La renta mínima llega esta semana para 850.000 familias con dudas sobre su impacto contra la pobreza

El ingreso mínimo vital (IMV), renta con la que el estado pretende combatir la pobreza y que será aprobada en el Consejo de Ministros del viernes, oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros, según ha adelantado este domingo el titular de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá. En una entrevista publicada por 'El Periódico', el ministro ha explicado que el ingreso vital llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas. Pero ya han surgido las primeras críticas incluso antes de que se apruebe.

El Gobierno se plantea que, en primera instancia, el IMV llegue a los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes. Esa cifra, ha precisado el ministro, "se corresponde con el veinte por ciento más pobre de la sociedad española". "Ahí hay unos 600.000 hogares, según nuestras estimaciones. Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75 por ciento de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda", ha agregado.

El acceso a esta prestación lo tendrán aquellos hogares que tengan unos ingresos y un patrimonio "por debajo de un umbral" que el Gobierno va a fijar "para cada una de las catorce tipologías" que definirá, "sin tener en cuenta la vivienda habitual", ha puntualizado. "Complementaremos la renta de esos hogares hasta el umbral de renta mínima que resulte en cada caso", ha indicado.

El ministro ha adelantado que se fijará un tope de patrimonio a partir del cual no se puede pedir acceder al ingreso. Ese límite está tasado en el caso del País Vasco en 35.800 euros. "Será menor", ha dicho Escrivá, quien sin embargo no ha avanzado la cuantía.

Respecto a la renta que no se podrá superar para tener acceso a la prestación, el ministro ha explicado que, inicialmente, "para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas". "Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. Este es el cambio fundamental", ha remarcado.

A partir de los 461 euros para un hogar formado por un adulto, ha informado, se aplicará una serie de coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, "con un añadido para los hogares monoparentales, que en un 80 por ciento son mujeres", ha puntualizado. La implantación de esta prestación, ha indicado, obligará a su vez a las autonomías "a redifinir sus prestaciones, teniendo en cuenta que a partir de ahora habrá un mínimo estatal garantizado".

Escrivá ha incidido en que "un porcentaje significativo de beneficiarios" del nuevo ingreso "será de origen extranjero, siempre que se constate que tenga residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forma parte de un hogar durante un año y que cumple las condiciones". Según las previsiones del Gobierno, "en junio podrían cobrar quienes se beneficien del pago de oficio". El Gobierno, en la búsqueda de la implicación del sector privado, creará también el llamado "sello social", dirigido a "empresas que ayuden a encontrar empleo" a los perceptores del IMV, cuya implantación supondrá un coste para el estado de unos 3.000 millones.

Escrivá ha afirmado que "nunca" entendió "que existieran" diferencias con el vicepresidente Pablo Iglesias para el diseño del IMV, y respecto al acuerdo alcanzado con Bildu para la derogación de la reforma laboral ha señalado que "el compromiso está ahí y algunas de las medidas ya se han adoptado".

Servicios Sociales critica la opacidad del IMV y teme que no sea la solución 

Sobre la renta mínima y frente a los planes del Gobierno están los críticos de la medida como la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha lamentado la "opacidad" con la que se ha llevado a cabo la tramitación del ingreso mínimo vital cuya aprobación está prevista para esta semana. El colectivo considera que la renta mínima deja "importantes zonas de sombra e incertidumbre" y teme que la medida no sirva para paliar las situaciones de pobreza derivadas de la pandemia del coronavirus.

La asociación asegura que la medida deja sin aclarar cómo piensa afrontar "el paradójicamente elevado nivel de no acceso a este tipo de prestaciones por las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión" y advierte de que los Servicios Sociales de las entidades locales se verán obligados a asumir desde el principio "un aluvión de solicitudes y la orientación e información a los posibles perceptores sobre esta prestación".

