Casado solo apoyará una prórroga del estado de alarma que no supere las 8 semanas; el Gobierno insiste en los 6 meses

El líder del PP, Pablo Casado, ha desvelado la posición de su partido sobre el estado de alarma de seis meses anunciado este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Casado ha condicionado su apoyo a que el Ejecutivo limite el estado de alarma a ocho semanas como máximo y a que se apruebe "de una vez" un marco legal con una modificación de la ley 3/86 que podría estar listo ya en diciembre. La respuesta del Gobierno ha llegado desde la Conferencia de Presidentes, que se celebraba este lunes, y en boca de la ministra de Política Territorial y Función Publica, Carolina Darias, que insiste en los seis meses y pide además a la oposición que no ponga condiciones a su apoyo.

En la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha inaugurado el Rey, Casado ha planteado limitar el plazo de aplicación de esta medida excepcional que, a su juicio, "no puede superar en ningún caso las ocho semanas". El líder del Partido Popular ha peddido además que se limite la movilidad especialmente en los próximos puentes festivos, más medidas para “salvar la campaña de Navidad” y modificar las leyes sanitarias para no acudir a la alarma.

Casado ha dejado claro que para tener "el apoyo mayoritario de las Cortes" solicita a Pedro Sánchez dos requisitos.

El primero es "limitar el plazo del estado de alarma a un máximo de ocho semanas", lo que equivaldría a que su vigencia sería justo antes de la Nochebuena, para "salvar la campaña de Navidad" y "limitar la movilidad durante los tres puentes" que vienen, es decir, el puente del 1 de noviembre, el del 9 de noviembre -en Madrid- y el del 6 y 8 de diciembre.

El segundo requisito de Pablo Casado es que se apruebe, "de una vez, un plan B jurídico" -o incluso "un marco nuevo"- para pandemias, modificando la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para que las autonomías puedan confinar y restringir la movilidad sin necesidad de recurrir a un estado de alarma.

"La constatación de un gran fracaso"

Tras asegurar que el PP estos meses ha "tendido la mano" al Gobierno y "lo va a seguir haciendo", ha dicho que, después de conversar este domingo con el presidente del Gobierno, espera que esta semana tengan la "oportunidad" de volver a hablar. Eso sí, el líder del PP ha afirmado que volver a declarar el estado de alarma es la "constatación de un gran fracaso" después de que el Ejecutivo admitiera públicamente el 5 julio que "se había derrotado el virus y que se podía salir de vacaciones y abrazar la nueva normalidad". A su entender, "está claro que o no se dijo la verdad o había otra agenda oculta más allá de dar una visión real de lo que estaba pasando" en España.

Además, ha advertido a Sánchez que "no resulta muy adecuado" que se diga que las autoridades competentes van a ser las comunidades autónomas cuando, según ha recalcado, el responsable en materia de pandemias es el Gobierno de la nación. A su juicio, no puede "parapetarse" detrás de las autonomías para que haya 17 mandos sanitarios y respuestas a un virus que no entiende de fronteras administrativas.

Casado ha defendido que el estado de alarma esté sometido al control parlamentario y ha advertido de que "no se puede sustituir" con la comparecencia semanal del ministro en comisión porque "allí no se puede votar ni plantear propuestas de resolución" ante esa limitación de derechos fundamentales. El presidente del PP ha indicado además que hay aspectos del decreto del Gobierno que podrían ir contra la propia Constitución como "agredir la separación de poderes al decir que no habrá control jurisdiccional en los actos de limitación de derechos fundamentales".

También ha subrayado que el decreto "contraviene las recomendaciones" de la Comisión Europea, la última firmada en mayo por el propio Pedro Sánchez y en la que se señala que la excepcionalidad constitucionalidad debe durar lo menos posible y acudir a la legislación ordinaria. Tras estas consideraciones, Casado ha advertido a Sánchez que, si quiere recabar el "apoyo mayoritario de las Cortes" y "una dirección conjunta entre las principales fuerzas políticas", el PP pone sobre la mesa las dos exigencias.

El Gobierno, firme en los seis meses

La ministra de Política Territorial y Función Publica, Carolina Darias, se ha mostrado firme en la voluntad del Ejecutivo central de establecer en seis meses la prórroga del estado de alarma ante la exigencia de Casado de que dure tan solo ocho semanas. "Hago un llamamiento a que el PP no ponga condiciones", ha pedido Darias a Casado durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes. En esta intervención, la ministra de Política Territorial ha subrayado las palabras de Sánchez de que el Gobierno trasladará al Congreso la necesidad de que el estado de alarma dure seis meses porque, según ha defendido, es el tiempo que recomiendan los expertos y va en línea de las decisiones del resto de países europeos para controlar la pandemia. Eso sí, según ha explicado la ministra, se trata una propuesta con una duración máxima, pero dependerá de la evolución de la pandemia si se levanta antes.

Darias ha insistido en que la alarma se podría levantar antes, siempre y cuando se den las condiciones que permitan hacerlo por una mejoría de la situación epidemiológica. En todo caso, ha insistido en reclamar al PP que no ponga condición alguna al plazo, porque "no es el momento de poner palos en las ruedas". Es más, ha asegurado que "es el momento de contribuir entre todos", recordando que entre las diez comunidades que han pedido el estado de alarma hay muchas gobernadas por el PP, de manera que la "mejor respuesta" que este partido puede darles es no poner condiciones a sus propias autonomías y apoyarlas.

También ha hecho notar que el "horizonte" de los seis meses es "compartido" por otros países europeos, como Francia o Italia, de manera que así se pueda dar "cierta perspectiva" de la evolución del COVID-19 y "concienciar" de la virulencia del coronavirus.

"Este Gobierno hace caso a la ciencia", ha remarcado en todo caso Carolina Darias, para quien este plazo "no es inamovible", pero siempre y cuando se detecte, una vez declarado el estado de alarma, una buena evolución de la relación de contagios que permita levantar la situación, cifrada en 25 casos por 100.000 habitantes.

Sánchez quiere aplicar el estado de alarma por un periodo de seis meses, hasta el 9 de mayo, y concede a los presidentes autonómicos ser la autoridad delegada en sus territorios, lo que permitirá a las autonomías confinar total o parcialmente.

Los partidos empiezan a posicionarse

Sánchez ha pedido a todos los grupos apoyo a "una medida tan extraordinaria pero tan necesaria para contener esta segunda ola". En especial ha solicitado el apoyo del primer partido de la oposición y ha recalcado que esto es una "cuestión de estado". "Los partidos políticos que se califican de Estado deben pensar seriamente en apoyar esta medida tan extraordinaria", dijo en su comparecencia este domingo en Moncloa.

Algunos partidos ya han empezado a posicionarse. Así, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de "excesivo" prorrogar el estado de alarma por seis meses y pedirá al Gobierno un plalzo "mucho menor". Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, considera "procedente" seis meses de estado de alarma si el Gobierno acude "con frecuencia" al Congreso "a dar explicaciones y a escuchar lo que digan los diputados".

Desde Vox, su presidente Santiago Abascal ha anunciado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de estado de alarma aprobado este domingo por el Consejo de Ministros y ha defendido que el toque de queda impuesto en toda España es "ilegal.

Por su parte, ERC ha indicado este lunes que no está de acuerdo con que el estado de alarma dure hasta el mes de mayo y es partidaria de "rendir cuentas ante los Parlamentos" todo lo que sea necesario, si bien aún no ha decidido el sentido de su voto en el Congreso con respecto a esta cuestión y ve "margen para negociar". En concreto vincula su apoyo a que la Generalitat asuma más competencias.

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