El pulso en Igualdad y la Ley de Vivienda amenazan con elevar aún más la tensión en el Gobierno de coalición

Las iniciativas de Igualdad y la futura Ley de Vivienda amenazan con abrir nuevas fisuras entre PSOE y Unidas Podemos, cuya relación ya está tensionada a cuenta de las últimas manifestaciones violentas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y la negativa de los morados de no condenar la violencia, además de alentarla.

Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos asumen que están 'condenados' a entenderse porque no ven otra alternativa para garantizar la gobernabilidad --teniendo en cuenta la fragmentación del parlamento--, y porque tampoco es el momento de sumir al país en un nuevo proceso electoral, con la pandemia del coronavirus todavía golpeando fuerte.

Si bien el enfrentamiento entre los socios a cuenta de la 'Ley Zerolo' se suma a los muchos que tienen abiertos, fuentes gubernamentales reconocen que las diferencias en torno a las políticas de igualdad y, en concreto, sobre la Ley Trans, representan una discrepancia política de calado, la más seria de las que les ocupan ahora y de las que se han producido desde su toma de posesión hace un año.

En el seno de la coalición detallan que los momentos de tensión en el plano ideológico son inevitables entre dos fuerzas diferentes, y abogan por normalizarlos, pero admiten que lo ocurrido con la Ley Trans y Zerolo ha despertado un escenario de mayor confrontación.

De hecho, ha sido este debate, sobre un tema en el que en teoría debería coincidir dos fuerzas progresistas, el que ha llevado a unos y otros a acusarse de traspasar líneas rojas por primera vez: el PSOE a Unidas Podemos, por no apoyarles en el Congreso e intentar boicotear su iniciativa; y los 'morados' a los socialistas, por incumplir de forma clara el acuerdo programático que firmaron hace un año.

Esta pelea parece enquistarse cada vez más, y no tiene visos de solucionarse pronto. Pero además, la relación entre los socios se ha tensado aún más con la irrupción en las calles de las protestas a raíz de la encarcelación del rapero Pablo Rivadulla, conocido como 'Pablo Hasél', y el hecho de que Unida Podemos haya mostrado su respaldo a los manifestantes, aludiendo a que no les gustan los incidentes y criticando también la actuación policial.

Si la semana pasada los ministros socialistas ya desfilaron para responder a las dudas de Iglesias y los suyos sobre la falta, a su parecer, de una "plena normalidad democrática", esta semana han salido a dejar claro que la violencia no es admisible en ningún caso.

Frente a Unidas Podemos, que ha registrado incluso la petición formal de indulto de Hasél, los ministros del PSOE está defendiendo que hasta que se cambie la ley para mejorar y ampliar la protección de la libertad de expresión, las normas deben cumplirse, y Hasél "tiene un historial", en palabras de Calvo.

A todo esto se suman los reproches de Unidas Podemos al planteamiento del Ministerio de Transportes en la nueva Ley de Vivienda, deslizando que su posición se alinea con la patronal inmobiliaria en lugar de imponer obligaciones a los grandes tenedores de viviendas.

Es más, la crítica se sustenta también en que, a falta de una semana para cumplir el plazo fijado, la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirige Iglesias aún no aprecia una propuesta de reforma del mercado del alquiler, que es uno de los puntos centrales del pacto de coalición y que fue refrendado en el acuerdo sobre los Presupuestos Generales.

También esta semana Unidas Podemos ha registrado una docena de enmiendas al Proyecto de Ley sobre el Ingreso Mínimo Vital para mejorar esta prestación y corregir deficiencias, al entender que el Ministerio que dirige José Luis Escrivá --del ala socialista-- llevaba meses sin atender sus planteamientos.

Lo cierto es que los morados no recelan de esas diferencias y apelan a normalizarlas, argumentando que adoptan un papel de 'garantes' del pacto suscrito con el PSOE y reiterando que su lealtad se debe a ese acuerdo. Y en más de una ocasión han deslizado que, sin ellos, los socialistas ya se habrían desviado de sus compromisos programáticos.

Por su parte, los socialistas niegan que necesiten un 'pepito grillo', reivindican su experiencia de gobierno y su trayectoria como partido histórico de izquierdas, y achacan el comportamiento de su socio minoritario y su costumbre de airear públicamente las discrepancias a su necesidad de hacerse notar y diferenciarse.

La oposición busca agrandar la brecha en el Gobierno

La polémica generada por el encarcelamiento de Hasél' y por el respaldo de Podemos a las manifestaciones de protesta va a centrar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de la próxima semana, una cita que PP, Vox y Ciudadanos van a aprovechar para intentar agrandar la nueva brecha que este tema ha generado entre los dos socios del Gobierno de coalición.

La pasada semana estas formaciones ya cargaron duramente contra el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y contra su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, acusándoles de alentar comportamientos violentos. Lo hicieron en el Pleno y en la Comisión de Interior ante el ministro Fernando Grande Marlaska, pero el miércoles volverán a la carga en el hemiciclo para exigir explicaciones tanto a Iglesias como a otros ministros socialistas.

Por ejemplo, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, le preguntará directamente a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, si considera que el Gobierno de coalición es "antisistema", y también podrían aludir a este asunto los números uno y dos del PP, aunque no se refieren expresamente a él en sus preguntas.

Mientras Pablo Casado se interesará por las reformas que piensa impulsar el presidente Pedro Sánchez, el secretario general de su partido, Teodoro García Egea, emplazará a Iglesias a explicar si sus prioridades coinciden con las de los españoles, según consta en el orden de preguntas registradas, recogidas por Europa Press.

Los que sí son explícitos en todas sus iniciativas son los tres diputados de Vox que participarán en el Pleno de control. Así, su portavoz, Iván Espinosa, busca que Calvo le diga si, desde su punto de vista, "la extrema izquierda antisistema puede seguir formando parte del Gobierno a la vista de los acontecimientos auspiciados por ella".

"¿Ha vuelto a sentirse emocionado ante la imagen de un policía pateado en el suelo por individuos a los que un destacado colaborador suyo jalea en las redes sociales?", reza el interrogante que firma para Iglesias la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona.

Y, por su parte, el vicepresidente cuatro del Congreso, Ignacio Gil Lázaro quiere que tercie en este asunto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que confiese qué le parece, "como responsable de la seguridad ciudadana, que una parte del Gobierno apoye públicamente a los causantes de los graves disturbios de los últimos días".

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha registrado una pregunta abierta en la que invita a Iglesias a hacer balance de su gestión como vicepresidente, pero que le dará pie para censurar su apoyo a las protestas por el encarcelamiento de Hasel.

También la diputada de ERC Montserrat Basa podrá sacar a colación el asunto del rapero cuando formule su pregunta para que el Gobierno le aclare si "está garantizada la libertad de expresión en el Estado español".

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