Bruselas pide al Gobierno y la oposición un pacto para que los jueces elijan al menos la mitad del CGPJ

La Comisión Europea ha dado este martes por buena la reforma que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no se renueve su mandato, pero ha advertido de que es una solución temporal "insuficiente" a largo plazo porque es necesaria una "reforma estructural", pactada entre las fuerzas políticas, para que la mayoría de los vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por sus pares. Así se ha pronunciado este martes el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders unas horas después de que el Gobierno de Pedro Sánchez renunciara a su polémica reforma del sistema de mayorías para la elección del CGPJ tras los recelos suscitados en la UE.

"Es muy importante completar la renovación del CGPJ y después llevar a cabo una reforma estructural que esté en pleno cumplimiento con los estándares europeos", ha dicho el comisario Reynders en un encuentro con Europa Press y otros medios en Bruselas. El comisario europeo celebra --como lo hizo horas antes la vicepresidenta comunitaria Vera Jourova-- el anuncio del Gobierno de la retirada definitiva de la reforma del sistema de elección del CGPJ, porque a su juicio suponía un "paso atrás" que, de haberse mantenido, hubiera obligado al Ejecutivo comunitario a plantearse llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El comisario no ve "grandes problemas" en la reforma que limita las funciones del CGPJ siempre que le siga la renovación y el compromiso de una reforma de fondo. También rechaza tajante que exista un riesgo "sistémico" en España para el Estado de derecho. Por ello, ha añadido, Bruselas "en ningún caso" contempla iniciar el proceso que prevé el artículo 7 del Tratado de la UE para actuar contra países en donde teme que la calidad democrática esté amenazada, como sí ha ocurrido hasta ahora en los casos de Polonia y Hungría.

El que fuera viceprimer ministro belga dice ser consciente de que no habrá sido "fácil" abrir canales de diálogo en España durante unos años que incluyen dos convocatorias de elecciones generales en 2019, una pandemia y la celebración de elecciones en los últimos meses en varias Comunidades Autónomas. Pero Reynders insiste en que es clave que todos los actores se impliquen en un proceso a medio y largo plazo que permita sacar una reforma que alinee el sistema judicial español con los estándares europeos.

Bruselas se apoya en el Consejo de Europa para reivindicar que "al menos la mitad" de los vocales que forman el Consejo General del Poder Judicial sean elegidos "por sus pares". "Sé que la situación es compleja en España", ha indicado Reynders, que ha evitado señalar a Gobierno o a la oposición como responsables del bloqueo en la renovación del CGPJ y ha recordado que no es una situación nueva, sino que se arrastra desde hace años.

Por ello ha apuntado la "necesidad de que todas las fuerzas políticas vuelvan a la mesa" de negociación y logren la mayoría cualificada necesaria para designar los últimos nombres para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "También pedimos a todos los actores en este proceso político que se comprometan a organizar una reforma estructural que esté en pleno cumplimiento de los estándares europeos y haya en el futuro una reforma que permita que una mayoría de los jueces del CGPJ sean elegidos por sus pares", ha resumido.

En todo caso, Reynders ha enmarcado este análisis en el proceso anual que pilota la Comisión para evaluar el Estado de derecho en cada Estado miembro y recordado que este examen incluye "observaciones" para todos los países de la UE, "no solo en el caso de España". Bruselas prevé publicar su próxima evaluación en el mes de julio. En este contexto, las cuestiones pendientes más relevantes en el caso de España tienen que ver con el sistema judicial, en especial con la renovación del CGPJ y asegurar que no sea percibido cómo un órgano "vulnerable a la politización", así como las reservas por que el nombramiento del Fiscal General dependa del Ejecutivo.

Estas opiniones ya fueron recogidas en el primer informe de septiembre de 2020 y Bruselas mantiene contactos con el Gobierno, el mundo judicial y otros actores relevantes durante este año para observar la evolución.

El Gobierno renuncia a su polémica reforma

El Gobierno anunció este martes que iba a pedir al PSOE y Unidas Podemos la retirada de la reforma registrada en el Congreso para rebajar las mayorías exigidas para elegir al CGPJ, iniciativa que suscitó recelos en Bruselas y con la que se quería presionar al PP para negociar la renovación de ese órgano. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apuntado que el lunes comunicó esta decisión a la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y ha considerado que el PP se queda "sin excusas" para no negociar la renovación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió dejar en suspenso ya el año pasado esa reforma después de que el Consejo de Europa y de que la Comisión Europea advirtieran de que vigilarían de cerca el asunto para evitar una politización del CGPJ. PSOE y Unidas Podemos optaron entonces por cambiar la ley para impedir al CGPJ hacer nombramientos mientras esté en funciones, situación en la que se encuentra desde hace más de dos años.

