La mayoría de autonomías pasó a fase 1 haciendo pruebas a menos del 50% de los sospechosos

Sanidad permitió a la Comunidad de Madrid 'acceder' a la primera etapa de la desescalada al ver "suficiente" capacidad para hacer PCR

El Ministerio de Sanidad autorizó el paso de la Comunidad de Madrid a la fase 1 este lunes al considerar que dispone de suficiente capacidad para hacer pruebas de diagnóstico de casos sospechosos de coronavirus y adecuó los recursos humanos al sistema de detección precoz de posible casos de coronavirus con más de 10.100 efectivos, incluyendo 600 en Atención Primaria y 169 en el departamento de Salud Pública, del que dependen los denominados 'rastreadores' COVID-19.

Los datos del Ministerio de Sanidad dados a conocer en las últimas horas muestran que la mayoría de comunidades pasó a la fase 1 haciendo pruebas a menos de la mitad de los casos sospechosos. Salvo en La Rioja, que hacía diagnósticos para el 100% de los sospechosos en Atención Primaria, el resto de regiones queda lejos de esa cifra: Madrid hacía pruebas PCR al 50,4%, Andalucía al 52,3%, el País Vasco al 41% y Castilla-La Mancha a poco más del 40%. Y otras están incluso muy por debajo, como Asturias, que hacía las PCR solo al 14,3%. En Cataluña, Barcelona y su área metropolitana norte y sur hacían PCR al 21% de los sospechosos.

Disponer de "suficiente" capacidad de hacer pruebas PCR a la población ante un aumento de la incidencia de coronavirus ha sido uno de los principales criterios que Sanidad ha tenido en cuenta para permitir avanzar a los territorios en la desescalada, una de las razones por las que Madrid ha pasado a la fase 1.

Sin embargo, una comunidad con menor capacidad para hacer test puede estar mejor preparada que una con una capacidad mucho mayor al tener una incidencia de la epidemia baja. Serían los casos de Asturias y Madrid, por poner un ejemplo.

El Ministerio de Sanidad ha publicado los informes sobre el cambio de fase de las comunidades autónomas, que como ya había adelantado su titular, Salvador Illa, se conocerían cuando todos los territorios estuvieran en la fase 1 de la desescalada, lo que ocurrió este lunes.

Los informes, firmados por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, y fechados entre el 2 y el 22 de mayo, valoran también la situación epidemiológica de cada provincia, isla o área sanitaria, el sistema de detección precoz en atención primaria o la presión hospitalaria.

En cuanto a la disponibilidad de camas de UCI o de pacientes agudos, otro de los aspectos que Sanidad tiene en cuenta a la hora de decidir el cambio de fase, prácticamente todas las comunidades superan los criterios requeridos.

La Comunidad de Madrid, cuyos dos intentos frustrados de pasar de fase generaron las críticas de los responsables autonómicos, logró finalmente avanzar a la 1 después de que el último informe, del 22 de mayo, constatara que había incrementado "notablemente" la capacidad de realizar PCR.

Así, en ese momento se encontraba al 50,4% de su capacidad, "por lo que podría considerarse que existe una reserva suficiente si se produce un nuevo incremento de la incidencia compatible con el despliegue de la estrategia de diagnóstico exhaustivo de casos sospechosos en atención primaria al mismo tiempo".

Además, entre el 12 y el 17 de mayo se le hizo un PCR al 100 % de los 1.948 casos sospechosos detectados en atención primaria.

En el caso de la Comunidad Valenciana, que no pudo pasar íntegramente a la fase 1 el 11 de mayo, el informe de Sanidad pedía "un esfuerzo" para hacer más pruebas de diagnóstico por PCR (como mínimo al 80-100% de casos sospechosos en 24 o 48 horas) y el seguimiento de sus "contactos estrechos".

También a Andalucía, que avanzó a la fase 1 en la primera oleada, salvo las provincias de Málaga y Granada, le solicitaba "asegurar" la realización de PCR como mínimo al 80% de los casos sospechosos en un plazo de 24-48 horas.

