El PP cree que el decreto de los fondos europeos puede ser anulado al no llevar el informe del Consejo

El PP ha pedido en el Congreso que los servicios jurídicos de la Cámara realicen un informe jurídico sobre las consecuencias de que el decreto ley de los fondos europeos fuera remitido sin el informe del Consejo de estado que había solicitado el Gobierno, ya que quiere saber si esa circunstancia puede anular la norma que se convalidó la pasada semana.

Tanto el líder del PP, Pablo Casado, como otros dirigentes 'populares' han reclamado este miércoles al Gobierno que dé a conocer ese informe del Consejo del Estado, pues entienden que, aunque no era obligatorio, debe hacerse público una vez que fue solicitado al órgano consultivo.

Pero además de la denuncia pública en la sesión de control, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha registrado un escrito en el Congreso reclamando la intervención de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet.

Por un lado, el PP exige que Batet se dirija al Gobierno ara reclamar ese dictamen del Consejo de estado porque, en su opinión, Moncloa debía haberlo enviado al Congreso junto con el decreto ley.

"Sustraer o hurtar al conocimiento del Congreso un documento tan relevante como éste supone un grave vicio de procedimiento porque ha impedido el correcto ejercicio de las funciones propias del Parlamento, al imposibilitar que el Congreso pueda expresar su voluntad conociendo todos los elementos en juego", indica en el escrito del PP, al que ha tenido acceso Europa Press.

Por ello, Gamarra hace una segunda petición a Batet, y es que reúna de urgencia a la Mesa del Congreso para que los servicios jurídicos de la cámara hagan un informe urgente "sobre las consecuencias jurídicas" que la falta de ese dictamen comporta sobre la validez del procedimiento, "y específicamente, si tal hecho puede ser causa de nulidad de todo lo actuado por estos graves vicios de procedimiento".

El PP ya trató de derogar el decreto ley votando en contra de su convalidación la pasada semana, junto con Ciudadanos y los independentistas de ERC y Junts, y el Gobierno pudo salvar la norma gracias al voto a favor de PNV y Bildu y la abstención de Vox.