El Gobierno no cambiará la ley para afrontar el fin del estado de alarma porque "ya hay instrumentos"

Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, se suma a Calvo al afirmar que las comunidades cuentan con mecanismos "de sobra"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha avisado este miércoles de que no van a modificar ninguna legislación para afrontar la nueva fase que se abrirá el 10 de mayo con el fin del estado de alarma, porque no es necesario. Esto será posible, según Calvo, gracias a las competencias de las comunidades en materia de salud, a que la legislación sanitaria "permite muchas respuestas", y a que la justicia ha avalado que las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) son de "obligado cumplimiento".

"No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo. El 10 de mayo tenemos instrumentos ordinarios para que a cada paso que vayamos dando, se puedan resolver con el acuerdo continuo de coordinación de las comunidades autónomas y el gobierno, sabiendo que las acciones coordinadas las tenemos que cumplir", ha afirmado.

Así lo ha asegurado al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en Mérida junto al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con motivo de su visita oficial a esta comunidad.

Según Calvo, el Gobierno ha decidido no prorrogar más allá del 9 de mayo el estado de alarma porque "no se puede tener una situación indefinida de esta naturaleza", y porque existen instrumentos suficientes para hacer frente a la pandemia ahora que ya ha bajado la incidencia, que además ya se usaron en el verano de 2020, antes de que se volviera declarar el estado de alarma.

"Lo tenemos ensayado, y con buena respuesta de nuestros tribunales, como la que ha dado el Tribunal Supremo no hace más de diez días. Con toda esta capacidad de respuesta jurídica y política estamos preparados para afrontar el día siguiente de la desaparición del estado de alarma", ha zanjado.

Iglesias se suma a Calvo: Hay mecanismos "de sobra"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este miércoles que las comunidades autónomas tienen "mecanismos jurídicos de sobra" para aplicar restricciones más allá del 9 de mayo, y ha recordado que pueden también pedir al Congreso decretar el estado de alarma en sus territorios.

"Para eso están los grupos parlamentarios", ha dicho Iglesias en referencia a que, aunque el Gobierno haya decidido no alargar el estado de alarma, las comunidades pueden seguir con restricciones con las que él está seguro que el Ejecutivo colaborará.

En una entrevista en Antena 3, el exvicepresidente se ha mostrado convencido de que el Gobierno seguirá abierto a consultar y tomar decisiones en conjunto con las comunidades y los ayuntamientos sobre la pandemia.

Preguntado sobre si hay electoralismo en la presentación, este martes, del plan de vacunación por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho "todos querríamos que la solución y el fin llegue antes" pero ha pedido no convertir en una confrontación una cuestión de salud pública como son las vacunas.

Fin del cierre de fronteras entre CCAA y el toque de queda

Diversos constitucionalistas advierten de que si decae el estado de alarma también supondrá el fin tanto de los cierres de frontera entre comunidades autónomas como del toque de queda, ya que son restricciones que afectan a derechos fundamentales. En este sentido, diversos expertos indican que a partir de ese 9 de mayo las comunidades autónomas, aunque se coordinen en el Consejo Interterritorial de Salud, vuelven a la situación anterior al estado de alarma y por lo tanto sólo pueden adoptar "medidas ordinarias" en materia de sanidad.

No obstante, indican que para situaciones graves pueden llegar a limitar derechos fundamentales pero sólo en casos muy definidos e individualizados valiéndose de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986.

Dicha norma en su artículo tres señala que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

Atendiendo a esto, los expertos indican que sí que podrían verse aun cierres perimetrales, pero serían de zonas sanitarias, barrios o como mucho de ciudades, nunca de toda una comunidad autónoma. Además, esos cierres que se adoptarían por decreto tendrían que contar con el aval de los tribunales.

De esta forma, señalan que se vuelve a la situación que se vivió el verano pasado, y que las administraciones autonómicas sí que podrían por ejemplo restringir horarios comerciales y de hostelería.

Por su parte, desde las asociaciones judiciales señalan que las comunidades autónomas pueden ordenar restricciones por razones de salud pública, pero siempre que no afecten a los derechos fundamentales. Concepción Rodríguez, del Foro Judicial Independiente (FJI), recuerda que la limitación de la circulación y permanencia de personas en determinados lugares están incluidas entre las restricciones que reserva la ley de 1981 para el Estado de Alarma.

Las medidas que pudieran adoptar las comunidades autónomas, en todo caso, no podrán ser como las actuales, para las que se precisa estado de alarma en opinión de María Jesús del Barco, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Así, ha recordado que entre el pasado mes de julio y el actual estado de alarma se impusieron algunas normas en algunos territorios que fueron impugnadas ante los tribunales superiores de justicia que fueron validadas, pues debe estudiarse la proporcionalidad concreta de cada una de ellas.

Con esta opinión coinciden fuentes del Tribunal Constitucional, que insisten en que, aunque es más complicado que existiendo un estado de alarma, las comunidades autónomas podrían adoptar algunas medidas con aprobación judicial, dadas sus competencias en sanidad. Las restricciones de movilidad en todo caso se podrán llevar cuando acabe el estado de alarma al Consejo Interterritorial de Salud.