La Comisión Europea avala que la limitación del CGPJ en funciones se alinea con el Estado de derecho

La vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, transmitió este lunes al ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, que la renovación del Consejo General del poder Judicial es “aún más urgente” tras la entrada en vigor de la reforma que le impide aprobar nombramientos si está en funciones.

Ambos mantuvieron un encuentro virtual este lunes en el que abordaron “asuntos actuales de interés común”, entre los que figuró la situación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, un caso que “es importante abordar asegurando que no se percibe (al CGPJ) como vulnerable a la politización”, dijo Jourová,

“Tomo nota de que la reciente reforma que limita los poderes del CGPJ cuando tiene miembros en funciones parece estar, en principio, en línea con el Estado de derecho y los mecanismos de controles y balances en España. Una reforma como ésta hace aún más urgente la necesidad de elegir nuevos miembros del CGPJ”, incidió la política checa.

Esto permitiría al organismo, añadió, “cumplir por completo su papel institucional esencial”.

Jourová reiteró a Campo que, como ya ha expresado la Comisión Europea en el pasado, este tipo de reformas “siempre debería acompañarse de amplias consultas”.

Por otro lado, Jourová aseguró que el ministro le había garantizado que el Gobierno español no seguirá adelante con la reforma propuesta para el sistema de elección de los miembros del CGPJ, sobre la cual la Comisión tenía "serias dudas”, y añadió que Campo le había informado de su “intención de concentrar esfuerzos en reformas para incrementar la eficiencia del sistema judicial”.

Por ello, Jourová dijo esperar que la propuesta anterior, que implicaba sustituir la mayoría reforzada de tres quintos de las Cámaras por mayoría absoluta para elegir a los miembros de este organismo, “sea retirada pronto”.

Los avances en el CGPJ formarán parte de la próxima edición del informe sobre Estado de derecho de la Comisión Europea, después de estrenar la publicación en el año 2020 con un aviso a España sobre el “desafío” que suponía la renovación de este organismo.

“Me gustaría agradecer a las autoridades españoles su continuo compromiso con el ejercicio del mecanismo de Estado de derecho. El Estado de derecho en la Unión sólo puede sostenerse si todos los actores se involucran por complete en ello”, afirmó Jourová.

El martes pasado, la Comisión Europea confirmó que había recibido y que respondería "en el mínimo detalle" la carta remitida por más de 2.500 jueces españoles para pedir que inicie un procedimiento ante lo que consideran un "riesgo claro de violación grave del Estado de derecho" en España, donde la CE hará "visita virtual" a finales de este mes de cara a la elaboración del informe sobre el Estado de derecho correspondiente a 2001, algo que está haciendo con todos los Estados miembros.

Esa carta fue impulsada por tres de las cuatro asociaciones judiciales, APM, Foro Judicial y Francico de Vitoria; la progresista Juezas y Jueces para la Democracia no se ha sumado.

Las asociaciones decidieron recurrir a Europa por su "inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España", tras las dos iniciativas legislativas de PSOE y Podemos.

Hasta 46 vacantes sin cubrir

El pulso que desde hace dos años y medio mantienen PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y la polémica reforma legal con la que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos pretendían limitar sus funciones, mantienen en jaque a la justicia española. Un total de 46 vacantes siguen sin cubrirse dentro de este órgano, entre las que se encuentran nueve plazas de magistrado en el Supremo y seis de Tribunales Superiores de Justicia.

El PSOE quiere que el Congreso apruebe este miércoles una iniciativa para urgir a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otros órganos constitucionales y para censurar el "bloqueo" que, según denuncia, está llevando a cabo el PP.

En concreto, someterá a votación en la Comisión de Calidad Democrática una proposición no de ley para que el Congreso manifieste "la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales" y rechace "cualquier intento de vulnerar los plazos recogidos en la Constitución española a través del bloqueo a dicha renovación".

El PSOE y Unidas Podemos ya cerraron un acuerdo con el PP y con el PNV para la renovación del Consejo de RTVE e incluso hubo negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también hay otras instituciones cuyo mandato ha caducado, como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.

Y a la lista se ha sumado el Tribunal de Cuentas, que acaba de comunicar al Congreso y al Senado que su mandato acaba en julio y que debe iniciarse su renovación. Dadas las mayorías exigidas, todos estos órganos requieren un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición.

En la misma sesión, los 'populares' defenderán otra iniciativa que persigue que la Cámara pida a todos los miembros del Gobierno que "respeten la independencia de jueces y magistrados", tal y como ordena el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También persigue que la Cámara emplace al presidente y los ministros a evitar "lanzar acusaciones de falta de imparcialidad" sobre los jueces y que "se abstengan de atacar al Poder Judicial y a la Justicia" a la que la Constitución consagra como "valor superior del ordenamiento jurídico y del Estado Social y Democrático de Derecho".

El PP presentó esta proposición no de ley hace un año, después de que el CGPJ se quejara de las críticas vertidas por varios miembros del Gobierno, entre ellos el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ante la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso a la portavoz de Podemos, Isa Serra, (19 meses de cárcel y a una multa de más de 2.000 euros) por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños durante una concentración para parar un desahucio.

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