Jueces y fiscales exigen a Marlaska restituir a Pérez de los Cobos y le avisan de que pudo incumplir la ley

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha pedido que se restituya en su puesto al coronel Diego Pérez de los Cobos hasta que finalice la instrucción de la causa sobre la manifestación del 8M o hasta que la jueza tome una decisión sobre ella. Esta asociación avisa de que el ministro pudo vulnerar varias leyes, incluido el artículo 117 de la Constitución que establece “los principios de división de poderes y de estricta sujeción a la propia norma constitucional y a la ley, básicos en un Estado de Derecho”.

"No queremos pensar que en el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos confluyan otras circunstancias que las apuntadas de ‘pérdida de confianza’, porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal", subraya en un comunicado esta asociación. La APM exige al Ministerio del Interior que explique los motivos de la pérdida de confianza en el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid o que, al menos, "asuma públicamente que son ajenos a la instrucción penal en curso".

Fuentes cercanas al Instituto Armado han apuntado a que el cese pudo estar relacionado con un informe elaborado por la policía judicial de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M por encargo de una jueza de Madrid, y del que Pérez de los Cobos no informó a Interior.

La APM recuerda que los agentes de la policía judicial sólo deben responder ante el juez instructor, lo que incluye mantener "la reserva sobre las investigaciones encomendadas" salvo que el juez autorice lo contrario. De hecho, el artículo 126 de la Carta Magna sitúa a la Policía Judicial “bajo la dependencia de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente”. Paralelamente, la Ley de fuerzas y cuerpos de Seguridad, en su artículo 31, dispone que “los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación”.

De ahí que la APM advierta de que "cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido, a través de la prevalencia orgánica inherente a la cadena de mando, puede suponer una interferencia en la función judicial que puede llegar a afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido".

Según apunta, la profesionalidad y "absoluta lealtad" de la policía judicial permite a los jueces investigar delitos y enjuiciar a presuntos delincuentes, "desde miembros de la realeza hasta ex ministros, presidentes de comunidades autónomas o banqueros". "Introducir una mínima fisura en el sistema es abrir la puerta a la desconfianza y a eventuales intentos de controlar la actuación del Poder Judicial", alerta.

En la misma línea que la APM se ha pronunciado la Asociación de Fiscales (AF), que ha denunciado que el cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos supone “un ataque del Gobierno a la separación de poderes, una grave injerencia en el Poder Judicial”, si “el motivo es la negativa a entregar las diligencias de investigación de un delito, como todo parece indicar”.

En un comunicado, la AF expresa el “malestar” que le ha causado la decisión de Marlaska de cesar a Pérez de los Cobos por “pérdida de confianza” en la medida en la que “ello pueda afectar a la imagen de independencia e imparcialidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general, y de la Guardia Civil en particular, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones de Policía Judicial en el marco de una investigación penal”. Critica que “es una intromisión ilegítima del Gobierno en la actuación de la Guardia Civil”, “un ataque a la independencia de criterio e imparcialidad, de la que la Guardia Civil siempre ha hecho gala”, y “sienta un inquietante precedente”.

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