La Mesa del Parlament rechaza las peticiones de reconsideración y Lluis Puig podrá delegar el voto

El PSC reclama a Borràs un informe sobre su caso y Vox, PP y Ciudadanos llevarán lo ocurrido al Tribunal Constitucional

La mayoría independentista Mesa del Parlament ha avalado que el exconseller Lluís Puig (JxCat), huido en Bélgica, pueda delegar su voto durante el pleno de investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, con la abstención del secretario segundo, Jaume Alonso-Cuevillas, de Junts. Vox, PP y Cs ya han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional y el PSC se plantea hacerlo.

Fuentes presentes en la reunión del organismo parlamentario han explicado que Cuevillas ha justificado su abstención alegando que, como en algún momento ha representado a Puig legalmente, si votara en cualquier otro sentido existiría un "conflicto de intereses".

Pese a esta abstención, la Mesa ha rechazado las peticiones de reconsideración de la delegación de voto de Puig presentadas por PSC, Vox, Cs y PPC gracias a los votos de los demás miembros independentistas de la Mesa de JxCat, ERC y la CUP.

Las peticiones de reconsideración solo han contado con el voto favorable de los dos miembros del PSC, que se han abstenido en el caso de Vox, cumpliendo así con el pacto que firmaron con ERC, Junts, comunes y CUP para "aislar a la extrema derecha".

Fuentes del PSC critican la decisión de la mayoría independentista porque, en su opinión, no tiene "base legal" ya que el último informe de los letrados de la cámara catalana sobre la posibilidad de delegar el voto desde el extranjero "niega" esta opción.

Por este motivo, los socialistas han reclamado a Borràs que pida un nuevo informe a los letrados sobre el caso específico de Puig, para ver si mantienen el criterio de 2018.

Los socialistas se plantean llevar lo ocurrido al Constitucional, algo que Vox, PP y Cs ya han anunciado que harán.

Consideran estos partidos que la delegación de voto de Puig es ilegal porque está "encausado judicialmente" y que no es subsumible en ninguno de los supuestos que recoge el Reglamento del Parlament, por lo que creen la decisión es susceptible de impugnación ante el Constitucional.