El Congreso avalará prorrogar el estado de alarma pero sin unanimidad y con reproches

Alrededor de 45 diputados, lo que supone el 12,5% de la Cámara, tiene intención de asistir este miércoles al Pleno del Congreso en el que se debatirán y votarán cinco decretos leyes y se aprobará prorrogar otros quince días el estado de alarma decretado por el Gobierno para afrontar la crisis del coronavirus. En concreto, en el orden del día figuran dos decretos leyes previos a la crisis del coronavirus, los relativos a las ayudas al campo y a la derogación del despido por bajas acumuladas; los tres decretos de medidas para paliar los efectos del Covid-19; y la ampliación por 15 días del estado de alarma.

La prórroga del estado de alarma contará con el voto a favor de los socialistas, Unidas Podemos el PP, Vox, Cs, el PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Compromís, entre otros. Se espera el “sí” del PRC, Teruel Existe e incluso de UPN y de Foro. EH Bildu comunicará su voto este mismo miércoles. Se distancian del apoyo al Gobierno los independentistas catalanes de ERC y JxCat, que son partidarios de un confinamiento más severo, en concreto el cerrojazo total que defiende el presidente de la Generalitat Quim Torra. También algunos presidentes autonómicos del PP han defendido un parón más contundente de la producción. Además, los populares se han mostrado críticos con determinados aspectos de la gestión del Ejecutivo, en especial la capacidad de distribución de material sanitario como mascarillas o respiradores.

Especialmente duras han sido las declaraciones que ha hecho este mismo miércoles la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha acusado al Gobierno de anteponer la ideología a la razón en la gestión de la crisis. En una entrevista en la Cadena SER, Álvarez de Toledo ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya respondido con una “mínima eficacia” al “poder ilimitado” que se le ha dado con la declaración del estado de alarma, cuya prórroga debate este miércoles el Congreso.

Por contra, ha destacado la gestión frente al coronavirus de la Comunidad de Madrid donde, según ha asegurado contradiciendo todos los datos de que se dispone desde hace una década, las inversiones en sanidad han aumentado año tras año desde 2010, y ha criticado que el Gobierno quiera traspasar ahora a las comunidades la responsabilidad de la falta de recursos. Ha confirmado que el PP apoyará la prórroga del estado de alarma, pero ha insistido en la necesidad de crear una comisión de seguimiento de la crisis en el Congreso para que los partidos, además de controlar la gestión del Gobierno, puedan proponer medidas

El pleno será histórico porque por primera vez en la Cámara el voto telemático será generalizado. A través de la intranet, los diputados podrán votar telemáticamente hasta las 15.00 horas de este miércoles, justo cuando empieza el pleno. La prórroga del estado de alarma generará una votación diferenciada, la de las propuestas que presenten los grupos en cumplimiento del artículo 162 del reglamento del Congreso. Antes, los diputados se pronunciarán sobre la convalidación o derogación de los cinco decretos leyes: el que deroga el despido por sucesión de bajas médicas; el que moviliza ayudas a la agricultura; y los tres con diferentes medidas que palíen el fuerte impacto económico y social que está generando la pandemia del coronavirus en España.

Será la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, la que explique a la Cámara el primer plan de choque contra el Covid 19 en tres decretos aprobados en apenas una semana, y que se debatirán de forma acumulada en un solo debate. Previsiblemente, el Gobierno contará con el respaldo de la Cámara, pues además de los votos de PSOE y Unidas Podemos, formaciones que sostienen el Gobierno, PP y Ciudadanos ya han avanzado su voto favorable a las tres normas.

Para afrontar las consecuencias de la expansión del coronavirus, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 10 de marzo un primer decreto ley para considerar como baja laboral las personas en aislamiento preventivo y contagiadas, y en el mismo se prorrogó cuatro años la moratoria antidesahucios por hipoteca aprobada por Mariano Rajoy, además de otras medidas relacionadas con la Sareb y la conversión a bancos de entidades financieras. Dos días después, el Ejecutivo celebró un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un segundo decreto ley, con medidas dirigidas a reforzar el sector sanitario y apoyo a las empresas para movilizar 18.225 millones de euros durante este año. Ese decreto incluyó la flexibilización del aplazamiento de pago de impuestos a autónomos y pymes, una línea de financiación específica a través del ICO en el sector turístico y la amplicación de las bonificaciones a la Seguridad Social en este sector ya vigentes por la quiebra de Thomas Cook.

Por último, y tras decretar tres días antes el Estado de alarma en el país, el 17 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un tercer decreto ley con la intención de movilizar hasta 200.000 millones de euros, entre avales públicos y privados a empresas y autónomos, financiación directa y medidas de protección social, para afrontar la crisis. Entre otras medidas, con este decreto el Gobierno decidió flexibilizar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) en las empresas, se habilitó el cobro de una prestación de un mínimo de 661 euros a los autónomos obligados a cerrar su negocio o que hayan visto caer un 75% su facturación, y se aprobó una morotaria en los pagos de hipotecas, además de prohibir el corte de suministros básicos, como agua, luz, gas y los servicios de telecomunicaciones, a los colectivos vulnerables.

Sin embargo, todas estas medidas han sido calificadas como insuficientes por la oposición, y en el propio Gobierno se discute la conveniencia de ampliarlas con nuevas medidas para complementar la protección social ante los efectos de la pandemia. Es el caso de la moratoria del alquiler, defendida por los ministros de Unidas Podemos y algunos socialistas que esta misma semana el titular de Transportes, José Luis Ábalos, ha reconocido que se encuentra en estudio, con varias propuestas encima de la mesa para proteger a las personas y empresas que tienen que pagar un alquiler.

Encima de la mesa también está la posibilidad de implantar una renta básica o ingreso mínimo vital, una idea respaldada hasta por el exministro de Mariano Rajoy y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, y planteado por varios grupos durante el debate la semana pasada en el Congreso en el que Pedro Sánchez informó a la Cámara de la aplicación del Estado de alarma. Otras de las demandas planteadas por la oposición no incluidas en los decretos pasan por eximir del pago de la cuota a todo autónomo, sin excepción, el aplazamiento generalizado de impuestos, una mayor inyección directa de recursos en la economía, una rebaja de impuestos a las empresas en el Impuesto de Sociedaes, o la suspensión de impuestos como el IVA o el Impuesto de la electricidad.

RELACIONADO