Más de 70 incidentes y prácticas institucionales racistas durante el estado de alarma en España

Se han detectado 39 casos de presuntos abusos policiales de carácter racista y 47 identificaciones por perfil racial

Una investigación remitida a varios organismos de Naciones Unidas y de defensa de los derechos humanos ha documentado más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias durante el Estado de Alarma decretado en España el pasado 14 de marzo por la pandemia del coronavirus. En concreto, se ha detectado 39 casos de presuntos abusos policiales de carácter racista y 47 identificaciones de personas por perfil racial, de las cuales 33 (más del 70%) denuncian haber sido objeto de brutalidad policial tras su identificación.

Así se recoge en el informe 'Crisis sanitaria COVID-19: racismo y xenofobia durante el estado de alarma' elaborado en el marco de una iniciativa global de recogida de datos desagregados y para visibilizar el impacto de las medidas de confinamiento sobre las minorías étnico raciales vulnerables, el racismo estructural e institucional en España.

Según pone de manifiesto el informe, elaborado por el Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente en España en colaboración con Rights International Spain (RIS), se han producido más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias durante el estado de alarma entre el 15 de marzo y el 2 de mayo 2020.

El documento, impulsado desde la sociedad civil y por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha sido remitido al Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los Afrodescendientes, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Minorías y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros organismos de derechos humanos.

De las informaciones obtenidas directamente de las personas afectadas y organizaciones sociales, se ha documentado las vulneraciones de derechos humanos sucedidas en diferentes puntos del Estado español, siendo Madrid la región con un mayor número de denuncias (40%), seguida por Cataluña (21%) y País Vasco (8%).

En cuanto al grupo étnico racial que sufrió el mayor número de violaciones, de las 47 respuestas individuales recibidas, las personas negras y afrodescendientes (32%) fueron las más afectadas, seguidas por árabo-musulmanas (30%), gitanas (25%) y latinas (8%).

Uso de perfiles étnicos racionales

De la información recabada de los cuestionarios en línea, 47 personas denunciaron haber sido objeto de identificaciones por perfil racial. De ellas, 33 (es decir, más del 70%) fueron objeto de brutalidad policial tras ser identificadas, según se recoge en el informe, que revela que la mayor parte de comentarios de odio afectan a personas gitanas.

Por ejemplo, la organización SOS Racismo Madrid indicó que, entre el 15 de marzo y el 7 de abril, se realizaron en la capital por parte de la Policía Nacional "al menos trece identificaciones por perfil racial, cuatro a jóvenes marroquíes y ocho a hombres afrodescendientes". Según esta ONG, cuatro de estas identificaciones se realizaron a personas en situación administrativa irregular y fueron amenazadas con ser "expulsadas del país en cualquier momento".

Es más, SOS Racismo denuncia que estas personas "se vieron obligadas a un confinamiento total", no pudiendo ejercer el derecho de adquirir alimentos de primera necesidad "por miedo a la policía".

Según la investigación, casi un 26% de los encuestados están en una situación administrativa irregular, algo que "incrementa notablemente su indefensión y la vulnerabilidad frente a los abusos", tal y como aseveran los autores del informe. Si bien, remarcan que tener una situación administrativa regular no es garantía para las personas racialmente diversas.

39 casos de abusos policiales racistas

De la información recabada online, se han denunciado 39 casos de vulneraciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ese total, 22 (es decir, el 56,41%) fueron realizadas por la Policía Nacional, seguido de la Guardia Urbana de Barcelona, con el 15,4% de los casos.

Por ejemplo, un joven árabe solicitante de asilo que salió durante el confinamiento para comprar fue identificado por agentes de la Policía Nacional, pidiéndole sus papeles. Al no llevar la tarjeta roja acreditativa de su estatus como solicitante de asilo, fue llevado a comisaría y, aunque salió sin sanción una vez identificado, contó que "el trato en comisaría fue vejatorio, que le hablaron de forma racista, en tono despectivo y le llamaron 'moro'".

En este contexto, el informe pone de manifiesto "la necesidad y urgencia de tomar medidas a corto, medio y largo plazo hacia la eliminación de la discriminación racial". Tal y como señalan los autores, el Estado debe abordar "seriamente el racismo estructural en España que perpetúa las desigualdades" y "los delitos de odio deben ser investigados de manera rápida y efectiva".

Según reivindican, "se debe prohibir por ley el uso de perfiles raciales por parte de la policía" y "es necesario introducir formularios de identificación que recojan datos empíricos objetivos de control policial que incluyan etnicidad y nacionalidad".

Asimismo, sostienen que "todo uso excesivo de la fuerza debe investigarse de forma pronta, exhaustiva y efectiva". Además, destacan que la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial "no ha incluido de manera sustancial la perspectiva étnico-racial ni medidas específicas contra la discriminación racial en la
respuesta del Gobierno de España para hacer frente a la crisis sanitaria".

De igual modo, defienden que las administraciones públicas deben regularizar de manera urgente la situación administrativa de las personas migrantes que se encuentran en el territorio español, garantizando sus plenos derechos, permitiendo su acceso a la salud y vivienda digna en condiciones de igualdad, al tiempo que reclaman la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, entre otras cuestiones.

Tal y como recuerdan, España se sometió en enero de 2020 al tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que evalúa, cada cinco años, los progresos en materia de garantías fundamentales de los Estados miembros. El resultado de dicho examen recoge 275 recomendaciones propuestas por 110 Estados, entre las que figuran al menos 82 sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de lucha contra la discriminación racial.