Sanidad valoró que en Cataluña -en fase 1 el 18 de mayo, salvo Barcelona y su área metropolitana- se empezaba a implementar "un circuito de diagnóstico de casos sospechosos en atención primaria con disponibilidad de un resultado en 24-48 horas, así como coordinación con Salud Pública para la trazabilidad de los contactos".

Respecto a la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, Sanidad apoyó el criterio de "prudencia" de la Generalitat para no permitir su pase a la fase 1 hasta este lunes, teniendo en cuenta tanto su densidad de población, como el hecho de ser un nudo central de comunicaciones y, por tanto, existir un mayor riesgo de contagio.

Castilla y León, que no pudo completar hasta este lunes el pase de toda la comunidad a la fase 1, contaba, según el último informe (del 22 de mayo) de una capacidad diaria de PCR "adecuada" en todas las provincias en los siete días anteriores, mientras que la detección de sospechosos en atención primaria a los que se les hace la prueba es superior al 80% en 5 de las 9 provincias.

Sanidad consideró que Castilla-La Mancha estaba haciendo "un esfuerzo importante" para reforzar su capacidad diagnóstica y su sistema de detección precoz y seguimiento de contactos en Atención Primaria, con una estrategia que está en marcha desde el 11 de mayo.

Así se recoge en el informe del 15 de mayo, en el que se autorizó que las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real pasaran a la fase 1, toda vez que Cuenca y Guadalajara habían entrado el 11 de mayo.

Entre las consideraciones que el Ministerio de Sanidad tuvo en cuenta para autorizar el 11 de mayo el paso del País Vasco a la fase 1 destaca la capacidad para incrementar en 1.867 el número de camas en hospitales en un plazo de 1 a 5 días, además de ser de las comunidades que más pruebas PCR hace por 1.000 habitantes, solo superada por La Rioja. Esta comunidad es una de las pocas en las que los servicios de atención primaria realizan un 100% de pruebas PCR a los casos sospechosos.

La evolución favorable de casos de COVID-19 y la capacidad sanitaria, por recursos instalados, posibilidades de ampliación de camas y reservas de material sanitario, con un circuito para garantizar seis semanas, permitieron a Aragón pasar a la fase 1 el 11 de mayo.

Igualmente, la "buena situación epidemiológica", indicadores "muy positivos" en la capacidad del sistema y un procedimiento "efectivo" para realizar PCR a todos los sospechosos (en atención primaria, en las primeras 24 horas) son algunos aspectos valorados por Sanidad para permitir también a Navarra avanzar a la fase 1 en esa misma fecha.

Una capacidad superior a los mínimos establecidos de camas, una tasa de test PCR "significativamente muy por encima de la media nacional" y un stock de material de protección para ocho semanas son varios de los criterios que permitieron el pase a la fase 1 de Cantabria.

El Gobierno autorizó el paso de Asturias a esa misma fase después de que reforzara en más de un 10% la plantilla de atención primaria y un 11,8 % la hospitalaria, un refuerzo de personal al que se une "una reserva importante" de camas para agudos y de UCI.

La capacidad de Madrid

En cuanto a otros criterios que Sanidad aplicó a Madrid, en torno a la que se generó una gran polémica entre el Gobierno regional y el central, está su capacidad asistencial con 72,2 camas de agudo por cada 10.000 habitantes y de 2,8 de UCI sobre la misma proporción poblacional se encuentra "muy por encima" de lo establecido, a lo que sumó la respuesta de su sistema hospitalario durante la "onda epidémica" para adaptarse a la demanda asistencial que requería la población.

Así lo recoge el informe suscrito por la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, el pasado viernes que ha sido publicado por el departamento dirigido por Salvador Illa y que enfatiza que la curva epidémica del COVID-19 está en tendencia descendente en la Comunidad de Madrid.

En este documento expone que la capacidad para realizar pruebas PCR, que fue una de los aspectos claves de la segunda negativa a Madrid a pasar a fase 1, se ha incrementando "notablemente", con 15.529, aunque el promedio diario realizado descendió de 9.918 a 7.871 test, si bien entiende que ello se debe a la reducción del "número de sospechas detectadas".

