El Consejo de Estado critica que el Gobierno elimine controles en el decreto para administrar los fondos europeos

El dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos que la oposición tachó de "demoledor" tiene como común denominador su preocupación por la "eliminación o modulación de mecanismos de control" en la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones previstas al amparo de esta norma. El informe no se conocía cuando el 28 de enero el Congreso convalidó el decreto ley, para lo cual fue imprescindible la abstención de Vox, pero posteriormente el PP y Ciudadanos revelaron su existencia y reclamaron al Ejecutivo que lo publicara, tras afirmar que su contenido era muy crítico.

El documento, de 97 páginas, incorpora diversas observaciones, algunas calificadas de "esenciales" por el máximo órgano consultivo, y a las que da gran relevancia al advertir que la UE desempeñará un "papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos" asignados bajo cobertura del decreto.

Son 140.000 millones de euros los que la Unión Europea pondrá a disposición de España hasta 2026 para ayudar a la recuperación económica tras la crisis de la pandemia, de los que 72.000 serán en ayudas directas a fondo perdido.

Así, explica que sus observaciones "con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones". Y ello porque "sin duda la observación más relevante se refiere a la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones", según refleja el dictamen.

Porque, si bien admite que el contexto actual de crisis sanitaria, social y económica "demanda una cierta modulación de las exigencias derivadas del principio de estabilidad presupuestaria", ello, advierte, no debe conducir "a una eliminación de todos los controles de naturaleza económico-presupuestaria". También alerta de la supresión, con carácter general, de la autorización de la ministra de Hacienda, una práctica que "no parece aceptable".

Justifica el Consejo de Estado sus puntualizaciones para "lograr un elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos". Y cita como "especialmente relevantes" las relativas "a la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente" antes de resolver los procedimientos y fiscalizar los expedientes financiados con estos fondos.

De hecho, no oculta su "severa crítica" porque el Gobierno no haya incluido en el expediente informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que le habría permitido evaluar mejor sus medidas.

El dictamen reclama "una correcta tramitación de los proyectos normativos" para que sus medidas "estén debidamente justificadas y ponderadas" y llama la atención por la "ausencia" de "toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control". Por ello considera "esencial" dar una "explicación detallada" de las razones que sustentan esta flexibilización.

En la misma línea, ve conveniente "un estudio, aunque sea aproximativo, del impacto presupuestario de las medidas previstas", toda vez que se "incumple" la exigencia de este impacto, que aunque resulte "difícil" de cuantificar en el actual contexto sí considera "importante" para "preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos".

Otro aspecto que suscita reparos en el Consejo de Estado es que se califiquen como "modificaciones contractuales" las nuevas unidades incorporadas a los contratos de obras y solicita "reforzar los mecanismos de supervisión" de los proyectos de obras, todo ello contando "con plazos suficientemente amplios para realizar las evaluaciones ambientales con todas las garantías".

Desde el punto de vista normativo, el dictamen hace notar que "hubiera sido deseable una mayor concreción del ámbito de aplicación" de los títulos competenciales. Y reseña la problemática derivada de que el decreto contenga previsiones de aplicación exclusiva a la Administración General del Estado y al sector público estatal "y que, por tanto, no deben tener carácter básico".

En todo caso, el máximo órgano consultivo manifiesta que "más allá de las concretas observaciones" formuladas en su informe, "el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable". Además, tratándose de una "oportunidad histórica para España", afirma que es preciso que para que la gestión un éxito hay que mantener "un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que sean concedidos".

El Gobierno dice que asumió el dictamen

Tras hacer público el informe, el Gobierno se defiende y asegura que las sugerencias planteadas por el Consejo de Estado fueron incorporadas antes de la aprobación definitiva del texto, que además contaba con el visto bueno global del órgano consultivo. Fuentes del Ejecutivo ha resaltado que sus observaciones "se referían a aspectos concretos y puntuales", dado que el proyecto sometido a consulta merecía "en su conjunto" una "opinión favorable". Así, remarcan que pese a las críticas que el informe ha suscitado en la oposición, su contenido avala en numerosos aspectos los términos del proyecto, y además reconoce el esfuerzo del Ejecutivo "para articular en tan breve plazo" las medidas orientadas a la mejor gestión de los fondos europeos.

