Arranca el Consejo de Ministros extraordinario que declarará el estado de alarma en Madrid

El Consejo de Ministros se reúne en Moncloa desde las 12.00 horas de este viernes, con carácter extraordinario, y con el objetivo de decidir sobre el estado de alarma para restablecer las restricciones a la movilidad en la Comunidad de Madrid que fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante la falta de respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras la reunión, los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerán en rueda de prensa, a partir de las 12:30 horas, según ha informado Moncloa.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que se encarga de presidir este Consejo --en sustitución del presidente Pedro Sánchez, que se encuentra de viaje en Barcelona con el Rey--, ha reafirmado poco antes de celebrarse esta reunión que si la Comunidad no hace lo necesario para "reconducir que esas medidas se mantengan", con arreglo al auto del TSJM, lo hará el Gobierno, "por el bien de contener la pandemia en Madrid".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el homenaje a Concepción Arenal por el bicentenario de su nacimiento en Madrid, al ser preguntada el concreto sobre si el Gobierno confía en poder llegar a un acuerdo con la Comunidad antes de que venza el plazo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha dado a Ayuso.

Sánchez habló este jueves con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para avisarle de que, si no toma medidas para volver a restringir la movilidad en Madrid o no solicita la declaración del estado de alarma para fijar nuevas medidas junto al Ejecutivo, será el Gobierno central el que lo haga este viernes, según ha informado Moncloa.

Asimismo, el Gobierno deja claro que "en cualquiera de los tres casos, las medidas de confinamiento perimetral y demás normas serían exactamente las mismas que ya se venían aplicando, pues lo único que cambiaría sería el instrumento legal por las que se adoptan, es decir, la cobertura jurídica".

En una segunda conversación telefónica, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha contestado a Sánchez que necesita tiempo. El presidente ha decidido darle de plazo hasta este viernes por mañana. En todo caso, Sánchez presidirá un Consejo de Ministros extraordinario por la mañana, para analizar la situación y tomar las decisiones que correspondan.

Sánchez ha realizado su llamada a Ayuso tras regresar del viaje a Argelia y reunirse con su equipo, con el fin de abordar las alternativas legales existentes para mantener las medidas previstas en la Orden revocada este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por razones "no de fondo", según defiende Moncloa, "sino de mera habilitación legal para adoptarlas".

El jefe del Ejecutivo ya había subrayado este mediodía, en la comparecencia de prensa que ha ofrecido en Argel, que es preciso "poner todos los instrumentos y medidas encima de la mesa", sin descartar la declaración del estado de alarma. En dicha comparecencia ha insistido en que las cifras de Madrid son "preocupantes" y en consecuencia había que estudiar todos los instrumentos posibles. Además ha recordado que el estado de alarma se demostró en el inicio de la pandemia como un instrumento "muy eficaz" para controlar la propagación del virus, y el Gobierno "siempre" lo ha contemplado entre las posibilidades a decidir.

Tras esta decisión judicial relativa a las restricciones que puedan afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como era el caso de limitar la entrada y salida de los municipios afectados por las restricciones, vuelven a estar en vigor las medidas acordadas el pasado 30 de septiembre en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, relativas a limitaciones de aforo, horarios de cierre de bares y restaurantes y sobre la práctica de deportes.

Una vez conocida la decisión, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha emplazado a las autoridades madrileñas a un encuentro para coordinar la acción entre ambas administraciones y retomar el diálogo.

No obstante, desde la Comunidad de Madrid se ha considerado "una prioridad ineludible" antes de la reunión contar con una orden "trabajada y completa pero sencilla" que prevé tener lista ya este mismo viernes y que recoge medidas "sensatas, justas y ponderadas" para la región.

Una incertidumbre para los madrileños que se produce en las vísperas de un puente y que, tras la decisión del TSJM, podrán abandonar la ciudad para disfrutar de tres días libres. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, han pedido a los madrileños responsabilidad y les han instado a permanecer en la ciudad.

El varapalo del TSJM

El TSJM  rechazó este jueves las medidas que restringen desde el viernes 2 de octubre la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital, al entender que son "una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare".

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del TSJM se opone así a las medidas que prevén actuaciones sanitarias coordinadas y aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el pasado viernes por la Consejería de Sanidad, ha informado este tribunal.

La Sala explica que la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se aprobaron las últimas medidas restrictivas se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pero en opinión de los magistrados ese artículo "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.

Entienden que "las medidas limitativas de derechos fundamentales" que establece la Orden del 1 de octubre de la Consejería de Sanidad "constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

E inciden en que en el orden constitucional español corresponde a los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales "la delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.

“Dicho de otro modo, los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho", añade el fallo.

En la resolución, los magistrados precisan que ahora nos encontramos ante un marco legal "que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis" al ratificar las medidas que entraron en vigor a finales de septiembre en 45 zonas sanitarias, ya que ahora se trata de un mandato del ministerio.

La Sala asegura que es "consciente de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes, ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad", pero también "de la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud, entre las que cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance".

"Para ello nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”, concluye.

Ofrecimiento en agosto

El presidente del Gobierno puso a disposición de las comunidades autónomas el pasado mes de agosto pedir un alarma individualizado y defender su aplicación, así como sus posibles prórrogas, en el Congreso.

Según explicó entonces, este instrumento estaba a disposición de los presidentes autonómicos que lo requieran para aportarle "instrumentos jurídicos" que puedan necesitar para combatir la pandemia. Según detalló, en caso de pedir ese estado de alarma individualizado, se desplegaría ese mando único.

En esa "voluntad de cogobernanza", concretó, acudirían junto al presidente autonómico al Congreso para explicar las causas sanitarias que los motivan y defender incluso su prórroga si fuera necesario. Todo ello, con el respaldo de los grupos parlamentarios que soportan la mayoría parlamentaria en la cámara baja.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, indicó entonces que solicitaría "todo aquello" que hiciera falta "si sirve para proteger la salud de los ciudadanos". No obstante, señaló que "no se puede pasar del estado de alarma a la nada, a la ausencia, como ha ocurrido durante este verano, y de la nada y la ausencia otra vez al estado de alarma".

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