El Gobierno modifica la ley y prohíbe desahuciar a okupas si actúan sin violencia

El Gobierno ha modificado la norma aprobada en diciembre que permitía el lanzamiento en todos los casos en los que hubiese delito, para matizar que no se podrá expulsar a los 'okupas' de una vivienda cuando la entrada en la misma se haya producido sin "intimidación o violencia".

Así, en la nueva redacción, introducida a través de un decreto ley de protección a los consumidores vulnerables, se establece que solo se permitirá el lanzamiento "cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas".

Así queda recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto ley de protección a los consumidores vulnerables que introduce este cambio con respecto a la Modificación aprobada en diciembre del Real Decreto-ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Ante esta modificación, la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez,  ha acusado al Gobierno de Sánchez de "no respetar la propiedad privada" y "manejar los fondos públicos como si fueran suyos", aludiendo también a la gestión de los fondos europeos. "La regulación de los desahucios y la oscura gestión de los fondos europeos son los últimos ejemplos de un Gobierno que está llevando a la ruina a muchos españoles", ha denunciado Rodríguez en un mensaje en su cuenta de Twitter,.

También se ha mostrado muy duro contra esa modificación de la ley el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Su consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha señalado que ese cambio de la norma, que exige ahora "violencia e intimidación" que para poder desalojar a los 'okupas', se trata "de una vuelta de tuerca más" en "la protección de la figura del 'okupa' en detrimento y penalización de la propiedad e iniciativa privada". Esta medida anunciada por el Gobierno puede ser, a juicio de Pérez, "claramente anticonstitucional al entrar en colisión, de manera frontal, con el legítimo derecho a la propiedad privada que ampara y defiende nuestra Constitución".

El PP ya presentó hace meses en el Congreso una proposición de ley contra la 'okupación' ilegal que incluye recuperar el delito de usurpación que lleve aparejado condenas de uno a tres años de cárcel y el desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en 24 horas o en un máximo de 48 horas".

El primer partido de la oposición plantea además prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los 'okupas' y que las comunidades de vecinos, ante comportamientos violentos de los 'okupas', puedan actuar directamente ante los tribunales, entre otras medidas.