El Gobierno cierra el país tras avisar del riesgo de saturación en las UCI pero niega una ‘alarma añadida’

El Gobierno ha aprobado el endurecimiento de las medidas de confinamiento para frenar la expansión del coronavirus. El cierre de la actividad económica no esencial desde este lunes hasta el 9 de abril fue anunciado el sábado por el presidente, Pedro Sánchez, y se ha concretado este domingo en un Consejo de Ministros extraordinario. El Ejecutivo ha puesto especial énfasis en la necesidad de reducir la movilidad, especialmente por la proximidad de la Semana Santa que puede animar a muchos ciudadanos a saltarse las restricciones que ya están en vigor por el decreto del estado de alarma. Aunque Moncloa ha negado que se haya producido una "situación de alarma añadida" que justifique el endurecimiento de las restricciones, Sanidad ha admitido que hay UCI en riesgo de saturación en seis comunidades.

El coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado de que en las últimas 24 horas los ingresados en las UCI han subido hasta los 4.907 pacientes, 332 más que el sábado, lo que supone un incremento del 7,5%. Aunque Simón ha destacado que la curva de crecimiento se ha ido aplanando en los últimos días, también ha insistido en lo que ha sido desde el principio una de las principales obsesiones de los responsables de la lucha contra la pandemia: la acumulación de pacientes en las UCI, lo que reduciría las plazas para nuevos contagiados y dispararía la mortalidad.

En otra rueda de prensa telemática tras el Consejo de Ministros extraordinario, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que la restricción de más actividades es “necesaria” para “combatir entre todos el virus”. En su comparecencia del sábado, Pedro Sánchez tildó de “absolutamente excepcional” y de “extraordinaria dureza” la medida para frenar el contagio en España, que vive “las horas más amargas”. Y los últimos datos avalan esta afirmación: 838 muertos en apenas 24 horas, lo que eleva la cifra total a 6.528, y 78.797 contagiados en toda España.

Entre los trabajadores que continuarán trabajando se encuentra todo el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, los trabajadores de Correos, telecomunicaciones y servicios privados de seguridad, así como los empleados de los sectores de distribución de alimentos, química, productos farmacéuticos y producción de material sanitario, entre otros. Para los que han de cesar su actividad por el cierre decretado por el Gobierno, se ha previsto un permiso retribuido recuperable, lo que significa que continuarán recibiendo su salario con normalidad de parte de las empresas y, una vez termine la situación de emergencia, recuperarán las horas de trabajo no prestadas hasta el 31 de diciembre de manera paulatina y espaciada en el tiempo, pactando ampliar su horario con los empresarios para recuperar los ocho días laborables de inactividad, que es el periodo al que se reduce la clausura teniendo en cuenta que el jueves 9 es festivo por la Semana Santa.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha comparecido en la rueda de prensa con Montero, ha avisado de que este tipo de permiso “no se va a aplicar a trabajadores que trabajen a distancia o por teletrabajo, los que están sujetos a ERTE o a los que están inmersos en un procedimiento de incapacidad temporal o de bajas de paternidad o maternidad”. De lo que se trata, ha dicho, es de que todas las partes cedan: los empresarios se comprometen a pagar el 100% de las retribuciones y los trabajadores a devolver las horas no trabajadas hasta el próximo 31 de diciembre.

Eso sí, la devolución de las horas debe cumplir con el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, respetar los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y los derechos de conciliación familiar. “Van a ser los trabajadores en la negociación con la empresa los que determinen la forma de devolución de estas horas. (…) Es un permiso muy flexible”, ha dicho Díaz, quien también ha explicado que “no son unas vacaciones obligatorias” desde el momento que se establece esa devolución de las horas no trabajadas. Por otra parte, “las empresas pueden seguir presentando ERTEs” y “si hay un ERTE que consiste en reducción de jornada, en este caso se complementa con esta medida”.

“Si estos 15 días nos quedamos en casa, sin ninguna duda lograremos cumplir los objetivos que nos marca la comunidad científica” ha dicho también Díaz quien, como Montero, ha hecho hincapié en que la intención es convertir la actividad de los días laborales en la misma del anterior fin de semana, cuando ya estábamos en plena crisis y bajo el estado de alarma. “El Gobierno prioriza el interés general por encima de los intereses particulares y no va a aceptar presiones de ningún tipo que pretendan alterar el confinamiento”, ha asegurado la titular de Trabajo que a una pregunta sobre qué tipo de presiones se han producido ha evitado dar más precisiones.

De todas formas, está bastante claro en quién estaba pensando después de que la patronal CEOE haya reaccionado al anuncio del sábado afirmando en un comunicado que la hibernación de la economía va a generar un “enorme impacto sin precedentes” y pidiendo que se acompañe de otras medidas que eviten “una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva. En el comunicado, que también firma Cepyme, se avisa de que el parón “puede llevar a una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social”.

En lo que a movilidad se refiere, el Gobierno se ha marcado como objetivo reducir los desplazamientos en vehículo privados un 85 por ciento durante todos los días de la semana para impedir la expansión del coronovirus. Así lo ha indicado la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, en la rueda de prensa que ha tenido lugar antes de la del Consejo de Ministros para dar los últimos datos sobre la evolución de la pandemia. En esa comparecencia, Rallo ha señalado la próxima publicación de una orden ministerial para que los transportes públicos urbanos y periurbanos adapten sus horarios a los días festivos.

La secretaria general, que se ha mostrado convencida de que la crisis terminará “pronto”, ha destacado que si bien se ha logrado bajar a porcentajes aceptables los desplazamientos en medios públicos, el comportamiento no ha sido similar a nivel privado, concretamente de lunes a viernes. En las dos primeras semanas de estado de alarma, la reducción del tráfico en los principales ejes del país y en los accesos a las grandes ciudades se ha situado entre un 65 y un 75% los días laborables, mientras que los fines de semana ha sido del 85%. Rallo ha destacado que “los modelos matemáticos muestran los grandes beneficios que tendría el bajar ese nivel de movilidad durante quince días a ese 85% que ya se da, de hecho, los fines de semana”.

El caso es que la paralización de las actividades no esenciales supone un cambio radical de la postura que había venido defendiendo el Gobierno en contra del criterio de comunidades como Cataluña o Murcia que sí habían apostado por el cierre a cal y canto para controla la expansión del virus.

Interpelada al respecto, la ministra portavoz ha señalado que “el Gobierno siempre ha transmitido que estábamos a disposición del comité técnico-científico y sus recomendaciones. En el momento en que este grupo pusiera alguna medida que pudiera ser útil para frenar los contagios, la pondríamos encima de la mesa. Ayer (por el sábado) se llegó a la conclusión de dar a luz este decreto ley que ningún país de nuestro entorno ha adoptado”. No obstante, y a pesar del crecimiento de las cifras de fallecimiento y contagios, ha asegurado que “no ha habido ninguna situación de alarma añadida (para endurecer las medidas), pero los expertos aconsejaban aprovechar este período próximo de Semana Santa para acercarnos a los niveles de movilidad de un fin de semana en una semana en la que se prevé un mayor uso de los recursos sanitarios”.

Sobre la división de las comunidades autónomas, ha considerado que “no se trata de un cierre de actividad, se trata de bajar la movilidad de trabajadores no esenciales para arañar esas décimas de movilidad que queremos conseguir en las próximas semanas”. En respuesta al lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha criticado la “imposición” de cese de todas las actividades no esenciales y ha advertido de que Euskadi lo “adaptará con responsabilidad”,tras la videoconferencia de los presidentes autonómicos con Sánchez, ha precisado que “no tiene sentido hacer diferencias de medidas entre comunidades. No tendría ningún interés que una parte del territorio tomara medidas concretas y otra no porque el virus se expande. Dentro de nuestras fronteras todos y cada uno tenemos que hacer la misma tarea”.

De hecho, ha apuntado que incluso la UE debería de actuar “de manera única”, aunque cada Estado es soberano y no se puede hacer un “ordeno y mando” a nivel europeo en este sentido. Pero dentro de las fronteras españolas hay que “actuar todos de la misma manera o el esfuerzo de algunos no daría resultado”. “No es el momento de la división y de resaltar las diferencias, sino de mandar un mensaje único a los ciudadanos”, ha insistido Montero, quien ha considerado que “ya habrá tiempo al reproche o cuestiones de matiz que se quieran plantear”. También ha apuntado que el tono en las reuniones que el Gobierno tiene con los representantes autonómicos es “mucho más constructiva” de lo que después se ve en los medios de comunicación, que parece que se utilizan como “altavoz” de las discrepancias cuando en los distintos encuentros se trabaja más en las coincidencias.

En cuanto al retraso en la adquisición del material sanitario, Montero ha explicado que “el Gobierno no solamente está haciendo todo lo posible para hacernos en el exterior con el material sanitario, sino incluso se está reorientando la industria nacional, como la industria textil, del automóvil, la aeronáutica… Llevamos varias semanas trabajando con la industria nacional para reorientar su producción de manera transitoria para disponer de material escaso en todo el mundo. Espero que en los próximos días podamos asistir a producción nacional de mascarillas y respiradores para no depender de países externos”. Montero ha precisado que, por ejemplo, la industria textil está produciendo batas y mascarillas, la del alcohol y la química se centra en elaborar geles para las manos, y la del automóvil y aeronáutica se vuelca en la fabricación de componentes de respiradores de ventilación mecánica o asistida.

La ministra ha incidido que el problema de encontrar material sanitario no reside en la capacidad de gestión del Goiberno o de las comunidades autónoma, sino en el hecho de que hay escasez de ese material en todo el mundo porque los países se quedan con la producción nacional.

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