Los aliados del Gobierno en el Congreso apoyarían tramitar por urgencia el Plan B del PP ante el fin del estado de alarma

Rufián califica de "irresponsable que el Gobierno no clarifique la situación antes del 9 de mayo" y lo relaciona a la campaña del 4-M

Los socios parlamentarios del Gobierno han exigido este martes al presidente, Pedro Sánchez, una alternativa al fin del estado de alarma programado para el próximo 9 de mayo, y de hecho algunos no descartan incluso apoyar la tramitación del 'plan b' jurídico promovido por el PP. En la misma línea de lo que ya le trasladaron al jefe del Ejecutivo la semana pasada durante su comparecencia en el Pleno, ERC, Bildu, Mas País, PDeCAT y Compromís han denunciado que a escasos veinte días del fin del estado de alarma el Gobierno siga sin poner encima de la mesa ninguna medida que de certeza jurídica a las decisiones que las comunidades adopten a partir del próximo día 9.

Coinciden en que es el Gobierno el que debe liderar esta situación pero no rechazan la posibilidad de respaldar la tramitación de la proposición de ley que el PP registró la semana pasada y que articula un 'plan B' jurídico a través de la legislación ordinaria para evitar tener que recurrir en el futuro a la medida excepcional del estado de alarma.

La Mesa de Congreso ha calificado este martes el texto de los 'populares' pero, de entrada y salvo acuerdo de los grupos de última hora, todo apunta a que esta iniciativa no se podrá discutirse antes del día 9, puesto que las dos próximas semanas no hay previsto plenos.

Uno de los partidos más críticos con la actitud del Gobierno ha sido Esquerra Republicana (ERC). Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que su formación apoyaría poder tramitar por urgencia y en lectura única la proposición de Ley del PP que pide un plan B jurídico para unificar criterios en todas las comunidades autónomas cuando expire la declaración del estado de alarma el 9 de mayo.

También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se ha mostrado a favor de apoyar esta iniciativa y encontrar una solución común para evitar que haya sentencias contradictorias ante medidas restrictivas o de movilidad que puedan aprobar las diferentes autonomías.

"Estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad. Lo que es una irresponsabidad es que gente como Urkullu, Tximo Puig o Aragonès se enteren de que acaba el estado de alarma sin alternativa por los titulares", ha aseverado Rufián en rueda de prensa en el Congreso.

Rufián ha criticado que el Gobierno no ha cumplido con el compromiso de hacer un nuevo marco legal para poder recurrir a un estado de alarma menos "nocivo" en cuanto a las libertades y ha reiterado : "Sí estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad".

Limitación mínima y con garantías

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha instado a que se permita de "manera rápida" el debate de instrumentos jurídicos para dar "certidumbre" a las autoridades en la desescalada.

El PP aboga por un levantamiento del estado de alarma donde haya una "limitación mínima" de los derechos y libertades de los españoles, "con garantías" y "sin tener que recurrir a medidas extremas".

En este sentido ha pedido a la Mesa del Congreso que "como hace con los partidos de la coalición" no agote el plazo para informar favorablemente una iniciativa.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, también ha lamentado la falta de respuesta del Gobierno y el "desconcierto" que generará que no haya medidas ni pronunciamientos más allá de la ley ordinaria de Salud Pública.

"Sería irresponsable que el Gobierno no clarifique la situación antes del 9 de mayo", ha recalcado al tiempo que Rufián ha considerado que el "silencio" del Ejecutivo viene motivado por la campaña electoral en Madrid porque "se enfrentan a un latifundio creado por Ayuso y creen que les puede restar votos si la gente no se puede tomar cañas".

Por su parte, Baldoví ha sido tajante al señalar que "yo no estaría en contra... cualquier medida si puede ayudar nosotros no estaríamos en contra aunque venga del PP".

Baldoví ha coincidido en que hay una inseguridad y muchos gobiernos autonómicos "del mismo signo que el Ejecutivo y de diferente tienen inseguridad de qué va a pasar".

"No me importaría que se sentaran y que fuera esta u otra la solución. Que se escuchara a los presidentes autonómicos y que saliéramos con la certeza de que a partir del 9 de mayo no habrá sentencias contradictorias a medidas iguales", ha considerado también en rueda de prensa.

El Gobierno acusa al PP de "enredar"

Por su parte, la ministra de Hacienda y Portavoz el Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al PP de estar enredando con su propuesta de 'plan B'. En este sentido, ha dejado claro que los derechos fundamentales tienen que tener un marco muy restrictivo y no ve conveniente incorporarlo a leyes ordinarias de CCAA.

Montero ha asegurado que la posición del PSOE en el Congreso a este respecto la tendrá que transmitir el Grupo Parlamentario, dejando claro que ella sólo transmite la postura del Ejecutivo. Y esta es clara, se ha negado en redondo a modificar la Legislación vigente en materia de Salud Pública y se ha remitido continuamente a las decisiones que se adopten en el Consejo Interterritorial de Salud que, según ella, son de "obligado cumplimiento".

Montero se ha centrado en atacar al PP al asegurar que la contradicción de este partido es "palmaria" porque en otras ocasiones con una incidencia de la pandemia muy superior o igual a la actual, se ha negado a apoyar la prórroga del estado de alarma en el Parlamento. Y ha recordado de paso que para algunas prórrogas se tuvieron que llevar a cabo "negociaciones muy complicadas" en el Parlamento.

Ahora, según la Portavoz, ambos partidos mayoritarios, PSOE y PP, están de acuerdo en no prorrogar la alarma, aunque ha puesto de manifiesto las contradicciones de los presidentes autonómicos del PP alegando que unos lo piden y otros no. "El PP está enredando con este tema y no sabe ni lo que quiere", ha espetado.

La ministra ha defendido la posición del Ejecutivo de no llevar a cabo reformas legislativas alegando que el Gobierno "considera que la restricción de los derechos fundamentales es algo muy serio y no se puede dejar en manos de las CCAA una restricción que está bien articulada en la Constitución". En este sentido, ha precisado que para adoptar el estado de alarma se tienen que producir situaciones "muy excepcionales" y no ha considerado conveniente "descentralizar" estas decisiones, sobre todo cuando la Constitución delimita esta figura.

Sin embargo, ante la pregunta de si el Consejo Interterritorial podrá adoptar la decisión de llevar a cabo cierres perimetrales de CCAA incluso si no cuentan con el consentimiento de las afectadas, la Portavoz del Ejecutivo no ha respondido y se ha remitido a que la respuesta la de la ministra de Sanidad. "Sería muy osada si me anticipo a cualquier cuestión que no ha sido debatida", ha alegado, remitiéndose también a que conteste el Consejo Interterritorial con "criterio técnico" sobre esta medida u otras de otro tipo.

Aún así, la Portavoz ha insistido en que el "objetivo" es que tras el 9 de mayo no sea necesaria la prórroga del estado de alarma y ha insistido en que el Ejecutivo cree que no será necesario. Aunque ha admitido que todo este tipo de decisiones están moduladas por la incidencia epidemiológica y el criterio "experto y sanitario" que es la que, ha dicho, marca la decisión política.