"Así, se encuentra al 50,4% de su capacidad, por lo que podría considerarse que existe una reserva suficiente si se produce un incremento en la incidencia compatible con e despliegue de la estrategia de diagnóstico exhaustivo de casos sospechosos en Atención Primaria al mismo tiempo", remacha el documento.

El Ministerio de Sanidad valoró también los detalles aportados sobre el apoyo tecnológico y los equipos multidisciplinares para adaptarse a un escenario de "volumen alto de casos", con un protocolo de seguimiento de contactos, reorganización de los recursos de Salud Pública y la incorporación de voluntarios y efectivos adicionales.

En cuanto a la asistencia sanitaria en residencias, que fue puesta en cuestión por el Ministerio de Sanidad en el anterior documento, Salud Pública a nivel nacional recalca que se han realizado numerosas intervenciones y mayor detalle de la activación de los mecanismos.

"Según esta información, todas las residencias están cubiertas por la asistencia sanitaria habitual, los equipos de Atención Primaria hace un seguimiento rutinario de forma presencial en residencias, los equipos de farmacia hospitalaria han repartido la medicación necesaria, así como los equipos de oxigenoterapia y el SUMMA 112 permite la movilización de los residentes al ámbito sanitario", especifica.

Ante esta valoración, el Ministerio recomienda "continuar con los esfuerzos" para desplegar el sistema de diagnóstico precoz y monitorizar sus indicaciones sobre todo en Atención Primaria. A ello añade ahondar en el despliegue de la estrategia de estudio de contactos sospechosos de coronavirus y monitorizar sus indicaciones.

Primer informe

El Ministerio de Sanidad decidió el 15 de mayo a Madrid en fase cero al considerar que su capacidad para desplegar pruebas PCR estaba "al límite", apreciaba que no aportaba datos sobre los tiempos de disponibilidad de la información recopilada en su sistema de vigilancia ante el COVID-19, que se debía consolidar en Atención Primaria, y no detectaba detalles del refuerzo del personal necesario.

Por otro lado, el departamento de Salvador Illa también revela el informe del 8 de mayo, que fue el que sustentó el primer rechazo a la petición de Madrid de ir en la primera oportunidad a la fase 1, en el que detectaba que la presión del coronavirus en Madrid era aún "moderada" y entonces apreciaba "algunas ideas" de su sistema de vigilancia de casos sospechosos, pero no describía su sistema de funcionamiento ni algunos aspectos "clave", como el circuito y las responsabilidades para recabar esa información, la integración en ello de los centros privados o cómo se integraban en el mismo las nuevas herramientas tecnológicas.

También se concluía que Madrid tenía que ampliar su capacidad para hacer pruebas PCR dado que la información aportada entonces mostraba que "podría resultar insuficiente" en caso de brote, con su implementación especialmente en Atención Primaria. En esta referencia, el Ministerio detallaba que ese sistema se iba a poner en marcha el 11 de mayo.

"La proporción de positividad de la PCR a nivel hospitalario es aún muy elevada, de un 71%, lo que indica que la presión del COVID-19 es más elevada de lo deseable", apostillaba entonces Salud Pública a nivel estatal.

Por su parte, la Comunidad de Madrid defendió cuando se rechazó en dos ocasiones su solicitud que cumplía con los indicadores sanitarios que marcaba el Ministerio de Sanidad en su estrategia de desescalada y consideró que esta negativa, sobre todo en el segunda negativa, había castigado "severamente" a los madrileños y sospechaba que era por motivos "políticos".

De hecho, el Gobierno regional registró un recurso al Tribunal Supremo en el que argumentaba que en el primer rechazo no recibió informe técnico al respecto y apreciaba en las resoluciones del Gobierno central una "diferencia de criterio que sitúa la decisión en el ámbito de la arbitrariedad".

Asimismo, el Ejecutivo autonómico relataba, que siguiendo las objeciones del informe ministerial de 15 de mayo, se observaba que a la Comunidad de Madrid se le aducen razones para no progresar en la desescalada que, "de aplicarse por igual a todas las comunidades autónomas, deberían haber impedido la progresión de territorios que, en cambio, se vieron incluidos en la fase 1 desde el 8 de mayo".