Qué hace y quién elige al CGPJ

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exige una mayoría de tres quintos en el Parlamento que obliga al acuerdo entre el PSOE y el PP, un juego político que ha marcado tradicionalmente a un órgano autónomo al que la Constitución encomienda gobernar a jueces y magistrados. Socialistas y populares negocian en estos momentos la composición del nuevo órgano de gobierno de los jueces tras más de dos años de bloqueo.

Quién conforma el CGPJ

El Consejo está compuesto por doce jueces y ocho juristas de reconocida competencia, según marca la Constitución. Los veinte vocales eligen a su presidente, que presidirá asimismo el Tribunal Supremo, pero tradicionalmente el pacto entre PSOE y PP ha incluido también ese nombre.

Los miembros del actual CGPJ fueron elegidos a finales de 2013, durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy y con mayoría absoluta del PP en ambas cámaras, y se encuentran en funciones desde diciembre de 2018.

De los veinte vocales, diez fueron propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU, otro por CiU y otro por el PNV. Designaron como presidente al magistrado Carlos Lesmes, de perfil conservador.

En el pacto que el PSOE y PP fraguaron en 2018 y que saltó por los aires, los socialistas elegían once y los populares, nueve, pero a cambio proponían al presidente, Manuel Marchena, que acabó renunciando en defensa de su independencia.

Cerraron aquel pacto el PP y PSOE, que en paralelo negoció con Podemos los nombres de varios candidatos próximos a la formación morada.

Cómo se eligen a los miembros del CGPJ

La Constitución marca que el CGPJ está formado por veinte vocales elegidos cada cinco años y señala que corresponde al Parlamento elegir, por mayoría de tres quintos, a los ocho juristas de reconocida competencia.

No marca cómo deben ser elegidos los doce vocales magistrados y en su primer mandato fueron los propios jueces quienes los designaron, pero en 1985 se reformó la LOPJ para que también ese grupo tuviera que ser respaldado por la mayoría parlamentaria de tres quintos. Lo hacen a partir de un listado de candidatos avalados por asociaciones de jueces o por sus propios compañeros, pero el nombramiento final sigue dependiendo del juego de mayorías parlamentarias.

En las distintas legislaturas el PSOE y el PP han ido pactando sucesivas renovaciones, con mayores o menores retrasos y, dependiendo de la composición de las Cámaras, dando entrada también a candidatos de grupos minoritarios.

El PSOE y Podemos defienden el actual sistema al recordar que en el Parlamento reside la soberanía nacional y que también de él nace el Ejecutivo.

El PP apostó en 2011 por que los jueces eligieran a la mayoría de los vocales, pero cuando gobernó olvidó su promesa. La recuperó tras frustrarse el acuerdo con los socialistas en 2018, pero las actuales negociaciones suponen avalar el actual modelo.

Por su parte, las asociaciones de jueces reivindican elegir a sus propios representantes, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa, que pide que al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos entre sus pares.

Qué funciones tiene

La propia Constitución enumera varios de los cometidos del órgano de gobierno de los jueces -nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario- y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) los detalla, desde los altos cargos judiciales que puede nombrar discrecionalmente, a los anteproyectos de ley que deben ser sometidos a su dictamen.

Su misión abarca desde autorizar a los jueces reducciones de jornadas a aprobar expedientes disciplinarios por retrasos en el juzgado o acordar nombramientos.

Eligen a los magistrados del Supremo y cargos de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia autonómicos y las audiencias provinciales, una competencia que el PSOE y Unidas Podemos quieren evitar que mantenga mientras esté en funciones.

Aunque se ha establecido cierta transparencia en los procesos de selección, se trata de nombramientos discrecionales que en no pocas ocasiones han sido puestos bajo sospecha ante el juego de los bloques "progresista" y "conservador" en el CGPJ.

Este CGPJ, en el que el llamado "bloque conservador" es mayoría, ha realizado en funciones 72 nombramientos, por regla general con amplias mayorías para, precisamente, evitar esas sospechas.