La acusación pide a la juez del 8-M que impute a Fernando Simón por desobediencia y denegación de auxilio

El abogado Victor Valladares, que fue el que presentó la denuncia que ha originado la causa que se instruye contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por posible prevaricación al no prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid, ha pedido este jueves a la juez de instrucción número 51 de Madrid que llame a declarar en calidad de investigado al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, al que acusa de los delitos de desobediencia (artículo 410 del Código Penal) y también de denegación de auxilio por parte de la Administración (artículo 412). Solicita además que se investigue por un delito contra los derechos fundamentales al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, único imputado en la causa, por una presunta prevaricación.

El letrado Víctor Valladares, pide que se investigue a Simón por desobediencia y por denegación de auxilio, además de considerar que ha incurrido en una "flagrante dejación de funciones" en la gestión de la pandemia y de afirmar, entre otras cuestiones, que animó a asistir a la manifestación con motivo del Día de la Mujer.

Tanto en su caso como en el de Franco, la acusación de apoya en el informe presentado por la Guardia Civil a la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

La acusación se centra en buena medida en las reuniones mantenidas los días 5 y 6 de marzo por Simón y el ministro, Salvador Illa, con los organizadores de un congreso evangélico que debía celebrarse en España entre los días 19 y 21 de ese mes, y en los argumentos que -según el informe- les dieron para no celebrarlo.

El propio Simón ha explicado en rueda de prensa que ese informe no menciona que al Congreso iban a asistir personas de 120 países, algunos de ellos de riesgo, y que esa era una de las circunstancias que ya se intentaban evitar en esos momentos.

La acusación sostiene que el epidemiólogo actuó de forma "evidentemente dolosa" prohibiendo unas manifestaciones y permitiendo e incluso "animando" a asistir a la del 8-M.

La acusación quiere que la jueza reclame todas las comunicaciones existentes entre el Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Emergencias relativas al coronavirus desde el 30 de Enero de 2020 hasta el 15 de Marzo de 2020 para determinar si desde el primero requirieron al segundo el auxilio que establece la ley y, de lo contrario, proceder contra Illa ante el Tribunal Supremo.

En cuanto a Franco, se trata de una ampliación de denuncia por las supuestas presiones que, de acuerdo con el informe de la Guardia Civil, se hicieron desde la Delegación del Gobierno para la desconvocatoria de otras manifestaciones convocadas entre el 5 y el 14 de marzo.

Se aplaza la declaración de Franco

Por otro lado,  la jueza del 8-M ha trasladado al 10 de junio la declaración del delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, como imputado por un presunto delito de prevaricación en la causa sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo cuando ya había brotes de COVID-19. En una providencia, la magistrada instructora accede a la petición de la Abogacía del Estado -que tiene recurrida la apertura del procedimiento- y señala para ese día a las 15.30 horas la comparecencia de Franco, prevista inicialmente para el 5 de junio.

También retrasa al 10 de junio las declaraciones como testigos del secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

Todas ellas se realizarán de manera presencial en el juzgado "a la vista de la incidencia técnica" ocurrida recientemente con el sistema de videoconferencia y para evitar problemas similares que "impliquen mayores retrasos en las declaraciones de la presente causa".

La magistrada Carmen Rodríguez Medel ha tomado esta decisión no sin antes destacar la "sorprendente" alegación de la Abogacía, dependiente del Gobierno, en relación a la necesidad de tiempo para instruirse cuando ya se le había notificado desde el 21 de abril que la causa quedaba a su disposición para hacer copias de la documentación. No ha sido hasta el 26 de mayo, indica la jueza, cuando la Abogacía ha comparecido y aun así, abunda, tenía ocho días más para preparar su defensa.

La magistrada no ha accedido a su petición en lo que concierne a las declaraciones ante la policía judicial señaladas para el pasado 25 de mayo, dado que su escrito entró en el juzgado el miércoles, señala la providencia. En ella, la magistrada también une a la causa varios escritos y recursos que han entrado en el juzgado en los últimos días y da traslado a las partes.

La Abogacía del Estado recurrió ante la Audiencia Provincial la apertura del procedimiento en un crítico escrito con la jueza, contra quien arremetía por haber abierto una "causa general" contra la gestión de la crisis sanitaria, que a su juicio vulneraría la normativa del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia cuando en Justicia sólo se atienden servicios mínimos.

En el marco de este procedimiento, la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, remitió un escrito en el que concluía que no debió permitirse ninguna concentración en Madrid desde el 5 de marzo y que las autoridades gubernamentales conocían los riesgos de transmisión de la COVID-19 antes del 8M.

Dicho informe fue presuntamente el desencadenante de una tormenta en la Guardia Civil, provocada por el cese del jefe de la comandancia en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, al que siguió la renuncia del número dos del Cuerpo, Laurentino Ceña y el cese del número tres, Fernando Santafé.