El PSOE bloquea el debate de las leyes Trans y LGTBI de Igualdad en el Consejo de Ministros del 23 de febrero

El Ministerio de Igualdad ha denunciado este lunes que el PSOE ha impedido que se produzca el debate de la Ley Trans y la Ley LGTBI en el Consejo de ministros del próximo 23 de febrero, tal y como había solicitado el departamento que dirige Irene Montero.

Fuentes del Ministerio aseguraron este lunes que se habían iniciado los trámites para que ambos textos fueran debatidos en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Además, precisaron que las leyes están a disposición de todos los ministerios desde hace 10 días e, incluso, que ya se han incluido observaciones realizadas por Vicepresidencia del Gobierno. El resto de departamentos, han explicado, no realizó ninguna observación.

Sin embargo, estas mismas fuentes denuncian ahora que los socialistas han bloqueado el debate de ambas leyes en la reunión preparatoria del Consejo de Ministros, en la que participan todos los ministerios. Es algo anómalo, han denunciado, para indicar que su sorpresa ha sido mayúscula ante esta situación.

Las fuentes de Igualdad señalan que los textos están trabajados y que el propio inicio de los trámites ayuda al debate de los mismos con las comunidades autónomas, los ministerios y sociedad civil, como, explican, pasa con todas las leyes que van al Consejo de Ministros.

En este sentido, recuerdan que cualquier tipo de observaciones a los textos de las diferentes administraciones y departamentos, se puede llevar a cabo una vez iniciado el trámite del Consejo de Ministros, como ha pasado con otras leyes como la LECRIM o la ley de Libertad Sexual.

Desde Igualdad recuerdan que las Leyes Trans y LGTBI se basan en los acuerdos de los grupos parlamentarios en 2019. La propia seguridad jurídica de la Ley Trans se ampara en la incorporación a la legislación las sentencias del TC y TS sobre los derechos trans, por la Ley del Registro Civil de 2011 que en su artículo 30 ya garantiza la seguridad jurídica ante cualquier fraude, por las recomendaciones de la Estrategia de la Unión Europea y el Tribunal de Estrasburgo.

En este sentido, las fuentes indican que es importante legislar los derechos LGTBI para cumplir con el acuerdo de Gobierno y con las demandas de los propios colectivos que han respaldado los textos.

El departamento que dirige Irene Montero había manifestado su intención de llevar esta norma al Consejo de Ministros, para su aprobación, en la primera quincena de febrero, un objetivo que, finalmente, se iba a retrasar una semana.

Previo a este trámite, se han hecho públicas las críticas del PSOE y, especialmente, de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a algunos puntos de la Ley Trans de Igualdad, en lo referente a la despatologización de la transexualidad y a la autodeterminación de género.

Los socialistas han señalado su deseo de que los derechos, tanto del colectivo trans como LGTBI, queden recogida en una Ley de Igualdad de Trato, que el PSOE lleva a debate para su toma de consideración en el Congreso este martes.

Precisamente, este texto también ha generado desavenencias entre los socios de Gobierno. Unidas Podemos acusó al PSOE de presentarlo de forma "unilateral" y sin contar con el Ministerio de Igualdad, que es el competente en la materia cuando, según aseguran, habían acordado registrarlo en la Cámara baja de forma conjunta. Los socialistas indican que ese era el acuerdo pero que, finalmente, los morados no quisieron firmarlo.

Moncloa reprocha la filtración de la Ley Trans

Por su parte, Moncloa ha aseguradoque la filtración del borrador de las leyes Trans y LGTBI del Ministerio de Igualdad que, además, no cuentan con el consenso del Ejecutivo, es lo que impide su normal tramitación.

Fuentes de Moncloa han indicado que el Gobierno está comprometido y trabajando en una norma legal que proteja los derechos y evite las discriminaciones del colectivo LGTBI y lo está haciendo con calidad normativa, seguridad jurídica y teniendo en cuenta las aportaciones de lo ministerios concernidos, como con el resto de anteproyectos de ley.

Sobre las leyes de Igualdad, indican que el Gobierno hubiera preferido que siguieran los cauces habituales de cualquier otra norma, es decir, una redacción del texto de manera interna y de forma consensuada. Sin embargo, apuntan las mismas fuentes, la filtración pública de un borrador que solo responde a las aspiraciones de uno de los partidos que forma parte de este Ejecutivo, no están haciendo posible esta norma tramitación. Además, critican la decisión unilateral para establecer la fecha de debate de los textos cuando, según indican, no se corresponden con la marcha de los trabajos.

Del mismo modo, señalan que es necesario dotar al anteproyecto del rigor constitucional que requiere cualquier norma que regula derechos y, en este sentido, creen que es necesario que el Gobierno siga avanzando en la elaboración.