Al menos 1.065 muertes en residencias de mayores de Madrid desde el inicio de la crisis por el coronavirus

Un total de 1.065 ancianos han fallecido en residencias de mayores la Comunidad de Madrid este mes de marzo, aunque estas muertes "no se pueden atribuir exclusivamente al coronavirus debido a la falta de test para su detección", según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Los datos son fruto del trabajo realizado por los inspectores del Centro de Control de Calidad e Inspección (CIRA) en las 475 residencias de la Comunidad de Madrid, en las que residen un total de 52.031 personas mayores.

De las 1.065 personas mayores fallecidas, 760 murieron en residencias y 305 una vez trasladados al hospital.

Además, 655 ancianos han dado positivo por coronavirus en lo que llevamos de marzo, 388 están hospitalizados y 14.894 en aislamiento, de los cuales 4.156 presentan algún síntoma y 10.738 son actualmente asintomáticos.

Fuentes de la Consejería agregan que el pasado mes de marzo fallecieron 460 personas en residencias de gestión indirecta y concertadas de la Comunidad de Madrid, que suman alrededor de 200, por lo que «por extrapolación» la cifra total de fallecidos en todos los tipos de centros sería de 900 personas.

El virus ha golpeado a decenas de las 475 residencias de la Comunidad de Madrid, causando grandes estragos. La tasa de mortalidad en personas mayores de 80 años es del 14,9%, según datos oficiales con el análisis de 20.648 casos.

A falta de datos oficiales, en los últimos días se han ido conociendo dramáticas noticias sobre los devastadores efectos del COVID-19 en las residencias de mayores. Hay varios centro de Madrid donde la cifra de fallecidos supera la veintena como son los casos de Monte Hermoso, o San Celedonio.

La Comunidad podrá intervenir residencias

Ante esta dramática situación, la Comunidad de Madrid ha elaborado una orden de actuación en los centros residenciales de la región, adaptando así la orden ministerial que autoriza a la Consejería de Políticas Sociales a intervenir de manera inmediata aquellas residencias que se encuentren en situación crítica.

En la práctica, esto significa que desde la Consejería se podrá designar a un funcionario para dirigir y hacerse cargo de aquellos centros donde la situación haga inviable la prestación de este recurso, independientemente de que el centro sea público o privado, han informado a Europa Press fuentes regionales.

Por otro lado, la orden permite la contratación de personal extraordinario para trabajar en los centros (estudiantes, jubilados…). Todos esos efectivos podrán dar servicio en las residencias de mayores en las que se requiera. Asimismo, permite poner en marcha nuevos geriátricos o modificar las ya existentes.

Además, la Consejería de Políticas Sociales seguirá comunicando a diario las incidencias que se detecten en los centros (falta de medios, problemas para traslado de cadáveres, etc) a la Consejería de Sanidad, a Delegación de Gobierno, y al Ministerio de Derechos Sociales.

Desde el inicio de la crisis, la Consejería ha señalado que su «prioridad» ha sido la protección de las personas mayores, un colectivo especialmente vulnerable al COVID-19. Por ello y siempre en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, ya el 6 de marzo se dio orden de cierre de los centros de mayores de la región. Asimismo, ese mismo día se envió un protocolo de actuación a cada centro.

Dicho protocolo incluía medidas como el aislamiento de los positivos, la habilitación de espacios comunes para estas personas, la dotación a cada uno de estos usuarios de una mascarilla quirúrgica y las instrucciones personalizadas acerca de las medidas de prevención de la transmisión, teniendo en cuenta el nivel cognitivo y capacidad de colaboración de cada persona.

Asimismo, limpieza y desinfección del mobiliario y objetos, limitación de traslados y desplazamientos de los usuarios entre las propias zonas y dependencias del propio centro.

El 8 de marzo, en colaboración con la Dirección de Salud Pública, la Consejería remitió una instrucción a todas las residencias de mayores de la región, públicas y privadas, para limitar las visitas familiares con el objeto de disminuir el riesgo de infección por coronavirus.

«Reiteradamente durante estas semanas hemos estado exponiendo la necesidad de EPIs frente al coronavirus, tanto para el personal que trabaja con las personas mayores como para las personas infectadas. Los equipos con los que se contaba, suficientes para la atención a los residentes en condiciones de normalidad, es absolutamente insuficiente para la pandemia», señala el departamento que dirige Alberto Reyero.

El 10 de marzo la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) adquirió EPIs por valor inicial de 1,05 millones de euros para dotar a todos sus centros de más medidas de protección. A 20 de marzo, tras la declaración del estado de alarma, había una necesidad importante de equipos de protección ya que el stock del que disponía previamente la AMAS para la manipulación de medicamentos peligrosos (guantes, mascarillas FFP3, batas) menguó drásticamente al consumirse miles de unidades cada día.

Por otra parte, el día 18 la Consejería intensificó las medidas de control en todas las residencias de mayores con un control diario de la situación de cada centro, que está realizando el cuerpo de inspectores del Centro de Control de Calidad e Inspección (CIRA).

Desde esa fecha diariamente han hecho un seguimiento de las 475 residencias existentes en la región, tanto las de gestión privada como las de gestión indirecta y de titularidad pública.

Asimismo, Políticas Sociales ha pedido desde el inicio de la crisis sanitaria a las residencias que mantenga contacto diario con los familiares, informándoles de la situación de cada persona mayor residente en los centros. Esta comunicación la debe realizar una persona designada por el centro cuando no pueda la persona mayor residente a través de medios telefónicos y telemáticos.

Por otro lado, Reyero solicitó la activación del apoyo logístico del Ejército para atender los recursos residenciales y poder hacer frente al Covid-19 debido a las consecuencias devastadoras del virus sobre las personas mayores y personas con discapacidad que residen en los centros.

Desde el 19 de marzo hasta hoy los efectivos de la UME han intervenido en cerca de 80 centros residenciales de la región, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad, han indicado las mismas fuentes.