90 aniversario de la Segunda República: desmontando bulos contra su legado

El 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República ha reavivado la difusión de falsedades sobre el legado social de esta etapa democrática fáciles de desmontar, como ha podido constatar EFE VERIFICA.

EL PSOE NO VOTÓ CONTRA EL SUFRAGIO FEMENINO

Una de las creencias erróneas más asentadas sobre este periodo histórico es la que sostiene que el PSOE rechazó introducir el derecho al voto de la mujer en la Constitución de 1931.

Casi un siglo después, hay mensajes en las redes sociales que propagan esta versión falsa de los hechos.

Algunos destacan la oposición de la diputada del PSOE Margarita Nelken a la aprobación del voto femenino, algo que llegó a afirmar el exministro de Justicia del PP Alberto Ruiz-Gallardón en 2013.

En realidad, la mayor parte de los 115 diputados del PSOE votó a favor de aprobar el sufragio activo femenino y el resto se abstuvo, como demuestran el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, las crónicas periodísticas de la época e investigaciones académicas.

La votación clave sobre la universalización de este derecho se celebró el 1 de octubre de 1931 y tuvo como resultado 161 votos a favor y 121 en contra.

La abstención fue muy elevada, del 40 %, ya que 188 de los 470 diputados se ausentaron de la sesión o no participaron de la votación.

El diario vespertino La Voz informaba ese día: "Tanto de los bancos radicales como en los de los socialistas se han ausentado buen número de diputados".

"Contra el artículo votan los radicales, Acción Republicana y radicales socialistas", añadía el periódico madrileño, que se puede consultar en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional.

Es decir, que los socialistas del PSOE no votaron en contra del voto femenino, aunque sí lo hicieron los del Partido Radical Socialista, una formación distinta.

Un estudio del jurista Juan Carlos Monterde sobre el voto femenino en la Segunda República subraya: "Votaron a favor el Partido Socialista (con la destacada excepción de Indalecio Prieto, quien lo consideró una puñalada para la República), pequeños núcleos republicanos (catalanes, federales, progresistas, galleguistas, Al servicio de la República), y la derecha".

"En contra lo hicieron Acción Republicana, y los Partidos Radical y Radical-socialista, salvo Ruiz Funes, Castrovido, o Clara Campoamor, entre otros", añade Monterde.

La posición crítica de algunos diputados del PSOE, como Margarita Nelken, se debía a la creencia de que el voto femenino sería mayoritariamente conservador por la influencia de la Iglesia e iría contra la República.

La investigación de Monterde fue citada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en 2013, José Luis Ayllón, en una respuesta parlamentaria a una pregunta de dos diputados del PSOE sobre la afirmación de Ruiz-Gallardón.

En esa misma contestación, Ayllón citaba un tuit de Eduardo Madina en el que el entonces secretario general de los socialistas en el Congreso cifraba en 83 el número de diputados del PSOE que apoyaron la ampliación del voto a la mujer.

Esa votación del 1 de octubre de 1931 fue nominal, por lo que el Diario de Sesiones recoge los diputados que se manifestaron en favor y en contra, aunque lo hace con algunos errores de transcripción que impiden una revisión precisa a través del índice de parlamentarios del Congreso.

En todo caso, la documentación histórica confirma el apoyo mayoritario del PSOE a la implantación del voto femenino.

LA LEY REPUBLICANA DE VAGOS Y MALEANTES NO PERSIGUIÓ A HOMOSEXUALES

Otra de las falsedades atribuidas a la Segunda República es la de que persiguió a los homosexuales con la Ley de Vagos y Maleantes.

En las redes sociales, hay usuarios que comentan que esta norma "perseguía homosexuales" y "la firmó la República el 4 de agosto de 1933", o reproducen una redacción de esa ley que no corresponde al texto aprobado por el Gobierno republicano, sino que es posterior.

La Segunda República aprobó la primera versión de la Ley de Vagos y Maleantes en 1933, pero en ella no se incluía a los homosexuales, algo que hizo la reforma franquista de 1954.

Estos hechos quedan demostrados con la consulta de los documentos oficiales.

En 1933, la Gaceta de Madrid -antecedente del Boletín Oficial del Estado (BOE)- publicó la citada ley, que en ningún caso incluye a los homosexuales.

En 1954, el BOE dejaba constancia de la modificación para incluir a los homosexuales entre las personas que podrían ser declaradas "en estado peligroso".

La norma fue sustituida en 1970 por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, con un texto en el que se mantenía la represión de los "actos de homosexualidad", y que en la actualidad se difunde en Twitter haciéndolo pasar por la ley republicana de 1933.