La vicepresidenta de la Comisión Europea consideró que esa reforma está, en principio, en línea con el Estado de derecho, pero destacó que "hace aún más urgente la necesidad de elegir nuevos miembros del CGPJ". Campo ha subrayado ese aval de Bruselas y ha enmarcado la retirada en la necesidad de evitar distracciones y centrar todos los esfuerzos en mejorar la eficiencia de la Justicia. La retirada de la proposición de ley, que ya estaba congelada, es para el Gobierno un gesto frente a quienes se dedican a poner palos en las ruedas.

Pero desde el Congreso, el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha señalado a los periodistas que desconocía el anuncio que ha hecho Campo y ha indicado que no está de acuerdo en retirar la reforma hasta que no haya una propuesta alternativa. Su compañera Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y sentada junto a Campo, acusa al PP de estar "en rebeldía con el cumplimiento de la Constitución" y se ha mostrado convencida de que si fuera el Gobierno el que bloqueara la renovación "sería un auténtico escándalo democrático"

El ministro de Justicia ha reiterado que la renovación del CGPJ es "absolutamente urgente" y ha instado al PP a "dar un paso atrás" en su estrategia de bloqueo. No ha respondido sin embargo cuando le han preguntado si el Gobierno está dispuesto a retirar la candidatura del juez José Ricardo de Prada. El PP rompió las ultimas negociaciones por ese nombre, ya que lo consideran una propuesta de Podemos y se niega a negociar con ese partido.

Campo ha apostado por reactivar las negociaciones cuanto antes, sin tener que esperar a que pasen las elecciones madrileñas y en su "optimismo metabólico" ha insistido en que un pronto acuerdo es posible porque hay "muchísimo camino avanzado".

A su juicio además, con la aprobación hoy por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de eficiencia organizativa en la Justicia el PP "quizá tiene un argumento menos para oponerse" a renovar el CGPJ, ya que la norma profundiza en "la democracia interna" del Poder Judicial.

Con esa ley, los actuales juzgados unipersonales quedan sustituidos por tribunales de instancia, con sus respectivas secciones según los distintos tipos de asuntos.

Los jueces serán los encargados de elegir a los órganos de gobierno de estos tribunales, con lo que se ensanchan sus oportunidades de participar en su autogobierno, destaca el Ministerio.

Campo ha resaltado que el ley incrementa también la seguridad jurídica, ya que se establecerán criterios interpretativos comunes para los miembros del tribunal y los jueces que se separen de ellos deberán motivar sus razones.

Según el anteproyecto, habrá 431 tribunales de instancia, tantos como partidos judiciales. La ley creará también oficinas de justicia en los municipios, una evolución de los actuales juzgados de paz con las que se quiere acercar los servicios de la administración de justicia a la población que vive en áreas rurales.

El PP achaca la decisión a su "presión política" y a la de la UE

El PP ha asegurado que la reforma era "inconstitucional" y ha achacado su retirada a la "presión política" que han ejercido junto a la UE y jueces y magistrados españoles. Dicho esto, ha defendido reforzar la independencia judicial y ha solicitado al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez que "escuche" al primer partido de la oposición.

Según Enrique López, secretario de Justicia e Interior del PP, la reforma del Gobierno "era un completo sinsentido, inconstitucional y anti europeo" que, además, ponía al Ejecutivo de España "más cerca de Venezuela que de Venecia", en alusión al órgano consultivo del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia.

"La presión política del PP, la UE y los jueces y magistrados españoles han doblegado una grave pulsión autoritaria y radical del peor sanchismo", ha proclamado López en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el responsable de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que hay que reforzar la independencia judicial y la separación de poderes, como Casado "planteó desde el primer momento a Pedro Sánchez". "También en esta cuestión el Gobierno tendría que escuchar al PP", ha manifestado Montesinos en la misma red social.

Podemos lo rechaza hasta que no haya una alternativa

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha indicado que no está de acuerdo en retirar la reforma registrada hasta que no haya una propuesta alternativa.

En una rueda de prensa en el Congreso este martes, Asens ha dicho que no conocía el anuncio realizado minutos antes por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que pedirá esa retirada a los grupos del PSOE y Unidas Podemos, y al ser informado por los periodistas ha expuesto su oposición.

"Nosotros estamos dispuestos a estudiar otros mecanismos de desbloqueo, pero de momento no tenemos ninguno sobre la mesa", ha señalado Asens, y ha añadido: "Hasta la fecha nos parece la mejor solución y hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa".

Asens ha incidido en que desde su grupo están "abiertos" a estudiar cualquier alternativa para superar los bloqueos en el nombramiento y ha recordado que con la propuesta que registraron junto con el PSOE no se modificarían las mayorías en primer término, sino solo ante situaciones de bloqueo.

Un bloqueo como el actual, ya que Asens ve al Consejo "en una situación de ilegitimidad gravísima" para la que hay que encontrar alguna "vía de solución".

 

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