Sánchez planea la reforma del Código Penal para acortar las condenas de los líderes independentistas

El Gobierno se plantea reformar el delito de sedición y rebelión que podría beneficiar a los líderes independentistas encarcelados o fugados

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que ha llegado el momento de mover ficha en relación a los presos del procés y más cuando la aprobación de los presupuestos depende, en parte, de un acuerdo con ERC. La reforma del Código Penal es la fórmula elegida por La Moncloa para tratar de acortar las condenas de los reclusos.

La intención del Gobierno, que rehúsa de dar fechas, es aprobarla por el proceso exprés antes de las elecciones catalanas, previstas para febrero del próximo año. Visto que la negociación con Ciudadanos no cuenta con el apoyo con su socio de gobierno, este guiño a ERC puede hacer que la jugada sea un 'win-win' para ambas partes ya que el Gobierno conseguiría el apoyo para los presupuestos y los republicanos demostrarían frente al electorado que la mesa de diálogo con el gobierno funciona.

A última hora, el Gobierno, propuso en el Consejo de Ministros el plan anual normativo para 2020 que incluía la revisión de los delitos "contra el orden público y la Constitución con la finalidad de adaptarlos tanto en perspectiva comparada con los textos nacionales de otras legislaciones nacionales europeas y al marco normativo de la Unión Europea, así como a los actuales parámetros doctrinales, políticos y constitucionales". Ya que como dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en febrero dicha revisión era necesaria, dado que el delito relativo a la sedición es “un artículo que no se toca desde hace 200 años”.

El procedimiento

El Gobierno, de hecho, prepara una reforma inminente y rápida. Se valora un texto sencillo, que pudiera ser sometido a la aprobación de las Cortes en lectura única. Es decir, por el pleno de Congreso y Senado, y sin pasar por el trámite en ponencia y comisión, lo que garantizaría que el proyecto fuera respaldado en muy poco tiempo. Así se hizo, de hecho, la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011. Otras fuentes del Gobierno, no obstante, advierten de que quizá una aprobación tan exprés "no encaje por la naturaleza del asunto".

Sánchez no ha descartado nunca el indulto. Pero esa opción también lleva su tiempo, puede recibir informes jurídicos desfavorables y su coste político no es menor. La vía de la reforma penal cuenta con más consenso dentro del Gobierno, ya que Unidas Podemos también presiona en esa dirección. De hecho, la formación morada ha presentado una propuesta que elimina la rebelión y en cuanto a la sedición descarta el alzamiento “tumultuario”, subrayando la violencia explícita como requisito imprescindible. Según su propuesta, el rango de penas por la banda baja del nuevo delito sería de tres años, cuando ahora se sitúa en los ocho. Su aplicación sería retroactiva, ya que la ley marca que se favorezca al reo. La reforma penal tiene además la ventaja respecto al indulto de que se podrá aplicar a los dirigentes que se fugaron de España si finalmente son extraditados, empezando por Carles Puigdemont en caso de que sea devuelto o decidiera regresar y someterse a juicio.

Frenazo en verano

En verano, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, enfrió la modificación del Código Penal. Afirmaba que debía analizarse con calma e incluso la sacó del calendario del 2020. Pero en aquel momento el Gobierno tenía la expectativa de poder renovar el CPGJ con el PP. Pero Pablo Casado rompió la negociación en agosto y, según deslizó Sánchez, se podría pensar que el jefe de los conservadores rechaza proceder al relevo en el Poder Judicial porque "esta composición le beneficia" por los casos de corrupción que se están investigando en los tribunales.