El Constitucional respaldará la competencia del Tribunal Supremo en el 'procés'

La decisión implica cerrar filas frente a la justicia belga, que ha cuestionado que el alto tribunal fuera el adecuado para pronunciarse

El Tribunal Constitucional delibera esta semana sobre los primeros recursos de la sentencia del 'procés' y, según recogen varios medios, prevé dar un apoyo casi total tanto a la resolución como a la competencia del Tribunal Supremo para investigar y juzgar los hechos. La decisión, además, implica cerrar filas frente a la justicia belga, que ha cuestionado que el Supremo fuera el adecuado para pronunciarse sobre los políticos catalanes.

En concreto, el Pleno estudiará la ponencia del juez Cándido Conde-Pumpido sobre la demanda por vulneración de derechos fundamentales presentada por la ex consellera de Gobernación de la Generalitat Meritxell Borràs, condenada a un año y ocho meses de inhabilitación especial y a una multa de 60.000 euros por un delito de desobediencia.

Borràs, uno de los tres acusados que no recibieron penas de prisión, argumenta que debía ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Constitucional apoyará así la competencia del Alto Tribunal en el referéndum ilegal del 1-O, una cuestión que es más importante si cabe después de que el tribunal belga rechazase en diciembre la entrega del ex conseller de Cultura, Lluís Puig, al Supremo.

La interpretación de la justicia belga se produjo después de que el país fuese condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en junio del año 2000 sobre la competencia para juzgar a personas no aforadas. En ese sentido, ve falta de competencias en el Alto Tribunal español.

Hay que recordar que las defensas de los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull y Josep Rull y del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, han solicitado recientemente al TC su inmediata puesta en libertad esgrimiendo precisamente los argumentos que dio la justicia belga para no detener y entregar a Puig.

Según sus escritos, la consecuencia directa que debería predicarse de la resolución del Tribunal de Apelación belga debería ser "la declaración de nulidad de la Sentencia de fecha 14 de octubre de 2019, dictada en vulneración de derechos fundamentales" y, mientras el Pleno del Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la estimación del presente recurso de amparo, solicitan la suspensión de los efectos de la sentencia condenatoria y por ende "la inmediata puesta en libertad" de todos ellos.

Se refieren al argumento empleado por los jueces belgas de considerar que no existe una base legal explícita para ampliar la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los coacusados sobre la base de la estrecha conexión entre los delitos imputados, que fueron los de rebelión/sedición y la malversación de fondos públicos.

Así, al igual que Borrás en el recurso que se verá este martes, alegan la a existencia de una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley por haber asumido el Tribunal Supremo una competencia territorial que no le correspondía para enjuiciar los hechos privándoles adicionalmente de su derecho a la doble instancia.

La decisión con respecto a Borrás, por tanto, de confirmarse la competencia del Supremo por el tribunal de garantías, tendrá aplicación también en uno de los principales argumentos que esgrimen el resto de condenados ahora en prisión, cuyos recursos, incluido el del exvicepresident Oriol Junqueras, se verán en los próximos meses. La última solicitud de amparo que analizará el tribunal será precisamente la de Junqueras.