Aprovechando la crisis de las tarjetas de Juan Carlos

Sánchez convierte a Felipe VI en rehén mientras Iglesias presenta la Monarquía como una mafia

El presidente pretende quitar a don Juan Carlos I el título de ‘Rey emérito’ utilizando a su hijo el Rey Felipe VI y sin que medie condena judicial

A la espera de que el Senado apruebe el día 23 los PGE y se publiquen en el BOE el jueves 24, antes del difícil discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI, el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias ha lanzado un ataque frontal a la Monarquía presentándola como una mafia del narcotráfico, en un vídeo de Podemos titulado ‘monarquía’ con imágenes de Franco y la Familia Real y música de la serie ‘Narcos’ de televisión.

Lo que rompe: la obligada y prometida por Podemos lealtad en los ‘asuntos de Estado’; y constituye por parte de Pablo Iglesias una aparente invitación al presidente Pedro Sánchez para que expulse a Podemos del Gobierno.

Pero todo apunta a que Sánchez no solo romperá con Iglesias sino que está en línea con sus pretensiones republicanas y que ambos dos se reparten los papeles -‘el poli malo y poli bueno’- en una operación concertada contra La Corona.

La que tiene como objetivo inmediato despojar a don Juan Carlos del título de Rey Emérito (así se anunció el viernes en RTVE), obligando a su hijo el Rey Felipe VI a tomar esa decisión, como ocurrió con el ‘destierro’ de Juan Carlos a Abu Dhabi que impuso Sánchez y aceptó su hijo el Rey Felipe VI.

La palanca de la doble operación de Sánchez e Iglesias está en la regulación ante Hacienda de fondos de tarjetas opacas realizada por don Juan Carlos. Lo que Sánchez e Iglesias se consideran la ‘confesión’ de un presunto delito fiscal no es tal tras la regularización, aunque son hechos muy deplorables, que el Gobierno quiere poner en valor instando a la fiscalía a investigar más  en lugar de archivar el caso como sería lo normal.

Y utilizando Sánchez esta forzada prolongación del caso para que Felipe VI le retire a su padre el título de ‘Rey emérito’, aunque no de momento haya delito ni una condena judicial. Con lo que Sánchez se convertiría en dueño absoluto de la situación y el Rey Felipe VI en un rehén devaluado como Jefe del Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (donde crece el malestar) tal y como lo acredita la Constitución.

Y si esto no fuera así el presidente Sánchez, tras la aprobación de los PGE, debería destituir de manera fulminante a Iglesias y ministros de Podemos por su descarada deslealtad al Rey. Al que Iglesias prometió ‘lealtad’ en la toma de posesión del cargo de vicepresidente. Y al que ha acusado de ‘romper su neutralidad y maniobrar contra el Gobierno’, ante el silencio cómplice de Sánchez.

El mismo Sánchez que además impidió un viaje del Rey a Barcelona con el infame argumento de que su presencia dañaba ‘la convivencia en Cataluña’, tal y como lo afirmó el ministro de Justicia. Lo que sin duda fue una decisión inconstitucional de Sánchez contra el Jefe del Estado.

Naturalmente en todo esto que está ocurriendo se aprecia una preocupante debilidad del Rey Felipe VI que nunca debió consentir el veto de Sánchez a su viaje a Cataluña, ni la salida de su padre de España como exigencia del presidente. Ni debe aceptar la retirada a su padre del título de Rey Emérito si no hay delito o condena ni impedir el regreso a España de don Juan Carlos al que tiene derecho como cualquier ciudadano español.

Máxime cuando, para colmo Sánchez, se está presentando en Europa cómo el defensor de la Monarquía, a la que ataca desde su propio Gobierno, por el temor a que la UE congele la entrega a España de fondos europeos en caso de que se produzca la desestabilización de la primera institución del Estado.

Lo que, y sin perder de vista la clara responsabilidad de su padre el Rey emérito en el caso de fondos opacos que sin duda tiene don Juan Carlos, debe tener muy presente el Rey Felipe VI. Ahora y en su esperado discurso de Nochebuena que será el más importante de su reinado después del que pronunció el 3 de octubre de 2017 exigiendo la recuperación del orden constitucional ante la fallida intentona golpista del separatismo catalán.

Y de los gobernantes catalanes Junqueras y Puigdemont. Los que prófugos o presos están y estos últimos en la espera de unos indultos del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por unos delitos de la mayor gravedad.

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