco en contra de los vocales de la Asociación de Fiscales.

Los que la han apoyado sostienen que el informe es asumible por todos y da respuesta a los aspectos jurídicos de la norma, de modo que, para tratar de encontrar un consenso mayor, han renunciado a pedir mejoras en un proyecto legal que creen que "se queda corto".

Es "un paso en el camino de la verdad, justicia y reparación", pero echan de menos que en la ley no se tuviera en cuenta a las víctimas de la represión de género ni se contemplara el acceso a archivos privados (de la Iglesia y de la Fundación Francisco Franco).

Por el contrario, los vocales conservadores consideran que "la redacción confusa, calculadamente ambigua y contradictoria del anteproyecto debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal" con la creación de una Fiscalía de Sala en el Supremo "absolutamente innecesaria".

En un comunicado, la Asociación de Fiscales destaca que "las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica" pero que "los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal" ya que "las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial".

Ahora bien, asociaciones y familiares "tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, al lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento", por lo que el Estado "debe poner todos los recursos necesarios" para ello.

El anteproyecto debe ser informado también por el Consejo General del Poder Judicial antes de volver a la mesa del Consejo de Ministros y ser remitido a las Cortes.

La norma declarará "nulos de pleno derecho" los juicios sin garantías del franquismo y, según los cálculos del Gobierno, permitirá recuperar de las fosas unos 25.000 cadáveres de represaliados en cuatro años.

También prevé transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil en el que se rinda homenaje a las más de 30.000 víctimas de ambos bandos que reposan en la cripta, y prohibirá las fundaciones o asociaciones que reciban fondos públicos "que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales", con la Fundación Francisco Franco en el punto de mira.

La supresión de todos los títulos nobiliarios relacionados con la dictadura, como el ducado de Franco, la retirada de condecoraciones a personas relacionadas con el régimen, un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación de fosas, y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura, son otras iniciativas que incluye la ley.