Marlaska, el Faisán y el ‘polvo del camino’

Nadie sabe dónde se ha escondido ahora el hombre que acorraló a Alfredo Pérez Rubalcaba cuando en 2006, siendo éste ministro del Interior, se produjo el chivatazo policial a ETA, conocido como ‘caso Faisán’. Chivatazo que tuvo como objetivo no entorpecer las negociaciones de paz con la banda que había puesto en marcha el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Nadie sabe dónde está el juez que, al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, abrió el camino para que Enrique Pamiés, entonces jefe superior de Policía del País Vasco, y el inspector José María Ballesteros fueran condenados en octubre de 2013 a año y medio de cárcel y a cuatro de inhabilitación por revelación de secretos. La sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada en julio de 2014 por el Tribunal Supremo, dejó probado que los dos policías le contaron a Joseba Aguirre, propietario del bar Faisán de Irún, y miembro de la red de extorsión de ETA, que se iba a desarrollar de forma inminente una operación judicial y policial hispano-francesa para detener a todos los integrantes de dicha red.

Nadie sabe si aquél magistrado brillante, pero un tanto arrogante y soberbio, sigue pensando lo que intuía entonces: que era imposible que el chivatazo fuera una acción aislada de dos policías y que detrás de aquella conversación telefónica del 4 de mayo de 2006, que duró exactamente 492 segundos, había una mano ‘política’ que no quería que las conversaciones con ETA se fueran al traste. Aunque nada pudo probarse, todas las miradas se dirigieron entonces a Víctor García Hidalgo, director general de la Policía y jefe directo de Pamiés; también a Antonio Camacho,  secretario de Estado de Seguridad, y, siguiendo el escalafón, al citado Rubalcaba que desempeñaba entonces el mismo cargo que ahora ocupa Fernando Grande-Marlaska Gómez, aquel juez al que ya nadie reconoce.

La casualidad ha querido que una diputada le recordara, mostrándole un auto que él mismo había firmado en 2006, que durante la instrucción del ‘caso Faisán’ ordenó expresamente a los policías nacionales y guardias civiles, que participaban en la misma como Policía Judicial, de que le debían informar única y exclusivamente a él de todas las pesquisas, y nunca, bajo ninguna circunstancia, a sus jefes. Y Grande-Marlaska volvió a ver este papel horas después de haber decidido el cese del coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por seguir a rajatabla la filosofía del hoy ministro cuando era juez.

El caso ya es sabido. Pérez de los Cobos no quiso entregarle al ministro, a través de la directora general de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, el informe realizado por dos agentes de su Comandancia, en funciones de Policía Judicial, sobre el ‘caso 8-M’, en el que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por si pudo haber cometido un delito de prevaricación al permitir la marcha feminista. Ni entregar el citado informe ni tan siquiera ‘enterarse’ de su contenido. El coronel argumentó a su jefa que no había leído ni sabía nada del citado informe porque la titular del juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, había exigido expresamente a los citados agentes, como hiciera Grande-Marlaska en 2006, que le debían informar única y exclusivamente a ella de todas las pesquisas, y nunca, bajo ninguna circunstancia, a sus jefes.  Menos de 24 horas después de esta negativa el ministro fulminaba a Pérez de los Cobos, argumentando pérdida de confianza.

“El tóxico que desprende la política ha acabado con él”, señala un antiguo compañero que añade que el ministro “ha caído bajo el influjo de los telediarios. Y de impartir Justicia para la sociedad ha pasado a hacer servicios para el Gobierno. Así de sencillo. Su prestigio se ha ido evaporando; el de ahora ha sido el ultimo paso en su autodestrucción. Todo el mundo sabe, y él también,  lo que dice el artículo 126 de la Constitución, que cuando los policías y guardias civiles actúan como Policía Judicial dependen de los jueces y que el Gobierno que sea no sólo no puede sino que no debe enterarse del contenido de las investigaciones judiciales que llevan a cabo por orden de aquellos. E igualmente que ningún superior jerárquico puede requerirles ninguna información a estos agentes para después transmitirla a terceras personas”. 