En el dictamen, que según recuerdan las fuentes "no es preceptivo ni vinculante", se incluyen "algunas consideraciones vinculadas con determinados controles y garantías", sugiriendo regular "con mayor precisión" los informes sobre subvenciones, convenios y disposiciones de carácter general y mantener algunos mecanismos de fiscalización previa. "Todas estas consideraciones fueron incorporadas al real decreto-ley antes de su aprobación definitiva", recalcan las fuentes.

Pero más allá de las sugerencias críticas, el Ejecutivo defiende cómo preparó las medidas ante la "envergadura" que supone el "reto" de gestionar los fondos europeos y el plazo para su desarrollo. Ello exigía reformas que simplificaran los procedimientos administrativos y crearan estructuras de gobernanza y mecanismos e colaboración público privadas y "manteniendo siempre los controles y garantías previstos por la normativa estatal y europea". El Consejo de Estado, insisten las fuentes, apreció el "esfuerzo" acometido por el Gobierno, posibilitando que España "pueda, en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica, beneficiarse de dichas ayudas".

También admitió que las estructuras de gobernanza "no plantean problema alguno" porque responden a la "decidida voluntad del Gobierno de acometer, con todos los medios organizativos posibles, las tareas necesarias para posibilitar la más ágil y eficaz canalización de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación". Del mismo modo, se destaca cómo se han perfilado estas estructuras "ambiciosas, y en cierto modo complejas, dada la multitud de órganos intervinientes", otra reflexión incluida en el informe sobre la que las fuentes llaman la atención.

PP y Cs exigen explicaciones

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido explicaciones en el Congreso al Gobierno que lidera Sánchez por "ocultar" el "demoledor" informe del Consejo de Estado relativo a los fondos europeos y ha recordado que el Gobierno aprobó gracias a Bildu y Vox el "decretazo para repartir a dedo" y "sin control parlamentario ni administrativo" ese dinero. En la misma línea, Ciudadanos ha afirmado que el informe confirma su temor a que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos acabe repartiendo ese dinero "a dedo" entre "sus amigos", y por eso ha insistido en su demanda de que se cree una agencia independiente para administrarlos

En concreto, el primer partido de la oposición ha registrado este mismo lunes la petición de comparecencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo.

El PP considera que el Gobierno debe dar explicaciones porque el informe del Consejo de Estado "demuestra la discrecionalidad, falta de rigor jurídico y la ausencia de controles administrativos por parte del Gobierno para el control de los fondos de la UE". "Exigimos la comparecencia del Gobierno para explicar la ocultación hasta hoy del demoledor informe del Consejo de Estado en la campaña catalana", ha asegurado el presidente del PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Durante la campaña catalana para las elecciones del 14 de febrero, Casado anunció que el PP recurriría al Tribunal Constitucional la "ocultación" de ese informe del Consejo de Estado para intentar anular la votación del decreto de fondos europeos que se aprobó en el Congreso el 28 de enero.

Casado ha recordado este lunes que ese decreto salió adelante gracias a la abstención del partido de Santiago Abascal. "El decretazo para repartir a dedo los fondos UE sin control parlamentario ni administrativo fue aprobado por PSOE, Podemos, Bildu y Vox", ha manifestado.

En la misma línea, Ciudadanos ha afirmado que el informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos confirma el temor de la formación naranja a que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos acabe repartiendo ese dinero "a dedo" entre "sus amigos", y por eso ha insistido en su demanda de que se cree una agencia independiente para administrarlos.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha recordado que su partido ya advirtió de que "era una cacicada dejar los fondos europeos en manos de (Pedro) Sánchez y sin control" y "por eso ocultaron este informe que lo constata". "PSOE, Podemos y Vox deben rectificar y aceptar nuestra propuesta de crear una agencia independiente para la gestión de los fondos", ha añadido Arrimadas sobre la propuesta que la formación naranja planteó como enmienda a la totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedente del decreto convalidado en diciembre por el Congreso.

Esa agencia independiente que defendía Ciudadanos fue rechazada por el Pleno de la Cámara Baja y a ello contribuyeron los votos de Vox, que previamente también había facilitado con su abstención que el decreto del Gobierno obtuviera el visto bueno del Congreso.

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