El Gobierno plantea a Bruselas reducir a tres los tipos de contrato en España: 'estable', 'temporal' y 'de formación'

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno enviará a Bruselas este mes de abril contempla reformas en el mercado de trabajo que incluye la simplificación de los tipos de contratos en España a un total de tres, con el fin de reducir la dualidad del mercado.

Según se desprende del documento de más de 200 páginas en el que se desgranan las reformas e inversiones del Plan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expondrá este miércoles ante el Congreso de los Diputados, los tres tipos de contrato serían 'estable' para el conjunto de las actividades, otro 'temporal' para las que tengan esa naturaleza y uno 'de formación' para la inserción, en particular, en el mercado laboral.

"La reducción de la dualidad supone el elemento fundamental para alinear el mercado laboral español con los más avanzados de nuestro entorno, reforzar la inversión en capital humano y reducir la precariedad y las brechas sociales", argumenta el Ejecutivo en el Plan.

Por ello, se plantea un programa de reformas que tiene por objeto reducir la temporalidad, el desempleo estructural y el desempleo juvenil hasta llegar a la media europea

Dentro de este punto también se recoge el impulso de nuevos instrumentos de "flexibilidad interna" alternativos al despido y la alta temporalidad, mediante los mecanismos de ajuste del tiempo de trabajo ante caídas de la demanda cíclicas o extraordinarias y de acompañamiento de procesos estructurales de transición en sectores en reconversión.

El Gobierno también contempla en su plan de reformas en el mercado de trabajo la garantía de un trabajo digno mediante una regulación adecuada del teletrabajo, los repartidores de plataformas digitales y las subcontratas, así como la modernización de los mecanismos de negociación colectiva.

Esta reforma, según recalca el Ejecutivo, debe ser abordada en el marco del diálogo social, orientada a reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo.

Además, se dará un impulso a las políticas activas de empleo, orientándolas a la capacitación de los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones que requiere la economía y, por otro lado, la digitalización del SEPE será una importante reforma que contribuirá a la modernización y eficiencia de los servicios de empleo.

La inversión en políticas públicas para un mercado de trabajo "dinámico, resiliente e inclusivo" alcanza los 2.363 millones, con el foco en el empleo joven, las políticas de apoyo a la activación para el empleo y nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.

Sostenibilidad de las pensiones

Por su parte, la reforma de las pensiones que pretende abordar el Gobierno está orientada a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, manteniendo el poder adquisitivo, preservando su papel en la protección frente a la pobreza y garantizando la equidad intergeneracional.

Así, y apoyándose en la aprobación de las recomendaciones del marco del Pacto de Toledo, el Gobierno propone la puesta en marcha de un paquete de medidas complementarias entre sí que serán elevadas al diálogo social e incluyen la separación de fuentes de financiación, la puesta en marcha de un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo o la continuación del proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas.

Además, se plantea la adecuación a los nuevos modelos de carrera profesional del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, la integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos, con un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social según los ingresos reales y la modificación del complemento de maternidad de pensiones mediante un nuevo diseño, con el objetivo de compensar el coste que el nacimiento y el cuidado de los hijos tiene para los progenitores, fundamentalmente para las madres.

También se plantea la revisión del sistema de previsión social complementaria, fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas y la "adecuación" de la base máxima de cotización del sistema.

Revisión de todos los impuestos

El Plan de Recuperación contempla además una revisión "en profundidad" de las figuras fiscales actuales, así como la incorporación de nuevos tributos "de acuerdo con las tendencias más recientes" para "incrementar" la suficiencia financiera del sistema tributario de acuerdo con el compromiso de sostenibilidad del gasto público.

Aunque no detalla en qué consistirá dicha reforma fiscal, a la espera de que el Comité de Expertos recientemente constituido tenga sus primeras conclusiones, sí se compromete con Bruselas a mejorar la recaudación y eficiencia del sistema fiscal a través del "ensanchamiento de las bases tributarias" reducidas por las "numerosas exenciones y deducciones", así como evaluar si los actuales beneficios fiscales cumplen los objetivos para los que fueron creados o "si deben revisarse".

En concreto, habla de "incrementar la recaudación" de los impuestos personales (el más importante es el IRPF) para hacerlos más "progresivos y justos" y también apuesta por "elevar la recaudación" del Impuesto sobre Sociedades "en línea con los principales países del entorno".

"Deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes", subraya el documento del Gobierno, que también se compromete a "profundizar" en el diseño de la fiscalidad verde.

Sobre el análisis de los beneficios fiscales, afirma que se realizará una revisión "exhaustiva" con el fin de verificar si cumplen los objetivos por los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, está justificado. Asimismo, defiende la reforma de los impuestos ya existentes para reforzar su eficiencia, eliminar algunas "disfunciones" y adaptar los "incentivos" al impulso de la actividad económica y el empleo.

En materia de fiscalidad verde, afirma que se establecerán los impuestos ya anunciados sobre residuos en vertedero e incineración y otro que grave el plástico de un solo uso, al tiempo que se modificará el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, se afrontarán reformas en materia de movilidad sostenible y se revisarán bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante.

También incluye en la reforma fiscal los nuevos impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales, en vigor desde enero de este año.