Anticorrupción pide 8 años para Prada por las irregularidades en el Campus de la Justicia

La Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de cárcel para el exconsejero madrileño de Justicia Alfredo Prada y 6 años para los otros cinco procesados por irregularidades en contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM), entre ellos el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y que está imputado en el caso Villarejo.

El resto de los procesados por estos hechos son: Isabelino Baños, Mariano José Sanz y Alicio de las Heras -en sus condiciones de director general técnico, subdirector general técnico y director financiero del Campus, respectivamente- y Félix José García, que actuó como asesor, ha informado la Fiscalía en una nota de prensa.

En el auto de procesamiento, el instructor de esta causa, el magistrado José de la Mata, indicaba que se calcula que estos hechos supusieron un menoscabo de cientos de millones de euros para las arcas públicas.

La Fiscalía acusa a los seis procesados -todos ellos miembros de la Mesa de contratación- de haber concertado contrataciones con "deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación, afectando a todas las fases del procedimiento de contratación: toma de decisión del gasto, selección de procedimiento de adjudicación, tramitación del procedimiento, adjudicación y ejecución".

Les considera por ello responsables de un delito continuado de prevaricación en concurso ideal con un delito continuado de malversación de caudales públicos y, además de la pena de prisión, pide para ellos penas de más de 10 años de inhabilitación absoluta.

Entre 2005 y 2015, el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ascendió a 355.577.355,92 euros.

Los gastos fueron efectuados por transferencia bancaria, pagos en efectivo y tarjeta de crédito. Los pagos con tarjeta incluían los relativos a viajes en los que no había justificación de su finalidad institucional al no existir documentación de los desembolsos con cargo al erario público.

Tampoco se halló justificación documental de aspectos relevantes como el procedimiento para la elección de las personas, la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad o la publicidad de los procesos de contratación.

De este modo, indica la Fiscalía, se produjo una selección del adjudicatario al margen del procedimiento y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo. Este patrón, añade, se materializó en las numerosas contrataciones que se detallan en el escrito de acusación.

Según el auto de procesamiento, existe "un buen conjunto de contratos" donde los investigados se concertaron con grupos empresariales "para fijar un precio arbitrario" y conseguir la adjudicación, y añade que también prescindieron de procedimiento de contratación y fraccionaron contratos, entre otras irregularidades.

Como ejemplo de ello mencionaba la contratación de los consultores Buro Happold y Gleeds Iberica en relación con el contrato de Foster and Partners para la redacción del proyecto del edificio de la futura sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Del proyecto diseñado para el Campus de la Justicia, que se puso en marcha en 2005 y tenía por objeto agrupar las sede judiciales de la Comunidad de Madrid, quedan en la actualidad túneles de intercomunicación de edificios, un edificio inacabado, una pluralidad de maquetas de edificios, libros y folletos sobre CJM, recuerda la Fiscalía.