El Gobierno planea la limitación de las pensiones en caso de una bajada de precios

El paquete de medidas estudia alargar la edad real de jubilación para que se acerque así a la legal, que este año se sitúa entre los 65 y los 66 años

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha definido la fórmula para revalorizar las pensiones sin que los jubilados pierdan poder adquisitivo. Tras varias propuestas a los agentes sociales, Escrivá presentó el lunes su última oferta: las subidas serán con la inflación media del año anterior. Pero habrá un mecanismo para absorber las alzas cuando el IPC sea negativo, como pasó en 2020, y así evitar que los pensionistas ganen aún más poder adquisitivo. En estos casos las prestaciones no subirán ese año, pero la ganancia obtenida por la inflación negativa se compensará en los tres años siguientes, según fuentes de la negociación. Esta es una de las patas de la primera fase de la reforma que Escrivá quiere tener lista antes de abril para satisfacer a Bruselas.

El año pasado los precios cayeron un 0,2% de media. En cambio, las pensiones, siguiendo las previsiones iniciales de inflación, habían subido a comienzos de año un 0,9%. Eso se tradujo en una ganancia de poder adquisitivo que se ha consolidado después. Para evitar esto —y el incremento de gasto que supone—, la Seguridad Social ha preparado un nuevo mecanismo de revalorización anual que ha detallado a los sindicatos y las patronales.

El texto arranca por la “nueva fórmula de revalorización para el mantenimiento del poder adquisitivo”. Para asegurar este objetivo, plantea una revalorización anual que, a diferencia de ahora, tomará la inflación media entre diciembre del ejercicio anterior y noviembre del siguiente. Es decir, se usará el Índice de Precios al Consumo ya registrado y no una previsión que luego se compensa como se hace ahora. Además, cuando el IPC medio sea negativo, las pensiones no subirán y la diferencia se absorberá en los tres años siguientes en que haya que subir las pensiones. Esta propuesta modifica la inicial, que era tomar una media móvil del IPC durante cinco años.

En el paquete de medidas está alargar la edad real de jubilación para que se acerque así a la legal, que este año se sitúa entre los 65 y los 66 años (y llegará a una franja entre los 65 años y los 67 en 2027). La primera de ellas sería el veto a la llamada jubilación forzosa pactada en los convenios colectivos. No obstante, este punto está pendiente de la contrapropuesta que hagan conjuntamente los sindicatos y las patronales en la mesa de negociación.

El documento también concreta las restricciones a la jubilación anticipada voluntaria, a la que puede accederse dos años antes de llegarse a la edad legal de jubilación correspondiente. El planteamiento de la Seguridad Social es que los coeficientes reductores que se aplican se calculen por meses de adelanto sobre la edad legal de retiro y no por trimestres, como ahora. Para hacerlo, el Gobierno plantea un periodo transitorio de tres años. El resultado final es que habrá pensiones más bajas para quienes se acojan a esta modalidad y, por tanto, un menor atractivo para hacerlo.

También en el retiro parcial hay un cambio sustancial, pues se plantea que el jubilado no pueda concentrar en un año todo el tiempo de trabajo que le corresponde antes del retiro definitivo. Debería trabajar ese tiempo durante cada uno de los años. Con ello se obstaculiza uno de los trucos que utilizan las empresas para renovar plantillas a menor coste, pero también se dificulta el uso del contrato del trabajador sustituto del jubilado.

Una vez salga adelante esta primera fase de la reforma, la intención de la Seguridad Social es abordar en una segunda tanda la derogación del actual factor de sostenibilidad (cuya aplicación está suspendida y vincula la pensión inicial a la esperanza de vida) y su sustitución por otro; la subida de las máximas de cotización; la extensión del periodo de cómputo a los 35 años; el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad, y el impulso de los sistemas complementarios de pensiones. Sin embargo, estas son las intenciones del Gobierno, pero no coinciden con las pretensiones de los agentes sociales.