Manuel Almenar, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), declaraba a este respecto que Marlaska “debe saber que esa interferencia es un quebrantamiento grave de la normativa ética, deontológica y profesional que debe inspirar la actuación de un ministro de Interior”.   Y como la APM, todas las asociaciones judiciales han criticado duramente este comportamiento que sin duda afecta al principio de independencia judicial.

Paralelamente, algunos han empezado a defender el cese argumentando que el informe –que ya había sido filtrado por Interior tras ponerlo el juzgado a disposición de las partes– estaba repleto de bulos, errores y mentiras. Este intento desesperado por desacreditarlo más bien parece una cortina de humo para tapar el desbarajuste provocado. Pérez de los Cobos fue apartado, simplemente, por no entregar a sus superiores un informe que la autoridad judicial le había ordenado no entregar. Nadie duda de que la magistrada Rodríguez-Medel, de demostrada personalidad, acabaría dando al mismo la importancia real que tuviera. Esta jueza ya demostró su talante cuando se llevó por delante a Cristina Cifuentes por su máster e intentó hacer lo propio con Pablo Casado. 

Marlaska lleva tiempo dejándose manejar, afirman algunos antiguos compañeros del hoy ministro. “Tuvo que irse, y no se fue, cuando supo que una compañera del Consejo de Ministros le había insultado y menospreciado delante del comisario Villarejo y de Baltasar Garzón. Tuvo que irse, y no se fue, cuando le empezaron a imponer los nombres clave de su departamento, entre ellos el de la propia directora general de la Guardia Civil. Marlaska ha ido aceptando todas las sugerencias con tal de estar ahí. Todas. ERC siempre ha querido defenestrar a Pérez de los Cobos, por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y mira qué casualidad: se va el coronel y ERC vuelve al redil de Gobierno para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma... La política fue siempre su objetivo y ya estuvo cerca de ser fiscal general del Estado con el Gobierno del PP, que lo acabó llevando al Consejo General del Poder Judicial. Del juez del Faisán ya no queda nada”.

Pero Marlaska ha podido cometer el error de volver a reactivar un procedimiento, el del ‘8-M’, cuya muerte era cuestión de días o semanas, según las fuentes consultadas. Éstas tienen claro que su recorrido era limitado y que, sin embargo, ahora ha vuelto a coger vuelo. Y el error sería trágico si la jueza Rodríguez-Medel abriera una pieza separada al caso si entiende que la destitución de Pérez de los Cobos ha sido provocada porque el guardia civil cumplió una orden directa suya.

Hay quienes se preguntan estos días qué habría pasado si al Gobierno del Partido Popular se le hubiera ocurrido apartar a Manuel Sánchez Corbí, coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por tener en su punto de mira la corrupción reiterada del Partido Popular; o si se hubiera trasladado a los agentes de la UDEF que investigaron el ‘caso Gurtel’, lo que acabó provocando la moción de censura que propició la caída de Mariano Rajoy.  La respuesta general es que jamás se hubiera atrevido. No por ganas sino por miedo a lo que le pudiera caer encima. 

 Pero no hay miedo que pueda frenar a este Gobierno, el que más poder atesora de la reciente historia de la democracia en España por culpa de esta maldita pandemia. Y Fernando Grande-Marlaska, el que fuera juez, es una prueba de ello. Él forma parte de esa mínima y exclusiva lista de magistrados estrella que en su viaje de los tribunales a la política han ido utilizando a su conveniencia aquello de la separación de poderes. Una separación de poderes que era dogma para el ahora ministro y que acabó pasando a mejor vida, posiblemente desde que escuchó a Cándido Conde-Pumpido, fiscal general en el Gobierno de Rodríguez Zapatero y hombre fuerte en el actual Poder Judicial, decir en el Senado una frase que merecería grabarse en piedra. “El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”. Anticipo certero, brillante y demoníaco de lo que sucede cuando un juez, por ejemplo, se sumerge en ese pozo gris y profundo que es la política y cambia los códigos y las leyes por los manuales de instrucciones.