Estos son los empresarios amigos del Rey emérito que pagaron sus deudas con Hacienda

El Rey emérito Juan Carlos I realizó en febrero una segunda regularización fiscal por la que tuvo que abonar más de 4.395.901,96 de euros a la Agencia Tributaria por rentas no declaradas durante varios ejercicios, que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie. Hasta ahora se sabía que el Rey emérito había reunido esta cantidad a través de una recolecta en forma de donaciones de amigos cercanos. Este martes El Confidencial ha publicado la identidad de algunos de los empresarios que le prestaron el dinero.

Según El Confidencial el artífice de la recolecta habría sido Javier Corsini, un gestor de una de las fincas de caza del Rey, y su hermano Miguel, expresidente de Renfe. Sin embargo, otras fuentes señalan a Félix Sanz Roldán, el exdirector del CNI, como organizador de estas donaciones.

El número de empresarios participantes en esta recogida de fondos no llega a la decena y entre ellos estarían Jaime Castellanos, presidente del banco de negocios Lazard, ex primer ejecutivo de Recoletos; Diego del Alcázar y Silvela, marqués de la Romana y presidente del Instituto de Empresa Business School (IE); Alejandro Aznar, presidente de Bodegas Marqués de Riscal, y  Alicia Koplowitz, de FCC. La mayoría de ellos habrían aportado 250.000 euros.

Sin embargo, El Confidencial también revela que otros empresarios rechazaron participar en la campaña de donaciones como Alberto Alcocer; su primo, Alberto Cortina; Rafael del Pino, presidente de Ferrovial; José Manuel Entrecanales, máximo accionista de Acciona; Borja Prado, expresidente de Endesa, y Juan Abelló.

La estrategia del abogado del Rey Juan Carlos parece clara: anticiparse a las diligencias de la Fiscalía del Supremo pagando a Hacienda. Los asesores del emérito están estudiando los límites del artículo 305 del Código Penal, que prevé la regularización fiscal voluntaria para evitar la apertura de un procedimiento penal antes de que sea notificada ninguna investigación.

Este artículo establece que "se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que la Administración Tributaria le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación".