El Gobierno saca adelante el decreto de Justicia con la mayoría de la investidura: con ERC y PNV y sin Cs

El pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el real decreto de medidas organizativas y procesales diseñadas para evitar el colapso de la Justicia, un proyecto que ha recibido numerosas críticas en el hemiciclo y que el Gobierno ha conseguido sacar adelante con el apoyo del PNV y de ERC. El decreto, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan incluir enmiendas, como han reclamado los republicanos catalanes, ha recibido 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones. Además, el Gobierno ha vuelto a aprobar un nuevo paquete de medidas económicas dirigidas a reforzar la financiación de pymes y autónomos y de ámbito fiscal con el apoyo de Cs, de ERC, JxCAT y PNV, entre otras formaciones y con la abstención del PP.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado que las medidas han sido consensuadas con todos los consejeros del ramo, también con los del PP y Ciudadanos, y ha pedido sin éxito a esos partidos que estuvieran a la altura de sus correligionarios con responsabilidades de gestión.

Ambas formaciones han dicho "no", al igual que Vox, la CUP y JxCat, entre advertencias generalizadas de que ninguna medida será eficaz si no hay inversiones y se refuerzan los juzgados.

ERC, socio de JxCat en el Gobierno catalán y con Ester Capella al frente de la conselleria de Justicia, ha optado sin embargo por el sí. Cree que el decreto "se queda corto", pero confía en poder enmendarlo y que el mes de agosto, cuya habilitación ha suscitado críticas casi unánimes, quede reservado solo para vistas urgentes.

"Quizás alguien pueda pensar que el decreto no es lo mejor, pero su no convalidación es peor", ha dicho el portavoz del PNV, Mikel Legarda, para explicar su apoyo.

Además de habilitar del 11 al 31 de agosto y posibilitar turnos de tarde en los juzgados, la norma apuesta por las vistas telemáticas y agiliza los conflictos de familia y los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales.

Prioriza los asuntos que tengan que ver con la protección de menores; moratorias de hipotecas o contratos de alquiler; recursos contra la administración por la denegación de ayudas; o despidos.

El ministro de Justicia ha advertido del alud de casos que llegarán a los juzgados como consecuencia de la crisis económica tras la pandemia y ha estimado que los concursos de acreedores presentados aumentarán un 246 % este año y un 619 % en 2021.

"De los 7.000 concursos presentados en 2019, alcanzaríamos unos 50.0000 el próximo año", ha alertado en el pleno, donde ha llamado a la "responsabilidad colectiva" para sacar adelante el decreto.

Los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentarán este año un 31 %, llegando hasta un 140 % en 2021, más de un millón de nuevos asuntos; en el ámbito civil se espera un incremento de entre el 30 y el 145 % este año; y en lo contencioso, de entre el 35 y el 125 %.

"Si bien puede ser tentador jugar a las escaramuzas y tratar de hacerle perder una votación al gobierno, les pido que no lo hagan a costa del servicio público de justicia", ha dicho Campo, que ha denunciado la actitud de quienes buscan instrumentalizar el debate para "desgastar" al Ejecutivo y mejorar expectativas electorales,

Pero su discurso no ha hecho mella en el PP, que ha criticado "la catarata de normas" de las últimas semanas, que "generan un puzzle normativo jamás visto", y aunque ha admitido haber estado de acuerdo con el ministro "en líneas generales" en un principio, ha indicado que lo que finalmente presentó "fue más allá".

Para Vox, algunas medidas "rozan perfiles de inconstitucionalidad y de violación de derechos fundamentales", mientras que Ciudadanos, especialmente crítico con la habilitación de agosto por el perjuicio para los pequeños despachos de abogados, lo ve "puramente publicitario e ineficaz".

También JxCat cree que es un "brindis al sol", "puro marketing político que no soluciona nada".

En la abstención se han situado tanto el BNG como Compromís, formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, y Bildu, que opina que el fomento de las vistas telemáticas, "sin formación ni cultura digital, es una huida hacia delante". El Partido Regionalista de Cantabria ha apoyado el decreto.

Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago ha reconocido que puede haber cuestiones "mejorables", pero ha garantizado que se intentarán recoger todas las preocupaciones de la oposición, de los operadores jurídicos y de los sindicatos.

También sale adelante el decreto de medidas económicas

Por otro lado, el Gobierno ha vuelto a aprobar un nuevo paquete de medidas económicas dirigidas a reforzar la financiación de pymes y autónomos y de ámbito fiscal con el apoyo de Cs, de ERC, JxCAT y PNV, entre otras formaciones y con la abstención del PP.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido el apoyo unánime del Congreso a las últimas medidas económicas aprobadas por el Gobierno toda vez que los avales del Estado a través del ICO han financiado ya 318.000 operaciones y han movilizado 41.266 millones.

Durante el debate de convalidación del Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, que permite a las pymes ajustar los pagos fraccionados de sus impuestos a la situación de cierre y a los autónomos renunciar temporalmente al sistema de tributación por módulos, además de rebajas de IVA en material sanitario, Calviño ha señalado que es urgente seguir financiando al tejido productivo.

"No son medidas del Gobierno, sino financiadas por el conjunto de la sociedad...que protegen y dan soporte al tejido productivo y a los colectivos más vulnerables" ha señalado la ministra de Economía que ha dicho que "actuando unidos, con responsabilidad y transparencia conseguiremos evitar que la pandemia deje cicatrices" que serían permanentes en la economía.

El decreto ley, que ha sido apoyado por 201 votos a favor (PSOE, UP, CS, PNV, ERC, JxCAT, Más País, Compromis y PRC entre otros) ha recibido 52 votos en contra (VOX) y 96 abstenciones (PP, EH Bildu y BNG, entre otras) y será tramitado como proyecto de Ley para recibir enmiendas.

La mayoría de partidos políticos han incidido en que es poco ambicioso en materia de ayudas al alquiler para los autónomos, en la financiación a las empresas o en la flexibilidad de los ERTE.

Además el PP ha dejado claro que su abstención es un "desacuerdo" a la política del Gobierno y no un obstáculo para aprobar estas medidas ya que con la abstención también se garantiza que "no hay votos suficientes para tumbar la propuesta".

Calviño ha valorado durante su discurso que este decreto ómnibus garantice que la línea de avales del ICO por importe de hasta 100.000 millones de euros pueda liberarse hasta el 31 de diciembre de 2020, tres meses más de lo inicialmente planteado. "Es importante poner en valor esta línea de avales, considerada de mayor éxito de toda la Unión Europea y que constantemente mejoramos para llegar a todos los que necesitamos mantener activos para tener una buena base de recuperación económica", ha dicho.

Al respecto ha detallado que hasta el domingo el ICO había registrado ya más de 318.000 operaciones, el 98 % de ellas correspondiente a pymes y autónomos, por un montante total de casi 31.400 millones de euros y que han permitido movilizar 41.266 millones de euros de financiación.

Calviño ha destacado que el Ejecutivo sigue evaluando la situación del proceso de desconfinamiento y el reinicio de la actividad analizando propuestas de otros colectivos, agentes sociales o partidos políticos.

 

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