El CGPJ se opone por unanimidad a los ejes de la ley del 'sólo sí es sí' e Igualdad lo tacha de "regresivo"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado, por unanimidad, los dos ejes fundamentales del anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del "sólo sí es sí", la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación. El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves su informe sobre el texto del Ministerio de Igualdad para reformar la tipificación de los delitos sexuales, un dictamen crítico -pero no vinculante- que llega tras cuatro meses de deliberaciones y se opone al espíritu de la norma. Pese a ello, Igualdad ha tachado de "regresivo" el informe del Poder Judicial y ha anunciado que el Ministerio de Igualdad seguirá "adelante" con la Ley del 'solo sí es sí'.

El pleno del CGPJ ha respaldado la propuesta elaborada por los magistrados Roser Bach, Pilar Sepúlveda y José Manuel Fernández (encuadradas las dos primeras en el considerado sector progresista y el tercero, en el conservador).

Su dictamen sobre la ley del "sólo sí es sí" estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una "inversión de la carga de la prueba". El anteproyecto indica que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto".

El problema no es conceptual, sino de prueba

El problema, alertaban los vocales del CGPJ, no es conceptual, sino de prueba: "Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia".

Además, a su juicio, no se evitará con esa definición la denominada "victimización secundaria", ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.

El segundo aspecto clave de la ley, la eliminación de la distinción entre abuso y violación -que está en el origen de la norma tras las protestas por las primeras sentencias de La Manada- tampoco ha sido vista con buenos ojos por los jueces.

En el anteproyecto se opta también por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual para evitar que fuera considerada abuso una violación en la que no se lograra probar la existencia de violencia o intimidación.

Los ponentes creen que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves. Para evitarlo, proponen crear una modalidad agravada de agresión, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior.

A pesar de este dictamen desfavorable, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró este martes en el Senado que la ley saldrá adelante y fuentes de su Ministerio calculan que la norma podría estar lista en mes y medio, unos plazos que frustran el deseo de Montero de que el proyecto fuera aprobado cerca del 8 de marzo, Día de la Mujer.

Tras el informe del CGPJ, que se suma a los del Consejo Económico y Social y del Consejo Fiscal, el anteproyecto debe ser evaluado asimismo por el Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros, último paso antes de llegar al Parlamento en forma de proyecto de ley.

Igualdad seguirá adelante pese al informe

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha tachado de "regresivo" el informe del CGPJ y ha anunciado que el Ministerio de Igualdad seguirá "adelante" con la Ley del 'solo sí es sí'. "Si el informe va en ese sentido regresivo, efectivamente, la obligación del Gobierno y de los proponentes de esta ley, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia, es seguir adelante, cumplir el Convenio de Estambul, la legislación internacional, no desatenderla, parece que el CGPJ es el único órgano que no promueve este cumplimiento", ha subrayado Victoria Rosell, este jueves, en declaraciones a los medios.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado, en base a las informaciones aparecidas en los medios, que el CGPJ "no está de acuerdo con hacer pivotar sobre el consentimiento la regulación de los delitos sexuales", aunque ha precisado que aún no han leído el informe completo.

Si bien, ha recordado que "el informe del GREVIO indicaba que España estaba en el buen camino con su intención de regular los delitos sexuales poniendo el acento en el consentimiento y no en los medios comisivos".

Esto entronca, según ha añadido, con "la segunda gran pega" que pone el CGPJ a la ley, en relación con la distinción entre abuso y violación. Rosell ha puesto el ejemplo del caso de la manada de Pamplona y el de Manresa. En el primero, según ha dicho, se hizo "mucho hincapié en no creer que la víctima había dicho 'no' y en que se hubiera resistido lo suficiente", y en el segundo caso, la víctima estaba privada de sentido y no pudo decir que no, siendo sus agresores condenados por abuso y no por agresión.

"Esa es la diferencia entre 'no es no' y 'solo sí es sí', de una concepción patriarcal del derecho penal, de una concepción de que el hombre tiene derecho a usar el cuerpo de la mujer hasta que dice 'no', a un sistema basado en el consentimiento libre y mutuo en que los derechos se abren a partir de un sí consensuado y libre", ha argumentado.

Además, Rosell ha comparado la situación en la que se encuentran ahora al recibir este informe con la que se encontró el Gobierno de Zapatero en 2004 cuando el CGPJ "dijo cosas muy parecidas de la ley contra la violencia de género, que hoy es comúnmente aceptada y por la cual España ha estado a la vanguardia". Y a pesar del informe, según ha precisado, "se siguió adelante con una ley que abría enormemente los derechos de las mujeres".

Además, ha valorado que el hecho de que el informe del CGPJ vaya en una dirección distinta al emitido por el Consejo Fiscal "que con algunos matices, alababa los avances de la ley de libertad sexual", revela "una división jurídica entre quienes representan a la Fiscalía y a la carrera judicial" que "solo se puede paliar", a su juicio, con leyes que protejan a las mujeres.

Preguntada por si van a volver a pedir otro informe al CGPJ, Rosell ha señalado que no existe esta posibilidad, y ha insistido en que un informe de este tipo no puede tener "algo de meta jurídico o incluso de ideológico" y no debería aparecer "la ideología de sus componentes".

La delegada del Gobierno contra la violencia de género también ha puntualizado que la definición del consentimiento que recoge la ley de libertad sexual salió de una reunión con el Ministerio de Justicia.¡