Consejo de Ministros

El Gobierno incluye la regulación de los precios del alquiler en la Estrategia de Desarrollo Sostenible

Se pauta como aspecto "esencial" la garantía de alternativa habitacional en caso de desahucio, mediante iniciativas que aseguren el realojo inmediato o alternativas de alquiler social

El Gobierno ha tramitado este martes el compromiso de regular los precios del alquiler en la próxima ley de Vivienda, entre muchas otras directrices, para los próximos diez años recogidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 elaborada por la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de Pablo Iglesias.

El Consejo de Ministros han tomado este martes en consideración las Directrices Generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible, a las que ha tenido acceso EFE, que marcan las políticas con las que el Gobierno busca encaminarse hacia un país "justo socialmente, sostenible y feminista" en 2030, y son el núcleo del plan que se aprobará previsiblemente de forma definitiva en el mes de junio.

Dentro de las 140 páginas de esa estrategia se recogen medidas como la necesidad de que la contratación sea esencialmente indefinida y se menciona además el compromiso del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos de impulsar tres normas: la Ley de Igualdad de Trato, actualmente en proceso de tramitación en las Cortes Generales, la Ley de igualdad LGTBI y la conocida como Ley Trans.

Esta mención al acuerdo de Gobierno se produce después de que la vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo, obviase la Ley Trans entre las normas de igualdad para esta legislatura, y de que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero la acusase de volver a frenar el debate de esa norma en el Consejo de Ministros.

Además, en medio también de las tensiones entre los dos socios del Gobierno por el alquiler, la estrategia remarca la necesidad de garantizar con "acciones políticas" el derecho a la vivienda reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española.

Serán acciones que "pongan freno a las subidas abusivas del alquiler" entre las cuales "debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios" y de habilitar a los ayuntamientos también para "declarar zonas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios".

Ese asunto será "una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda", dice esa estrategia, una normativa que está ahora mismo en negociación por parte de los dos socios de Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, que mantienen tensiones al respecto.

Las pretensiones de Unidas Podemos de que se establezcan topes al precio del alquiler en la Ley de Vivienda choca con la propuesta del ministro competente, José Luis Ábalos, de que esa regulación se lleve a cabo mediante incentivos fiscales.

En esta propuesta elaborada por la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 aprobada este martes por el Consejo de Ministros se recoge también que será un "aspecto esencial" de la ley de Vivienda dar garantías, en un procedimiento de desahucios, de que los afectados disponen de una vivienda alternativa.

Por otro lado, en materia laboral, se incluye garantizar que "la contratación indefinida con un adecuado nivel de protección sea el instrumento principal" de los contratos y establecer las condiciones para asegurar "empleos dignos" y aparcar la precariedad.

El objetivo es que Iglesias presente en julio ante la ONU este plan para los próximos diez años que identifica ocho grandes retos de país: acabar con la pobreza y la desiguadad, la emergencia climática y ambiental, cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación, superar las ineficiencias de un sistema económico concentrado y dependiente, poner fin a la precariedad laboral, revertir la crisis de los servicios públicos, poner fin a la injusticia global y revitalizar el medio rural.

Posturas alejadas

Las negociaciones sobre la nueva ley de vivienda entre el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno están ahora mismo en posturas alejadas y ello está generando tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos.

El partido de Pablo Iglesias, a través de las medidas planteadas por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, demanda poder limitar los precios del alquiler en zonas tensiones mediante el establecimiento de obligaciones para los grandes tenedores de vivienda, también de cara a aumentar el alquiler social, frente a un sistema de incentivos que trasladan los socialistas.

De hecho, el ala morada de la coalición ha deslizado que el socio mayoritario se alinea más con las posiciones de la patronal inmobiliaria, algo que responsabilizan al departamento que dirige Calviño.

Ayer, la portavoz de Podemos, Isa Serra, llamó al PSOE a "rectificar" y cumplir con el acuerdo de coalición alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos regulando el precio de los alquileres en la nueva Ley de Vivienda, y así "cuidar el Gobierno de coalición".

La cuestión de la regulación del alquiler es uno de los aspectos en los que está presionando Unidas Podemos, que no concibe que se produzca un "incumplimiento" del pacto de coalición. De hecho, está previsto que Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aborden el futuro de la Ley de Vivienda.