Defensa continúa sin remitir a la Fiscalía el informe sobre ancianos fallecidos en residencias

Un día más el Gobierno sigue sin informar de la cifra de ancianos infectados o fallecidos por coronavirus en residencias, mientras los casos en estos centros no dejan de crecer. El último brote conocido se ha producido en la residencia de ancianos Santísima Virgen y San Celedonio, en el distrito de Chamartín en Madrid, donde 25 ancianos, entre ellos una monja, han fallecido y más de una treintena de sus profesionales permanecen en cuarentena por el coronavirus fuera de las instalaciones. Mientras, el fiscal encargado de investigar el hallazgo por parte del Ejército de cadáveres en residencias de ancianos aún está a la espera de recibir el informe que elabore el Ministerio de Defensa, en el marco de las diligencias que se han abierto para determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal.

Según han informado  fuentes jurídicas, el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz, encargado de centralizar las diligencias y dirigir las investigaciones, aún no había recibido el martes ninguna comunicación por parte del departamento que dirige Margarita Robles, necesaria para concretar la competencia para conocer cada uno de los hechos.

Estas diligencias fiscales se abrieron después de que Robles asegurase el lunes en una entrevista que los miembros de las Fuerzas Armadas, en sus tareas encomendadas para frenar la pandemia del coronavirus, “han podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas”.

Las de la Fiscalía General del Estado no son las únicas diligencias abiertas para investigar las circunstancias que rodean la muerte de ancianos en residencias. Según las fuentes consultadas, el fiscal de Sala de lo Civil remitió el 19 de marzo a los fiscales superiores de las comunidades autónomas un oficio en el que pedía que remitieran información sobre la situación de las personas que viven en residencias y número de fallecidos, entre otros datos.

Los fiscales superiores hicieron lo propio con los fiscales provinciales. Y fue en este marco, con la información suministrada, como el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, dio orden de investigar la muerte de ancianos en residencias de Capellades y Olesa de Montserrat (Barcelona).Se trata de aclarar cómo ha sido la gestión de estos dos centros, focos de infección de coronavirus, con doce fallecidos en el caso de Capellades y nueve en el de Olesa, así como las circunstancias de las muertes.

Por su lado, la Fiscalía de Madrid investiga desde el pasado 18 de marzo la muerte de ancianos en la residencia de mayores Monte Hermoso, en la capital, a instancias de una denuncia de la asociación ‘El Defensor del Paciente’. La administración ha constatado 17 muertes en esta residencia, aunque hay allegados que elevan a 19 los fallecidos.

En Castilla-La Mancha, las fiscalías de algunas provincias están recabando información, aunque hasta el momento no se han abierto diligencias penales. En la región, el coronavirus se ha cobrado la vida de más de una treintena de usuarios de residencias, como es el caso de la Núñez de Balboa de Albacete, donde han fallecido 17 ancianos, o la Elder de Tomelloso, en la que murieron 14 personas.

En el País Vasco, fiscales de los tres territorios vigilan la situación de las residencias de mayores y, hasta este miércoles, no han detectado situaciones de desprotección o desatención que requirieran la apertura de diligencias procesales o denuncia. No obstante, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha dicho a EFE que “si se encontraran, activaremos” ese tipo de actuaciones.

También en Asturias, la Fiscalía Superior del Principado ha comenzado a recabar información sobre la situación de las residencias, tanto públicas como privadas, para identificar posibles contagios o fallecidos por coronavirus, así como situaciones de riesgo para residentes y trabajadores. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, el número de afectados en las residencias públicas es de 80 residentes -seis de ellos fallecidos- y 33 trabajadores afectados.

Estas son las investigaciones que hay abiertas de momento sobre muertes de ancianos en residencias desde que estalló la pandemia de coronavirus, sin perjuicio de que se puedan ir incoando más diligencias en adelante, han subrayado las fuentes consultadas.

El coronavirus sigue golpeando a las residencias

Un día más, el coronavirus sigue golpeando a las residencias de mayores, en las que cada día va aumentando el número de fallecidos y contagiados, lo que ha llevado a las comunidades más afectadas a poner el foco en estos centros.

En Madrid, este miércoles se ha conocido uno de los sucesos más graves, la muerte, en los últimos días, de un total de 25 personas, entre ellas una monja, en la residencia Santísima Virgen y San Celedonio del distrito de Chamartín de la capital. En esta comunidad, al menos cincuenta ancianos de diferentes residencias y centros han muerto con coronavirus desde el 3 de marzo, según datos recabados por Efe, cuando se registró la primera anciana fallecida, una mujer de 99 años que fue la primera víctima mortal con esta enfermedad en la región y la tercera en España.

La incidencia del coronavirus en las residencias de Castilla y León sigue creciendo y en las últimas 24 horas han fallecido 24 usuarios que tenían síntomas de estar infectados, lo que deja la cifra total en 85 fallecidos, siendo las provincias más afectadas Segovia (23) y Burgos (20). Según la información facilitada por la Junta, no todos los fallecidos tienen el COVID-19 confirmado, pero en el momento del fallecimiento mostraban síntomas compatibles con esta enfermedad. Con los datos facilitados este miércoles, el número de usuarios de residencias confirmados e ingresados suma ya 367, 32 más en 24 horas, mientras que el de aislados asciende a 1.987.

En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Sanidad está llevando a cabo una investigación para conocer la razón de la “virulencia” del brote de coronavirus que afecta a la residencia de ancianos de Alcoy (Alicante), donde ya se han registrado 26 fallecimientos. Según ha informado la consellera Ana Barceló, se están procesando las muestras a los residentes y el personal con síntomas para determinar cuál es el origen. Hasta el momento, se han detectado casos positivos en 45 residencias de ancianos de la comunidad, en las que se han producido un total de 41 fallecimientos.