En segundo lugar, la organización cree que el cálculo de la capacidad económica para la concesión de la ayuda se va a realizar sobre los datos de renta de un año antes, e incluso dos en algunos casos. "Esto hace que la prestación no sirva para hacer frente a los efectos en el incremento de la pobreza como consecuencia de la pandemia y explica por qué el número de personas beneficiarios y la inversión es sensiblemente menor a todos los estudios publicados". En su opinión, la capacidad económica se debe calcular sobre los ingresos en el momento de la solicitud.

Asimismo, la asociación advierte de que, ante la subsidiariedad de las prestaciones de rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, no se plantea ninguna referencia para evitar que los gobiernos autonómicos no decidan dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.

Igualmente, tampoco se plantea la posibilidad de una "pasarela automática" para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas de las Comunidades Autónomas. "Esto implicaría la incorporación de más de 300.000 personas que ya son beneficiarias de estas prestaciones, sin necesidad de realizar procedimientos administrativos complejos que retrasarán sin duda la implementación del IMV", considera.

Criterios para configurar el nuevo Ingreso Mínimo

Ante este situación, la Asociación Estatal de Directoras y Gerente de Servicios Sociales propone unos criterios básicos para configurar el nuevo ingreso mínimo vital como prestación económica periódica garantizada, de derecho de ciudadanía española, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

En este sentido, reclaman una renta básica como prestación no contributiva con derecho a prestaciones económicas complementarias por hijos menores a cargo de la unidad de convivencia, y por sostenimiento del hogar, así como derechos reconocidos para toda la ciudadanía española en situación de necesidad, en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia.

Asimismo, piden la titularidad individualizada del derecho, como derecho derivado de la condición de ciudadanía, y no como prestación vinculada a la "condición laboral"; ni al "derecho de alimentos"; ni a la categorización de "beneficiario del titular del derecho de la unidad de convivencia", asegurándose especialmente la prevención de la discriminación de género históricamente practicada en el ámbito de prestaciones familiares.

La asociación ve además necesaria una financiación con impuestos generales del Estado, así como una gestión cargo de la Seguridad Social, en cooperación con el Ministerio de Hacienda, con un sistema informático integrado de sus respectivas bases de datos al objeto de reconocimiento de la renta mínima y sus respectivas prestaciones complementarias.

Otra de las propuestas pasa por articular dichos ingresos con otros ingresos y con medidas de acción positiva, tanto de programas estatales, como de las comunidades autónomas.

Por parte de las comunidades autónomas, reclaman el mantenimiento de la inversión realizada en sus respectivos sistemas de rentas mínimas. Para ello, deberán decidir si esa inversión se dedica a complementar las nuevas prestaciones por IMV hasta el nivel que cada una establezca o reforzar las acciones dirigidos a la inclusión.

La asociación considera que el ingreso mínimo se debe realizar con un adecuado diseño que facilite a medio plazo el tránsito hacia una Renta Básica de Ciudadanía, "que garantice y proteja la cobertura universal de ingresos económicos para el sostenimiento de un nivel de vida digno, en ejecución de una política redistributiva de plena equidad fiscal".

Distribución por CCAA de los hogares más pobres

La Asociación de Directores y Gerentes de de Servicios Sociales cifra en 850.000 el número de hogar más pobres en España, 217.538 (25,59%) se encuentran en Andalucía, seguido de la Comunidad de Madrid con 98.786 (11,6%), y la Comunidad Valenciana con 94.084 (11,07%), Cataluña con 88.809 (10,45) y Canarias con 48.720 (8,06%).

Navarra es, por contra, la comunidad con menos hogares en situación de pobreza con 4.371 (0,51%), seguidos de Baleares y Aragón con un 1,20% y 1,29% respectivamente y Asturias con 1,5%. Castilla-La Mancha cuenta con un 6,49% de los hogares más pobres; Galicia con un 5,05% ; Murcia con el 5,12%; Castilla y León con el 4,03%; Extremadura con el 3,04% y País Vasco con el 2,72%.

Ceuta y Melilla concentran, por su parte, el 0,42 y 0,25 por ciento respectivamente de los hogares con menos ingresos.

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