La imputación de Podemos y parte de su dirección daña al Gobierno de Sánchez y debilita el liderazgo de Iglesias

En plena crisis sanitaria, económica e institucional (por el escándalo de don Juan Carlos) el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de sumar otro problema al saberse que Podemos, el partido que conforma el Gobierno de coalición con el PSOE, ha sido imputado por prácticas presuntamente delictivas con la posible existencia de una ‘caja B’ de dinero ocultos y sobresueldos fuera de la legalidad fiscal y la transparencia. Esta imputación, que Podemos denuncia como fruto de la mala fe del juez, se une a la investigación que sufre el propio Pablo Iglesias por posible denuncia falsa y retención de la tarjeta del móvil de su colaboradora Dina.

Dos casos con un importante testigo de cargo como lo es el ex jefe del departamento jurídico de Podemos José Manuel Calvente, al que Iglesias pretendió callar y desprestigiar con una denuncia de ‘acoso sexual’ a una compañera de su partido.

Denuncia rechazada y archivada en los tribunales por falta de pruebas como también los tribunales rechazaron, por presunta denuncia falsa de Iglesias -ahora investigado por ello-, la acusación de que la ‘política política’ de los Villarejo estaba actuando contra Podemos en tiempo de los Gobiernos de Rajoy.

La imputación de Podemos y de parte de su directiva ha provocado seria preocupación en el Gobierno de Sánchez, donde Iglesias y sus ministros no para de crearle problemas al Presidente y a los ministros del PSOE, así como entre los partidos conservadores de la Oposición que se han lanzado a la carga contra Iglesias como numerosos medios de información.

Y todo ello ocurre cuando Iglesias y Podemos están en plana campaña contra la monarquía y el Rey Felipe VI, apoyándose en los informes sobre las presuntas corrupciones del Rey Emérito Juan Carlos I. El que abandonó España el pasado día 3 de agosto y permanece en paradero desconocido.

Imputado el '2' de Iglesias y parte de la cúpula

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido Calvente por posibles delitos de malversación y administración desleal. Además, el juez también ha imputado a Podemos como persona jurídica en la causa. El magistrado ha citado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado julio.

Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.

Las comparecencias de los investigados tendrán lugar después de que hayan declarado tanto Calvente como Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso y exresponsable del equipo legal de Podemos, y Mónica Carmona, otra de las antiguas abogadas del partido que fue despedida también en diciembre. Ambas están citadas el próximo 15 de septiembre como testigos de refutación tras la denuncia de Calvente.

La decisión del magistrado llega pocos días después de que el Tribunal de Cuentas emitiese un informe en el que se registran 425.000 euros de gastos que Podemos imputó como electorales de cara al 28-A y que el órgano considera irregulares.

Investigación interna

Según explicó el propio abogado a Europa Press, Carmona y él estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos. Irregularidades que habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.

En todo caso, Calvente quiso dejar claro que él no ha denunciado a Podemos como persona jurídica y que su escrito no se dirige contra personas concretas, sino que ha relatado unos hechos presuntamente irregulares, de modo que es el juez el que debe decidir, tras la investigación correspondiente, quiénes son los posibles autores.

El abogado fue despedido el pasado diciembre tras ser denunciado por otra de las letradas del partido, Marta Flor, de acoso sexual y laboral, denuncia que ha sido recientemente archivada por otro juez de Madrid al no encontrar ningún indicio al respecto.

Podemos pide anular la declaración de Calvente

Podemos ha solicitado al juez la nulidad de la declaración de su exabogado Calvente. En el escrito al que ha tenido acceso EFE, del pasado 5 de agosto, la formación morada argumenta que solo se le ha entregado "un extracto parcial con deficiencias técnicas" de la declaración realizada por Calvente ante el juez el pasado 29 de abril lo que genera un "evidente indefensión" de los cargos del partido imputados.

Podemos considera que el no poder "verificar" la declaración de Calvente obliga a "ejercer 'a ciegas'" el derecho a la defensa de los representantes del partido citados para noviembre, por lo que pide la "nulidad" tanto de la declaración como dejar "sin efecto" las diligencias acordadas "a la vista" de esta en los autos del 30 y 31 de julio.

Según Podemos, solo se ha proporcionado a sus abogados la grabación de los primeros 41 minutos y 52 segundos, y "con importantes deficiencias técnicas que impiden entender gran parte de lo declarado", sin que conste el "tiempo restante, que deberían ser unas 2 horas y 40 minutos".

Fuentes de la formación morada aseguran que los abogados del partido se volvieron a poner en contacto con el Juzgado para pedir la declaración íntegra por si se había producido "un error". Pero la "sorprendente respuesta" del Juzgado fue que lo entregado era lo único que consta en el procedimiento y tampoco figura que se hiciera transcripción de la declaración.

Iglesias, 'atrapado' en el caso Dina

Esta investigación sobre la supuesta 'caja b' de Podemos, se une a la causa abierta por la llamada pieza Dina, donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga el supuesto robo del móvil a Dina Bousselham, la exasesora de Iglesias. Una causa en la que el juez apunta que el líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno podría haber cometido los presuntos delitos de descubrimiento de secretos y de daños informáticos por la manera en que manejó la tarjeta móvil de su asesora.

El contenido de la tarjeta móvil del teléfono, que incluía fotografías íntimas y conversaciones entre miembros de Podemos, apareció en la casa del excomisario en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, cuando fue detenido en noviembre de 2017.

Al abrirse esta causa, Iglesias declaró que cuando recibió la tarjeta del presidente del Grupo Zeta, esta funcionaba, mientras que Dina señaló, por su parte, que ella no pudo acceder al contenido de la tarjeta, que según se ha comprobado en la instrucción, se encuentra parcialmente quemada.

Estas contradicciones llevaron al juez a retirar a Iglesias la condición de perjudicado en esta pieza del caso Villarejo, a la vez que rechazó "por precipitada" la propuesta de la Fiscalía de citar a Bousselham para que especificara contra quién iba a ejercer la acción penal o a quiénes, en su caso, otorgaba el perdón por estos hechos. Ante esta decisión, la exasesora, que ahora dirige un periódico digital próximo al partido, optó por remitir una carta al juez exculpando a Iglesias de los daños en la tarjeta y aseguraba que cuando él se la entregó funcionaba, y que luego dejó de hacerlo.

La empresa a la que su pareja acudió para recuperar el contenido de la tarjeta indicó al juez en un reciente informe que ésta llegó "irrecuperable" con los métodos habituales a su sede de Gales en septiembre de 2017, pero intacta y sin cortocircuitos.

Si el juez finalmente considera que el vicepresidente ha incurrido en algún tipo de delito deberá solicitar su imputación mediante una exposición razonada al Tribunal Supremo, al tratarse de un aforado.

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