Este miércoles, la Generalitat de Cataluña ha dado un paso más al decidir la intervención de la residencia asistida de ancianos Ballús de Valls (Tarragona), que hasta ahora gestionaba una entidad privada, “por su situación crítica”, ya que un 70 % de los profesionales y 8 de los 59 internos están contagiados.

Más de 500 residencias desinfectadas

La situación crítica en los centros de mayores ha llevado también a la intervención del Ejército, que, desde que se decretó el estado de alarma, ha desinfectado alrededor de 500 residencias de mayores y que este miércoles tiene previsto intervenir en 99 de ellas, según datos facilitados por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Villarroya. En la rueda de prensa posterior a la reunión diaria del comité técnico del coronavirus, el general ha informado de que unos 2.900 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están este miércoles trabajando en 135 localidades en el marco de la operación Balmis de lucha contra el coronavirus y, desde que se inició, han estado ya en todas las comunidades autónomas.

Una de sus misiones principales es la desinfección de infraestructuras y edificios críticos como las residencias de mayores. Este miércoles lo hicieron en 99 de ellas y el martes fueron a un total de 113, con lo que ya han desinfectado alrededor de 500, ha dicho.

Villarroya ha informado de que los militares intervienen este miércoles en las estaciones de San Sebastián, Vitoria, Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga, en los aeropuertos de Bilbao y Sevilla y en los puertos de Valencia y Castellón. También desinfectaron el centro de control aéreo de Barcelona y apoyarán en el montaje de un hospital de campaña en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, apoyarán en la UCI instalada en el habilitado en el recinto ferial de Ifema de Madrid y reforzarán con personal sanitario al Hospital de Segovia.

Los militares siguen asimismo presentes en la Fira de Barcelona montando un centro de acogida a personas sin hogar que este miércoles empezará a funcionar, ha explicado el general.

Preocupación ante la situación en las residencias

En vista de la situación, el Ministerio de Sanidad publicó el martes una orden que permite a las comunidades autónomas intervenir los centros residenciales de mayores en función de su situación epidémica y asistencial. Las residencias, establece la norma, deben comunicar de inmediato a las consejerías de Sanidad de sus comunidades y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno si no pueden gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por la acumulación o ausencia de servicios funerarios disponibles.

HelpAge International España, la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, el CERMI y la Fundación Grandes Amigos han enviado una carta al Defensor del Pueblo en funciones, Fernando Fernández Marugán, y a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, para trasladar su preocupación por la “situación de discriminación y abandono que están sufriendo muchas personas mayores” por la crisis del coronavirus.

Según ha informado este miércoles HelpAge International España, las organizaciones firmantes quieren manifestar su preocupación por “los mensajes que se están difundiendo de forma poco precisa y, seguramente, incierta, sobre la arbitrariedad a la hora de seleccionar a las personas en función de su edad en los centros sanitarios”. “Estos mensajes están causando miedo y desprotección de los derechos humanos de las personas mayores”, ha subrayado.

Las organizaciones consideran “discriminatorio e inhumano” que se tengan en cuenta criterios de edad para priorizar la atención sanitaria de los pacientes, en lugar de considerar criterios clínicos y otras circunstancias vitales de las personas, con independencia de la edad.

Por otro lado, las organizaciones alertan de que esta crisis sanitaria ha mostrado “la situación de precariedad “en la que se encuentran algunas residencias de mayores y “la escasez de recursos de protección con los que cuentan los servicios de atención a las personas mayores, lo que puede causar que no se cumplan los protocolos de actuación y atención en algunas residencias y en los servicios de ayuda a domicilio”.

En este contexto, reclaman que “se aclare qué está ocurriendo en algunas residencias y se realice un informe con el resultado de las investigaciones y actuaciones oportunas para que, a pesar de esta crisis, se lleven a cabo prácticas sociales e institucionales que no abandonen la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas mayores”.

Las residencias piden no criminalizar su labor

Por su parte, las patronales de residencias de mayores han pedido que no se criminalice su labor tras las palabras “inoportunas” de Margarita Robles sobre el hallazgo de fallecidos por parte del Ejército en estos centros, lo que dio lugar a que la Fiscalía abriera una investigación. La ministra no especificó de cuántos fallecidos se trataba ni en qué residencias se encontraban, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Villarroya, se limitó el martes a confirmar los hallazgos sin aportar ningún dato, preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de la crisis del coronavirus.

El secretario general de a Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (Aeste), Jesús Cubero, ha subrayado a EFE que condena cualquier acción delictiva en el sector de haberse producido y ha rechazado las palabras “inoportunas” de Robles, que en su opinión buscan “afán de protagonismo” en los medios y “criminalizan” a miles de trabajadores.

Cubero ha acusado a la ministra de “tirar la piedra y esconder la mano” y ha señalado que en ocasiones se ha tardado 24 horas en retirar un cuerpo por saturación de los servicios funerarios, en cuyo caso, como ocurrió en un centro del distrito madrileño de Usera, se aisló el cadáver en una habitación siguiendo el protocolo para evitar contagios.

A sus críticas se ha unido la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha pedido que no se criminalice a los profesionales de las residencias, que se están “dejando la piel” y trabajan sin medios ni sistemas de protección adecuados.

Y el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), cuya presidenta, Cinta Pascual, ha recordado que las residencias llevan semanas comunicando sus carencias. La mayoría, ha apuntado, están funcionando con normalidad, pero hay unas 400 que tienen casos activos del virus. “Somos un aliado esencial para ganar la batalla y exigimos el rigor y el respeto a estas residencias”, ha dicho para pedir que se las ayude con test a los profesionales y medidas de protección.