NO SE EXPOLIÓ EL ORO DEL BANCO DE ESPAÑA PARA EVADIRLO A MOSCÚ

Una de las leyendas más extendidas sobre la Segunda República es la del "Oro de Moscú", que sostiene que, tras el estallido de la Guerra Civil, los republicanos expoliaron las reservas de oro del Banco de España para entregárselas a la Unión Soviética.

En realidad, no hubo expolio ni entrega incondicional a la URSS, sino un decreto del Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero que autorizaba el traslado de gran parte de esas reservas a un lugar que se considerara seguro ante el avance enemigo.

El decreto fue emitido en septiembre de 1936 por el entonces ministro de Hacienda, Juan Negrín. En 2014, la fundación que lleva el nombre del dirigente socialista abrió sus archivos para mostrar cómo se gestionaron aquellos fondos con el fin de dotar de liquidez a la República ante el boicot del sistema financiero internacional.

Frente a la política de "no intervención" que le privaba de ayuda de las democracias europeas y ante el avance de los sublevados (a quienes suministraban directamente la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini), el Gobierno republicano optó por trasladar a la URSS el 73 % del oro del Banco de España, la cuarta reserva metálica más importante del mundo.

Y, ¿qué pasó con el bautizado por el franquismo como "Oro de Moscú"?

El Gobierno republicano decidió evacuar las reservas cuando el Ejército sublevado había cerrado la frontera con Francia y empleó las divisas resultantes en comprar armas y todo lo necesario para financiar la economía no bélica: materias primas, productos energéticos, alimentos...

HUBO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ANTES DE FRANCO

Aunque fue con Francisco Franco cuando se acuñó el nombre de "Seguridad Social", el origen de las políticas de protección social fue muy anterior a la dictadura: un mes después de ser proclamada la Segunda República, el Gobierno aprobó su primera norma en este ámbito para crear un seguro de desempleo.

Un decreto del 25 de mayo de 1931 establecía este seguro, de carácter voluntario y basado en el sistema de libertad subsidiada, por el que el Estado subvencionaba a los sindicatos o mutuas que ofreciesen el subsidio de paro con un 50 % de la indemnización.

La Constitución aprobada en diciembre de aquel año establecía además que la legislación social republicana regularía también los seguros de enfermedad, accidentes, vejez, invalidez y muerte, pero el estallido de la Guerra Civil impidió completar este proceso y no entraron en vigor los subsidios por enfermedad e incapacidad laboral.

En todo caso, durante la República se produjo un rápido crecimiento del gasto social que se estancaría en los primeros años del franquismo, cuyo imperfecto modelo de prestaciones estuvo muy lejos del sistema redistributivo vigente hoy en España.

Las primeras prestaciones que percibieron los españoles habían surgido de la Comisión de Reformas Sociales constituida en 1883 para estudiar cómo mejorar el bienestar de la clase obrera. En 1900 se creó el primer seguro social, de accidentes de trabajo, y en 1908 nació el Instituto Nacional de Previsión para gestionar las nuevas prestaciones.

De este modo, ya antes de la proclamación de la República entraron en vigor otros seguros sociales, como el Retiro Obrero (1919) y el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923).

Y TAMBIÉN HABÍA VACACIONES PAGADAS

En contra de una falacia muy extendida, no hubo que esperar tampoco a la dictadura de Franco para que los españoles disfrutaran de vacaciones pagadas. Este concepto se aplicó por primera vez a todos los asalariados precisamente con la Segunda República.

La Ley del Contrato de Trabajo de 1931 establecía que "el trabajador tendrá derecho a un permiso ininterrumpido de siete días".

Tras la Guerra Civil, hubieron de pasar cinco años hasta que Franco regulara este derecho. Y lo hizo con un decreto de enero de 1944 en el que reafirmaba la concesión de un "permiso anual retribuido al menos de siete días laborales ininterrumpidos".

Fue ya después de la muerte de Franco cuando se amplió a 21 días la "duración mínima de las vacaciones" con la ley de Relaciones Laborales de 1976 y a 23 días con el Estatuto de los Trabajadores de 1980.

El actual mes de vacaciones fue garantizado por el Gobierno socialista de Felipe González en una norma de 1983 bautizada como "Ley de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días".

Eso sí, los antecedentes de este derecho se encuentran en 1918, cuando una ley otorgó 15 días al año de ausencia laboral a empleados públicos, maestros y militares. Y a esta norma se sumó otra en 1919 que concedió un mes de permiso remunerado a oficiales de la marina mercante.

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